Dos años de la sentencia del Machángara: ¿qué ha hecho el Municipio de Quito para recuperar el río?

Dos años después de que la justicia reconociera al río Machángara como sujeto de derechos y ordenara 27 medidas de reparación integral, las organizaciones sociales que impulsaron el proceso cuestionan cuánto ha cambiado realmente la situación del afluente. 

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Su balance señala avances técnicos y de planificación, pero advierte que la recuperación todavía está lejos de reflejarse en las condiciones del río.

El pronunciamiento fue presentado este 17 de octubre de 2026 por las organizaciones que integran Guardianas del Río Machángara, que hicieron un balance de las acciones emprendidas tras la sentencia y de los compromisos que todavía debe cumplir el Municipio de Quito.

María Elena Rodríguez, del Cabildo Cívico de Quito, recordó que en mayo de 2024 presentaron una acción de protección en representación del río, con base en los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución. 

En agosto de ese año, la justicia emitió una sentencia que reconoció al Machángara como sujeto de derechos, determinó la responsabilidad del Municipio por su contaminación y dispuso 27 medidas de reparación integral.

Lo que durante años fue una demanda de colectivos y ciudadanos se convirtió así en una obligación judicial para el Municipio.

Sin embargo, Rodríguez considera que los cambios concretos son escasos. “A dos años de la sentencia, ¿cuánto se ha traducido en cambios reales para el Machángara? Muy poco”, sostuvo.

Estudios y planes, entre los principales avances

Blanca Ríos, de Mujeres por el Agua, reconoce que el proceso ha avanzado, aunque lentamente. Explicó que cerca de un año se perdió debido a la apelación que presentó el Municipio contra la sentencia, lo que incidió en el desarrollo de las medidas de reparación.

Entre los avances, las organizaciones identifican la elaboración de un estudio sobre las fuentes contaminantes del río y la identificación de sitios prioritarios para intervenir, documentos que fueron entregados por el Cabildo.

Colectivos ciudadanos y organizaciones sociales participaron en la presentación del estudio y formularon observaciones que esperan sean consideradas en las siguientes etapas.

Otro de los compromisos es el plan especial complementario para el Machángara. Según Ríos, el Municipio ya desarrolló el diagnóstico y trabaja actualmente en la fase de propuestas. A las organizaciones les han indicado que el documento estará listo próximamente.

No obstante, estos instrumentos corresponden a etapas de diagnóstico y planificación. Para los colectivos, el reto está en traducirlos en intervenciones concretas, con responsables, plazos y recursos definidos.

Academia y organizaciones también impulsan propuestas

Mientras se desarrollan los instrumentos municipales, organizaciones sociales y representantes de la academia han promovido iniciativas para aportar a la restauración de la cuenca.

Una de ellas es un proyecto de planificación espacial para identificar y priorizar áreas que requieren acciones de conservación y recuperación. El trabajo se desarrolla mediante un proceso participativo que involucra a representantes del Municipio, la academia y la sociedad civil.

También se impulsan actividades de educación y sensibilización ambiental, así como herramientas audiovisuales para que la ciudadanía conozca el contenido de la sentencia y las obligaciones derivadas de ella.

Estas iniciativas evidencian que existen investigaciones, capacidades técnicas y espacios de colaboración que podrían contribuir a la recuperación del río, señaló Ríos. Las organizaciones, sin embargo, insisten en que estos aportes deben incorporarse de manera efectiva en las decisiones y acciones institucionales.

El problema de fondo: las aguas residuales

Para Maribel Pasquel, de Rescate del Río San Pedro, no habrá una recuperación real del Machángara mientras no se enfrente de manera decidida la contaminación de sus aguas.

La representante cuestiona el bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales de Quito. Recordó que la ciudad trata apenas el 3 % de estas aguas, mientras que el 97 % se descarga directamente en los ríos.

En este contexto, el Municipio presentó los resultados de una consultoría para diseñar un plan piloto de tratamiento de aguas residuales mediante soluciones basadas en la naturaleza, una de las medidas contempladas en la sentencia.

Sin embargo, sostiene que el saneamiento requiere una estrategia de mayor alcance. Entre las acciones pendientes destacan la planificación e implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), infraestructuras que consideran indispensables para reducir la contaminación de los ríos de Quito.

Aunque reconocen que estas obras requieren planificación a largo plazo, advierten que las decisiones deben tomarse desde ahora. Para ello, consideran necesario definir una hoja de ruta pública que detalle las intervenciones previstas, los plazos, las fuentes de financiamiento y las responsabilidades institucionales.

Las plantas de tratamiento, agregan, deben formar parte de una estrategia integral de recuperación de las cuencas hidrográficas de la capital.

Un río que sigue recibiendo descargas y basura

A dos años de la sentencia, las organizaciones advierten que el Machángara continúa soportando la presencia de basura, escombros, espuma y descargas domésticas e industriales.

Agregan que las acciones desarrolladas hasta el momento no tienen la articulación suficiente para responder a la magnitud del problema. La existencia de estudios y planes, mencionan, no sustituye la necesidad de ejecutar medidas que reduzcan la contaminación y permitan recuperar las condiciones ambientales del afluente.

¿Qué le exigen las organizaciones al Municipio?

Las Guardianas del Río Machángara piden acelerar el cumplimiento de las 27 medidas de reparación integral y fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias municipales involucradas.

También reclaman que los aportes de las organizaciones sociales y la academia se incorporen en las decisiones, que exista un seguimiento permanente de los compromisos y que la ciudadanía pueda conocer los avances de manera transparente.

Para los colectivos, la recuperación del río no puede quedarse en diagnósticos y documentos de planificación: debe reflejarse en intervenciones concretas y en una mejora verificable de sus condiciones ambientales.