Han pasado casi 13 años. Trece años de versiones contradictorias, de líneas de investigación que cambiaron con el tiempo, de decisiones que parecían más orientadas a cerrar el caso que a encontrar la verdad. Trece años en los que el Estado no ha podido -o no ha querido- responder una pregunta básica: ¿qué pasó con David Romo?

En ese mismo tiempo, Alexandra Córdova no se detuvo. Transformó el dolor en resistencia. Mientras las instituciones archivaban, ella insistía. Mientras el sistema dudaba, ella caminaba: morgues, quebradas, audiencias, calles. Cada miércoles, cada día, con una sola consigna: que su hijo no sea olvidado.

Este caso ya no es solo una desaparición. Es un retrato brutal de la fragilidad institucional. De un sistema que permitió que una investigación pase por teorías sin sustento sólido, que dejó diligencias pendientes, que incluso intentó cerrar el caso alegando plazos, como si el tiempo pudiera sustituir la verdad.

La reciente reapertura no es un logro del sistema. Es la evidencia de que algo se hizo mal durante años. Y también es un grito: la justicia no puede administrarse como trámite.

¿Cuántas madres más viven este mismo infierno en silencio? ¿Cuántos nombres no conocemos? David Romo se convirtió en símbolo porque su madre no se rindió. Porque decidió incomodar. Porque entendió que el amor también es lucha.

Un país que no responde dónde está un hijo es un país que ha perdido el rumbo. Porque cuando la desaparición se normaliza, la democracia se debilita.

David Romo no es pasado. Es una pregunta vigente. Y su madre, una voz que el país no puede ignorar.

Que esta reapertura no sea otro capítulo inconcluso. Que sea, por fin, el inicio de la verdad.

El WTI, nuestro crudo marcador, en marzo seguramente se ubicó bajo los 90 dólares. El precio del crudo ecuatoriano debe haber terminado cerca de 80. Nuestro promedio en el trimestre algo por debajo de 63, dos dólares abajo del promedio del mismo trimestre del año anterior. Al PGE le ingresaron cerca de $ 400M en el trimestre por petróleo, una mejora de 30 % anual, que no alcanza a cambiar las 10 veces que impuestos lo superan.

Por el lado de los gastos, la nómina, que en 2016 representó $ 1.988M en el primer trimestre del año, hasta marzo de 2026 ha crecido a un ritmo de 1,6 % anual. Bastante controlada, mientras la inflación creció 1 % promedio anual. No se puede decir lo mismo del gasto de transferencias corrientes que recoge los bonos sociales y el 40 % de aporte a la seguridad social, que en igual período creció a un ritmo de 7,5 % anual y se gana una gran etiqueta de ‘INSOSTENIBLE’.

El gasto de capital e inversión en marzo de 2016 llegaba a $ 1.212M y algo más de una década después sigue en los mismos $ 1.200M. Aquí desearíamos algo más de ritmo. El Plan Anual de Inversiones (PAI) en 2026, habiendo transcurrido la cuarta parte del año, va ejecutando apenas un 7 % con $ 157M devengados de los $2.200M presupuestados. Un año atrás se ejecutó 8,6 %. Mejor ni mencionar la pobre ejecución de 2023 y 2024.

En la parte compleja de las cifras, existen $ 500M que incrementaron el PAI bajo el programa “creamos vivienda”, sin embargo, los excluyo en la comparación porque constan en grupos de gastos que tienen carácter más financiero que operativo, dentro de la categoría “bajo la línea” que no afectan al déficit fiscal. Están orientados para apoyar el financiamiento de proyectos de vivienda de interés social. Su aporte a la economía ocurrirá conforme se vayan construyendo y financiando aquellas soluciones habitacionales que buscan reducir el déficit de vivienda.

Los atrasos, considerados como la diferencia entre el gasto devengado y el pagado, de similar comportamiento al año anterior, van en $ 1.221M, concentrándose principalmente en transferencias de capital vinculadas con recursos que deben destinarse a GAD.

El primer trimestre usualmente no refleja déficit fiscal, este ‘aparece’ en el segundo semestre y toma fuerza cerca de finalizar el año. Hasta marzo se han pagado $ 5.615M de deuda con los $ 6.450M recibidos principalmente de deuda externa y bonos locales. Para el resto del año aún le faltan por conseguir $ 9.000 millones para atender el déficit fiscal esperado de $ 5.000M y el saldo de capital de deuda por amortizar.

El Gobierno avanza en ajustar el llamado gasto tributario achicando fugas en exoneraciones de IVA de la mano del programa con el FMI. Las cifras fiscales parecen dar tregua, pero es claro que no alcanza.

Esta percepción plantea un desafío que pocas veces se discute con suficiente claridad: el verdadero activo del mercado de seguros no es únicamente el capital financiero, sino la confianza.

El seguro es, en esencia, una promesa: que si ocurre un evento adverso existirá una respuesta económica que permita a las personas y empresas recuperarse. Pero como toda promesa, su valor depende de la credibilidad del sistema que la respalda.

Por eso los mercados de seguros más desarrollados no se distinguen solo por su tamaño, sino por la solidez de sus instituciones, la claridad de sus reglas y la eficiencia para resolver controversias. La confianza no surge por casualidad, se construye con transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento efectivo de las obligaciones.

También requiere un esfuerzo permanente del sector asegurador por fortalecer la comunicación con los usuarios, simplificar procesos y promover educación financiera. Un mercado sólido no se construye solo colocando pólizas, sino generando credibilidad y relaciones sostenibles con los asegurados.

Contar además con mecanismos técnicos y oportunos para resolver diferencias resulta fundamental. Procesos especializados y eficientes no solo protegen derechos, sino que fortalecen la confianza en todo el sistema.

En países expuestos a riesgos naturales y económicos como Ecuador, un mercado de seguros confiable no es un lujo. Es parte de la infraestructura que permite reducir la vulnerabilidad económica y acelerar la recuperación tras las crisis.

Porque al final, los seguros no funcionan únicamente por cálculos actuariales. Funcionan porque existe confianza. Y sin confianza, simplemente no hay seguros.

En ese juego del rompecabezas está metido el gobierno de cabeza y las fichas que faltan ya son pocas: básicamente, las de la Corte Constitucional. Para que estas encajen en el cuadro final hay algunas opciones. Una es que, si ese tribunal declara lo obvio y evidente -la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones-, entonces los bienmandados del CNE, que no tienen vergüenza para dar los argumentos más ridículos para haber tomado esa decisión, destituyan ilegalmente a los jueces de la Corte. Que sea ilegal no importa: en esta opción, llegará la madrugada en la que la Corte Constitucional amanecerá allanada por la Policía o las FF. AA. y ‘chau pescado’. Para entonces, la campaña de desprestigio en contra de los jueces -en la que, sin vergüenza, el contralor Mauricio Torres está trabajando denodadamente- habrá cumplido su objetivo de instalar en la opinión pública la idea de que los jueces se lo tenían merecido.

Otra opción es que, asimismo, de la mano del títere del contralor, se involucre al menos a un juez y haya que hacer un cambio, donde su reemplazo será un bienmandado más. Ahí ya podría haber una mayoría de bienmandados. También es posible que, simplemente amedrentando a los jueces con juicios y allanamientos, se consiga su completa sumisión. En cualquiera de estos escenarios se habrá completado el rompecabezas y aparecerá, entonces, la figura definitiva: la de la dictadura.

Pero aún existe la posibilidad de que, finalmente, el rompecabezas no se llegue a completar, que su ejecutor falle en alguna de las movidas y el plan final se frustre. Que eso suceda no es imposible.

La democracia no corrige esa lógica, la organiza. No funciona porque los actores crean necesariamente en la tolerancia ni porque respeten al otro por convicción. Funciona porque existe un cálculo bastante simple que disciplina la conducta. Hoy puedo ganar pero mañana puedo perder; y si hoy utilizo el poder para arrasar, mañana no habrá nada que me proteja cuando me toque estar del otro lado.

Ese cálculo convierte la destrucción total en una mala estrategia. No porque esté mal en abstracto, sino porque sus costos pueden volverse en contra. Por eso el rival puede ser detestable, pero no completamente eliminable. No por respeto, sino por conveniencia.

Ese equilibrio empieza a erosionarse cuando la política de la demolición deja de ser una tentación y se convierte en práctica sistemática. El correísmo no inventó la confrontación ni la polarización, pero las llevó a un punto en el que el poder dejó de ser solo una herramienta para gobernar y pasó a ser también un instrumento para arrinconar al otro. Las reglas se ajustaban según la necesidad política del momento.

Hoy aparecen denuncias de manipulación electoral desde quienes antes despreciaban esos argumentos. La sorpresa parece genuina, pero el fenómeno no lo es. Cuando se normaliza que las reglas se doblan si conviene, lo único que cambia con el tiempo es quién tiene la capacidad de hacerlo y quién es el perjudicado.

Siempre se repite que la política no es un juego de niños. El problema es cuando se decide jugar a la demolición y luego sorprende quedar bajo los escombros.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) es clara. Solo puede calificarse como reservada la información que encaje en supuestos específicos previstos en la misma ley, como información de defensa, inteligencia o seguridad del Estado. La reserva, además, debe ser motivada, formalmente declarada por autoridad competente y tiene una característica esencial: es siempre temporal. No puede ser permanente. La ley exige un plazo y, vencido este, la información recupera su carácter público.

La lógica es evidente: si cualquier documento pudiera declararse reservado sin justificación legal y sin límite temporal, la publicidad dejaría de ser la regla. Por eso la Lotaip parte de una presunción clara: toda información pública es accesible, salvo excepción legal debidamente motivada.

Sin embargo, se ha vuelto frecuente que entidades públicas adopten decisiones relevantes sustentándose en “informes reservados”. Se anuncian medidas de seguridad, cambios institucionales o decisiones de alto impacto político apoyadas en documentos que no pueden conocerse ni contrastarse. Incluso se han declarado reservados contratos estatales y decisiones diplomáticas de evidente interés público.

El problema no es la existencia de información reservada. Hay casos en que es legítima: operaciones de inteligencia o datos cuya divulgación cause un daño verificable al interés público. Pero incluso allí la reserva exige motivación, proporcionalidad y límite temporal. No puede ser un refugio frente a la transparencia.

Cuando las decisiones públicas se adoptan sobre documentos que no pueden conocerse, la transparencia deja de ser la regla y pasa a ser la excepción. Y eso no es un detalle técnico: es una forma de ejercer el poder sin rendir cuentas.

No se trataba de reemplazar al profesor ni de convertir la docencia en un ejercicio digital sin rostro. Era una inquietud más profunda sobre la capacidad de la universidad para comprender el tiempo que está viviendo.

Durante décadas, la educación superior ha operado bajo la idea de que su estructura puede absorber cualquier cambio tecnológico sin alterarse en lo esencial.

Pero la inteligencia artificial no es un cambio marginal. Es una transformación que atraviesa la forma en que se produce el conocimiento, se distribuye y se aprende.

Mientras en buena parte de América Latina seguimos discutiendo si la inteligencia artificial debe entrar o no al aula, China ya se mueve en otro plano. Allí, la inteligencia artificial está integrada en aplicaciones cotidianas, servicios, comercio, transporte y educación. El Estado impulsa su desarrollo y acelera su adopción. Para 2025, cerca del 42,8 por ciento del país habría incorporado inteligencia artificial generativa, con una meta de penetración del 90 por ciento hacia 2030. La iniciativa AI Plus busca extender su uso a sectores estratégicos como la salud y la energía.

El dato relevante no es solo la expansión tecnológica, sino la estructura que la sostiene. China está produciendo y reteniendo talento a gran escala. Por primera vez, más trabajos presentados en la principal conferencia mundial de inteligencia artificial tuvieron autores principales radicados en China que en América o Europa.

Además, una proporción creciente de los investigadores más influyentes trabaja en instituciones chinas. No es solo desarrollo. Es consolidación.

¿Puede la universidad seguir enseñando como si la inteligencia artificial fuera externa cuando ya redefine la manera en que los estudiantes aprenden e interactúan con el conocimiento o debe aceptar que su función no es resistirla sino integrarla con criterio antes de perder relevancia?

La respuesta no pasa por abandonar el modelo tradicional, sino por someterlo a prueba. La clase magistral no es obsoleta, pero puede volverse insuficiente si se mantiene intacta frente a un entorno que cambia aceleradamente. Los estudiantes no han dejado de querer aprender. Han cambiado la forma en que procesan la información.

En ese punto aparece la idea del profesor avatar. No como sustituto, sino como extensión. Un avatar durante quince minutos dentro de una clase de cuatro horas puede explicar, introducir o sintetizar desde otra lógica. Puede romper la continuidad sin eliminar la presencia del profesor y demostrar que el conocimiento puede expresarse en distintos formatos sin perder profundidad.

La propuesta no pretende imponerse. Pretende ensayarse. La universidad no pierde nada al experimentar. Gana la posibilidad de decidir con base en la experiencia y no en el prejuicio.

El profesor que hizo esa propuesta soy yo, al interior de una clase de Derecho de la Competencia.

Le pasó en las últimas semanas a Gonzalo Plata, que estuvo en el centro de cuestionamientos por su situación en Flamengo. No es la primera vez -y probablemente no será la última- que nos enteramos de episodios de indisciplina de su parte. Le pasó antes a Gonzalo Valle. Y antes, a Kendry Páez. La sentencia social es inmediata: “borracho”, “tiene más noches que Batman”, “asesino”, “delincuente”. Siempre habrá un jugador que se convierta en blanco -ocasional o permanente- para que un sector de la hinchada o de la opinión pública decida convertirlo en símbolo de todo lo que está mal.

El problema es que no somos mejores que ellos. El nivel de juicio que se les impone proviene de una sociedad que no logra exigirse colectivamente estándares mínimos en ningún ámbito -institucional, cívico, profesional- pero que se vuelve implacable cuando se trata de sus futbolistas. Una sociedad alcoholizada acusa a sus jugadores de borrachos. Un país agotado descarga su frustración desde el sofá, a través de redes sociales, sin tener la menor idea de lo que implica el alto rendimiento deportivo.

El espectáculo me resulta repugnante. A las puertas de un Mundial, además, cuando lo que necesitan nuestros jugadores es enfoque. Desde referentes como Pacho o Caicedo, hasta los cuestionados como Plata o Kendry, estos futbolistas no solo nos representan porque llevan la camiseta sino porque vienen de nuestras calles, de nuestras canchitas de tierra, de nuestras casas. Si bajamos el dedo acusador, veremos que este grupo encarna un mensaje extraordinario: Ecuador puede competir, medirse de tú a tú con los mejores del mundo y soñar en grande a pesar de la adversidad. Cada jugador es uno en dos mil, extraordinario, con su luz y con su oscuridad.

Según la RAE, adolescente significa “Que está en la adolescencia”: joven, muchacho, chico, púber, etc. Pero, según la página web Clínica de la Familia, la adolescencia es “la etapa de transición crítica entre la infancia y la edad adulta”. Como bien puede colegirse, la adolescencia es un momento evolutivo: una etapa de transición que arranca desde la pubertad y culmina en la edad adulta; un puente entre dos momentos del crecimiento de la persona humana. Es una etapa de búsqueda y de definiciones que caracterizarán más adelante al individuo, quien en ese momento no es aún un producto culminado.

Madurez, según la RAE, es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aun no se ha llegado a la vejez; según la citada página: Buen juicio o prudencia, sensatez. Aquí sí hablamos de un momento culminante, de un haber alcanzado y logrado metas, como el desarrollo -si no total, al menos significativo- de las capacidades personales. Hablamos de una llegada, de un punto definido y claro.

Los términos no se contraponen, más bien se suman; se requieren como escalón para alcanzar esa etapa de desarrollo humano para la cual nos preparamos y formamos. Obviamente, no son sinónimos ni deben utilizarse con ligereza. En el lenguaje coloquial se habla a veces de ‘niño maduro’ o ‘púber maduro’, lo que puede generar confusión en los legos. En esos casos, lo que se quiere expresar es que el niño o el púber cumplen su desarrollo evolutivo acorde con su edad cronológica y con lo esperado en su progreso normal; pero esto no supone que hayan alcanzado una madurez total, real y definitiva.

No juguemos con los términos. Dejemos que el ser humano decida, sí, pero cuando tenga en sus manos todas las posibilidades y capacidades para no errar o arrepentirse de su voluntaria decisión.

Alrededor del 80 % de la cocaína a nivel mundial se moviliza en contenedores que viajan junto a productos legales, aprovechando economías de escala y volumen. Este flujo sostenido mantiene precios relativamente estables en los mercados de destino. El 20 % restante se transporta mediante lanchas rápidas (’go-fast’) y semisumergibles, tradicionalmente más visibles y, por tanto, más vulnerables. 

El problema es que los contenedores continúan saliendo contaminados. En Ecuador, esto se explica en parte por la naturaleza de su oferta exportadora: productos perecibles que requieren transporte en contenedores refrigerados (’reefers’) y tiempos de despacho acelerados. La presión logística reduce los márgenes de inspección, mientras que la creciente sofisticación de las redes criminales ha trasladado progresivamente la contaminación hacia el interior de los puertos y las cadenas logísticas.

Como ha señalado la especialista en crimen organizado Anna Sergi, en Rotterdam, el puerto más avanzado de Europa en términos de inversión y tecnología, apenas se escanea cerca del 15 % de la carga. En Italia, puertos clave como Génova y Gioia Tauro operan entre el 3 % y el 5 %.

En Ecuador, la opacidad es mayor. No hay cifras consolidadas sobre la capacidad de escaneo, aunque estimaciones del sector sugieren que apenas se inspecciona el 0,03 % de la carga. No es solo un vacío técnico, sino un sistema donde el volumen supera el control. Con 24,14 muertes diarias en 2026, la violencia deja de ser anomalía: es la consecuencia de una logística capturada donde la impunidad viaja al ritmo de los contenedores.

Pero parece que no se trató de un acuerdo por USD 20 millones, ni que los contratos hayan sido solo por Quevedo y Salitral. Por lo menos así surge de otra demanda, planteada también en diciembre de 2025, pero nada menos que por la propia Astrobryxa en contra de Progen, en una Corte Estatal del Condado de Polk, también en Florida (caso 2025-CA-005087), en la que afirma que su contrato “de servicios” del 2 de agosto de 2024 incluía un tercer proyecto, el de Catamayo, y que el valor total acordado a cambio fue de USD 38,5 millones, de los cuales solo le habían sido pagados, en números redondos, USD 14 millones.

No es detalle menor que, según la referida demanda, por pedido expreso de Progen los pagos tendrían que efectuarse en los Estados Unidos en lugar de Ecuador. “Para atender esta solicitud, Astrobryxa constituyó una entidad con sede en Estados Unidos, Astrobryxa LLC, con el único propósito de abrir una cuenta bancaria doméstica para recibir los pagos”.

Así que hay ahí más información para que la Fiscalía pueda indagar quiénes terminaron siendo los receptores finales de esos USD 14 millones por los “servicios” de Astrobryxa, pues existiendo evidencias de que habrían sido depositados en cuentas bancarias en Estados Unidos, perfectamente se puede activar las asistencias penales internacionales, y más aún cuando nuestras relaciones con las autoridades estadounidenses están en apogeo.

Las ventas externas de camarón -que son la mejor demostración del empuje privado- llegaron a 8.401 millones de dólares en 2025, superando a las exportaciones de hidrocarburos de 7.750 millones. El cacao sumó 4.184 millones. El banano, 4.063 millones. Enlatados de pescado, 1.848 millones. Y flores, 1.045 millones. Las exportaciones no petroleras habrían sido las que contribuyeron en mayor grado al crecimiento del 3,5 % del PIB en 2025.

La apertura de la economía con la celebración de varios acuerdos comerciales ha facilitado e incentivado la participación de antiguos y nuevos empresarios -varios muy pequeños- en los nuevos mercados. Las exportaciones a los países de la Unión Europea, que sumaron 7.237 millones de USD en 2025 (23 % del total de exportaciones no petroleras), incluyeron las ventas de pequeños negocios industriales y agrícolas.

Pero, este dinamismo, que se traduce en resultados muy positivos, tiene un freno en las deficiencias de infraestructura cuya competencia corresponde al sector público. Así, la inseguridad y la contaminación de droga en los puertos de embarque implican riesgos y gastos adicionales al exportador. La escasez y desconfianza en el servicio eléctrico obliga al empresario a destinar cuantiosos recursos a la adquisición y operación de grupos de emergencia. El mal estado de carreteras y otras vías también generan costos adicionales.

El sector público está en deuda con el desarrollo del país, que demanda acciones concretas para superar las dificultades.

La jurisprudencia romana justificaba el suicidio asistido por razones de enfermedad y sufrimiento y el Digesto no lo consideraba punible, si la cobardía o la evasión de las deudas no era la causa, a diferencia del derecho medieval, que lo prohibía sin excepción siguiendo a los escolásticos. La cuestión es dónde se levanta la frontera entre la órbita del legislador y el fuero individual, donde cada cual manda soberano y asume las consecuencias. ¿Dónde se traza la línea que da al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios? ¿Hasta dónde el canon moral, religioso o laico -no acaba de convencerme una moralidad sin origen superior, pues la separación entre el bien y el mal sería fruto de la moda intelectual, puro convencionalismo-, debe traducirse en prohibiciones del derecho positivo?

En lo personal no creo que el hombre tenga derecho natural a poner fin a su vida, salvo que su prolongación no sea posible sin medios extraordinarios, distinción que ya perfiló Benedicto XVI. Pero el debate equivocaría el meollo si apuntara al valor de un canon moral, cuando lo que debe discutirse es el límite de la ley humana. Se violentaría la libertad por su raíz sobrenatural si el Estado se convirtiera en tutor moral de las personas o se atribuyera la competencia de censurar o interferir, si no impactan el derecho de otros, en sus decisiones de conciencia, que para eso hay otros tribunales en el más allá. Y nadie, mucho menos la mayoría a través de una asamblea legislativa, debería tener derecho sobre la vida de otro o su terminación.

Si bien nos podemos preparar para ser padres leyendo, preguntando y aprendiendo, no es hasta que lo eres que descubres lo que ese rol demanda. Ser padre requiere la ingrata tarea de enseñar todo lo que sabes para un día volverte innecesario. Ser padre requiere ponerse en segundo plano para que sean nuestros hijos quienes nos superen algún día.

Reemplacemos en el párrafo anterior todas las palabras que dicen ‘padre’ por ‘líder’ y tiene el mismo efecto. Ser líderes, con o sin nombramiento, necesita que cambiemos esa idea anticuada que tenemos del liderazgo: ese liderazgo en el que todo depende de una persona, donde si no está nada funciona, y si no recuerda o motiva, las personas no se mueven. Por el contrario, un buen liderazgo requiere que demos luz como un faro para que los botes puedan navegar hacia sus distintos destinos, seguros y acompañados.

El verdadero liderazgo también requiere una mágica combinación de humildad y narcisismo. Humildad entendida como el reconocimiento de que no siempre se tiene la razón ni todo el conocimiento, y de que se necesita de otros para llegar al objetivo. Y una pequeña dosis de narcisismo, porque no queremos líderes que no se crean capaces. Todos queremos ver a un líder que tiene la seguridad de haberse preparado y de contar con la experiencia para cumplirlo. Esa combinación es la que permite movilizar a todos hacia un sueño, y que sean sus seguidores quienes movilicen los recursos hacia el cambio. Un líder orquesta el sonido perfecto entre todos los instrumentos, dando la pauta de cuándo entra uno u otro, o cuándo suenan todos juntos. Igual que en la tarea de ser padre, un líder va conociendo a su equipo, va aprendiendo de los desafíos que cada etapa conlleva, y siempre habrá espacio para mejorar.

Eso duró poco. En marzo de 1845, una revolución originada en Guayaquil, capitaneada por José Joaquín Olmedo, logró la expulsión del presidente Flores y su camarilla. Se derogó la Constitución de 1843 y se acabó este sometimiento a los municipios.

Mucha agua corrió desde entonces bajo el puente del subdesarrollo. Por décadas, el Gobierno central tuvo demasiada injerencia en la gestión de los municipios y en la aprobación de sus ordenanzas, pero eso cambió con la entrada en vigor del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) el 2010. Desde entonces, los municipios obtuvieron la garantía de su autonomía política, administrativa y financiera para la gestión de su territorio y la aprobación de sus ordenanzas.

Hasta ahora. Con el gobierno de Noboa regresó un proyecto centralizador del Estado. De manera similar a 1843, el Gobierno central somete a los municipios a controles exagerados y los coloca al servicio de los deseos y desvaríos de la Presidencia de la República.

La ley reformatoria del Cootad, aprobada el 20 de febrero por la Asamblea Nacional y diseñada para restar recursos a los municipios, impone gravosos controles del Ministerio de Economía y Finanzas sobre su gasto. So pena de pérdida económica, ellos solo pueden gastar en ciertos ítems del Clasificador Presupuestario elaborado por ese ministerio, que se refiere a obras físicas e inversiones a largo plazo. Es la pérdida de la autonomía financiera.

Este lunes se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs) para introducir la desnaturalización de un órgano de control (la Superintendencia de Ordenamiento Territorial) y la potestad de la Presidencia de la República para determinar el desarrollo urbano de los municipios vía la figura del Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Desde un escritorio en Quito se determinará el crecimiento de territorios que no se conoce. Es la pérdida de las autonomías política y administrativa.

En la ley reformatoria a la Lootugs es claro que su enfoque principal es la preeminencia del interés particular por sobre el interés general (evidente por la eliminación del “carácter público” del derecho a edificar y por la redacción tan atropellada de los “derechos adquiridos”).

Es fácil anticipar que la reforma no busca el desarrollo integral de los territorios del Ecuador. ‘Cui bono?’ (¿quién gana?), se preguntaba en los pasillos de Roma. La preeminencia del interés particular debería dar una respuesta elocuente a esta pregunta hasta para el más despistado.

Este proyecto centralizador y perverso del Estado únicamente puede ser detenido por la Corte Constitucional, cuando conozca de esta colección de desvaríos y vulneraciones de derechos que son la esencia de las leyes aprobadas por una servil, rastrera Asamblea Nacional.

Diez años de resistencia al proyecto chavista, fidelista, profundamente antidemocrático de Rafael Correa, que arrasó con la independencia de funciones y persiguió toda disidencia, nos proporcionaron la ilusión -maravillosa mientras duró- de que había gente (grupos, partidos, movimientos, organizaciones…) que no tenía nada que ver con nosotros pero con la que podíamos contar de todos modos. Resistir crea lazos, promueve insospechadas solidaridades… Cynthia Viteri y Lourdes Tibán compartían trinchera en la Asamblea; la clase media quiteña y el movimiento indígena cerraban filas en El Arbolilto; la derecha y la izquierda anticorreísta abrazaban una misma causa y todos apoyaban al verdadero periodismo independiente que sobrevivía a los tumbos a los embates y persecuciones del poder… La democracia era una identidad que pasaba por encima de todas las diferencias.

El primer baño de realidad vino en octubre de 2019. Durante aquellas jornadas de inusitada violencia que se produjeron con ocasión del intento de golpe de Estado contra Lenín Moreno (la historia se repetiría en junio de 2022 contra Guillermo Lasso), nos desayunamos los ecuatorianos, con una mezcla de espanto y frustración, que no había en el país una izquierda con vocación democrática. Que diez años de resistencia al correísmo no habían bastado para remozarla: siempre estaría dispuesta a embarcarse hasta en el más peregrino de los proyectos autoritarios que le pusieran por delante (el comunismo indoamericano de Leonidas Iza, por ejemplo), con el proyecto de echar abajo la democracia burguesa desde dentro con tal de que sus cuadros no quedaran fuera a la hora de la repartición de cargos. Porque de eso se trataba todo. Su resistencia anticorreísta no tenía nada que ver con la defensa de la democracia, en la que no creen.

Este segundo año de presidencia de Daniel Noboa (si es que no ya el primero) ha sido portador de un idéntico desengaño. Especialmente en lo que respecta al periodismo. Tarde nos venimos a enterar de que tantísimas firmas, rostros de pantalla con décadas de autopromocionada independencia, empresas mediáticas que resistieron al correísmo… Nomás estaban esperando que llegara el autoritarismo de su signo que acertara con su precio. Si Correa destrozó al periodismo convirtiéndolo en un oficio ilegítimo, Noboa lo destruyó tasándolo. El resultado es abrumadoramente peor: durante el correísmo, el periodismo resistía al poder. Ahora, en su gran mayoría, ha sido comprado por él.

El panorama es desalentador: tras el aprendizaje de los últimos 15 años (por redondear y por asumir la tesis orteguiana de que ese período de tiempo constituye una unidad histórica en el paso de las generaciones) hemos de llegar a la conclusión de que los ecuatorianos no podemos contar unos con otros, como habíamos creído ilusamente durante los años de resistencia al correísmo. Y esa tragedia, para seguir con Ortega, es el principio de la disolución de una nación. Hay empresarios, por ejemplo, que creen que su sobrevivencia no tiene nada que ver con la sobrevivencia del periodismo: no entienden nada. Cuando contar con el prójimo se vuelve imposible, no hay concepto de conciudadanía que nos calce. Ese es el momento de las autocracias.

La meteorología, todos lo sabemos bien, no es precisamente una ciencia exacta. Y entre más lejanos en el tiempo sus pronósticos, menos fiables son. Encima, ustedes se basan en un informe que ni siquiera viene de, llamémoslo así, el meteorólogo en jefe del Estado. De hecho, el hombre renunció el mismo día en el que ustedes anunciaron su decisión. El informe vino de la Secretaría de Gestión de Riesgos, órgano técnico, sí, pero también político, porque es parte del gabinete. Y en él se admite que no se “confirma aún la ocurrencia del fenómeno”, aunque sí procede a recomendar un enfoque preventivo. Y ahí viene otro problema.

¿Qué clase de prevención es traer las elecciones a noviembre, cuando los expertos extranjeros advierten que el fenómeno climático iniciaría en el segundo semestre de este año y la experiencia nos confirma que sus efectos más duros se pueden empezar a sentir tan temprano como octubre, sino antes? No olvidemos que los grandes fenómenos de El Niño, de ingrata recordación, no fueron de 1998 y 1983, sino de 1997-1998 y de 1982-1983. Por tanto, no tiene mucho sentido adelantar las votaciones de 2027 a 2026. De hecho, eso les dejará menos tiempo a las autoridades para prepararse y tratar de proteger a los recintos electorales y sus áreas circundantes.

Entonces, señora Atamaint y señores vocales, dígannos, ¿a quién beneficia esto? Si no es a la ciudadanía, ¿será a un partido? El Excelentísimo Señor dice que sí, aunque no se le entiende muy bien a cuál precisamente. ¿Sí ven, señores del Consejo Nacional Electoral? En este enredo hasta el presidente de las jugadas maestras está confundido.

Primer ejemplo: ¿cómo podemos mejorar si seguimos haciendo lo mismo que no nos ha dado (y no podía darnos) buenos resultados? ¿Cómo hacerlo, si nos parece espantoso que nuestros adversarios mientan, roben, violen la ley, la ética, el sentido común, lo que sea, pero en cuanto lo hacen nuestros aliados el espanto se nos esfuma y la condena se nos atraganta? A algunos ni eso, pues han perdido tanto el norte que juegan el papel que mejor los define: el de porristas de la parodia. Hay muchos casos que ilustran mi teoría, pero suficiente con el sainete del adelanto de votaciones decretado por esa dependencia gubernamental llamada Consejo Nacional Electoral. “No tengo el artículo” (que faculta a adelantarlas), dijo uno de sus vocales. Y no importa: no hace falta cuando nos rige el descaro y no la ley. No somos democracia en construcción, más parecemos una monarquía medieval. Manda el rey, obedecen los lacayos.

Segundo ejemplo: ¿desde cuándo una sociedad se define sólo por el Gobierno que la administra? Ecuador aparenta ser un complejo tejido social, pero es un amasijo de gobernantes y electores. Allí acaba todo. Y si no hay gremios, cámaras, sindicatos, medios, partidos, entidades que luchen contra la metástasis (quizás porque son parte de ella y no el remedio) menos esperemos que existan ciudadanos comprometidos. Han desaparecido. Casi todos.

Una sociedad no muere de la noche a la mañana. Se envenena de a poquito, de a poquito se abandona. Y un día, de pronto, se suicida.

Es admirable tu capacidad de adaptación argumentativa. Cada explicación encuentra su lugar: clima, logística, participación, tiempos administrativos. Incluso el lenguaje ha evolucionado contigo. Ya no se adelantan elecciones, sino “votaciones”. Y uno aprende, como en toda relación duradera, que hay matices que es mejor no cuestionar demasiado porque después duermo en el sofá exiliado.

Nos dicen que el proceso sigue intacto con sus etapas: convocatoria, campaña, votación, conteo. Solo que ahora el tiempo entre ellas parece estirarse, como si la certeza pudiera administrarse en plazos largos. Votamos en un mes, contamos en otro y proclamamos después. Todo dentro de la norma, aseguran. Y tal vez sea cierto, y todo sea perfectamente legal. Pero no todo lo legal es necesariamente tranquilizador. El problema no es mover una fecha sino la sensación de que las reglas pueden moverse. Que lo que hoy se ajusta por prudencia, mañana puede ajustarse por conveniencia. Y en ese pequeño desplazamiento, casi imperceptible, se erosiona nuestra relación ya golpeada de tantos años, desde 1979; toda una vida.

El amor, dicen, necesita certezas mínimas para sostenerse. No grandes promesas, reglas claras. Y tú, democracia, empiezas a parecer cada vez más una relación donde todo se puede explicar… pero ya no todo se puede creer. Con afecto, Fer.

Vale la pena recordar el alegato final del fiscal Julio César Strassera, en abril de 1985, en el juicio civil contra los miembros de las juntas militares argentinas por sus crímenes de lesa humanidad: “Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al período que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última. […] Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”.