Colectivos ambientalistas cuestionan acciones del Municipio de Quito en el Chocó Andino

Mientras el Municipio de Quito defiende las inversiones y proyectos ejecutados en el Chocó Andino para fortalecer la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, representantes de colectivos ambientalistas y antimineros aseguran que las acciones son insuficientes frente a los problemas que enfrenta el territorio.

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Los cuestionamientos surgieron durante el Gabinete Territorial realizado el 7 de mayo de 2026, donde participaron autoridades municipales, dirigentes comunitarios y representantes de las seis parroquias de la Mancomunidad del Chocó Andino.

Según el Municipio, entre las principales acciones impulsadas en la zona consta la entrega de 94.000 plantas nativas y frutales destinadas a procesos de restauración ecológica y fortalecimiento de prácticas sostenibles.

Además, se destinaron $ 1,5 millones en incentivos ambientales para mejorar el manejo de agua y suelo en alrededor de 600 fincas, lo que generó cerca de 2.000 empleos directos e indirectos.

A ello se suman otros $ 1,8 millones invertidos en proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para comunidades rurales del Chocó Andino.

El Municipio sostiene que estas intervenciones forman parte de una estrategia de fortalecimiento institucional impulsada desde enero de 2024 con la creación de la Administración Zonal Chocó Andino, durante la administración del alcalde Pabel Muñoz. También destacó la implementación del Gabinete Territorial desde junio de 2025 como un espacio de diálogo entre autoridades, comunidades y colectivos sociales.

Los cuestionamientos de colectivos 

Durante la jornada, representantes parroquiales plantearon inquietudes relacionadas con la conservación ambiental, el acceso al agua y la protección del territorio. Frente a ello, las autoridades municipales insistieron en que la defensa del Chocó Andino requiere presencia institucional permanente y trabajo conjunto con las comunidades.

Sin embargo, varios colectivos cuestionaron la falta de respuestas concretas frente al avance de actividades mineras en la zona.

El medio digital Chocó Andino Informa detalló que Esteban Barriga, representante del Colectivo Quito Sin Minería, advirtió sobre la presencia de concesiones mineras en un territorio donde, mediante consulta popular, la ciudadanía decidió prohibir la minería metálica.

Barriga sostuvo que las actividades extractivas están provocando división dentro de las comunidades y criticó la postura institucional frente a las denuncias ciudadanas.

“El Municipio responde que no es competente”, señaló durante su intervención, al cuestionar la falta de acciones concretas para frenar los impactos denunciados por moradores y colectivos.

Por su parte, Inty Arcos puso en duda el momento político en que se desarrolla este acercamiento institucional con las comunidades rurales. Según dijo, un escenario similar se vivió durante la campaña electoral que llevó a Pabel Muñoz a la Alcaldía de Quito.

“Les felicito por convocar a estos diálogos”, expresó, aunque lamentó que este tipo de encuentros se activen, a su criterio, en contextos electorales.

Aunque el control de actividades mineras no es competencia directa del Municipio, la oposición a la minería en el Chocó Andino fue uno de los temas que formó parte del discurso político del actual alcalde, compromiso que las comunidades esperan que se mantenga en la articulación con el Gobierno central, señala el medio.

Durante las intervenciones también se expusieron otras problemáticas que afectan a las parroquias rurales, como el alto costo del transporte y la contaminación de ríos.

Uno de los testimonios fue el de Anabella Mejía, integrante del colectivo Calacalí Renace, quien reclamó acciones frente a la contaminación atmosférica que afecta a la parroquia.

“Queremos respirar aire limpio”, expresó al relatar años de reuniones, trámites y pedidos de control ambiental sin soluciones definitivas.