Hace unos días, en Barcelona, Noelia Castillo recibió la eutanasia a los 25 años. Eligió: la defendió en cinco instancias judiciales, se puso su vestido más bonito y se fue sola. Noelia me evocó a mi país. Un país que para vivir ha muerto muchas veces y debe volver a morir.

En Cuba no hay eutanasia legal. Hay algo peor: una muerte sin consentimiento en dosis crecientes. La OMS lo certifica: miles de cirugías pospuestas, treinta mil niños sin vacunar, hospitales que no sostienen urgencias. Y 32.000 embarazadas que sabe Dios cómo van a parir. Nadie eligió.

Mauren, embarazada, confía: el país siempre ha salido adelante. La psicología llama indefensión aprendida a esa fe. Indira, con siete meses, mira a la cámara: “Mi hijo nacerá en un país sin perspectiva”. Alpízar, 78 años, le dio todo a la revolución y hoy dice: “Ni siquiera me han dejado la esperanza de volver a soñar”. No es un disidente. Es un creyente al que le aplican la eutanasia de su fe.

Solo que nombrarlos sin pensamiento crítico nos condena a la catarsis perpetua. Y la catarsis no construye nada.

Joaquín Hernández Alvarado escribió aquí sobre el fin de la utopía cubana. La alianza entre inteligencia y poder fue el arma más eficaz de la revolución, evidenció la columna. Más que los tanques. Porque la revolución no prometió solo pan y techo, prometió sentido. El apagón de hoy es la consecuencia material de un apagón narrativo que empezó décadas antes. Cuando cae el muro de carga no se cae una pared: se cae la casa entera. Por eso, Cuba, me parte el corazón.

Y precisamente por eso insisto: necesitamos menos inventario del colapso, ningún safari humanitario y más Joaquines para pensar a Cuba desde los cimientos, no desde la nostalgia ni desde el odio.

A esta Cuba agonizante prefiero verla morir en paz. No necesita más elegías. Necesita ingenieros del después. Cubanos de aquí y allá, como ave Fénix, para construirla otra vez.

El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha admitido que el régimen negocia con Estados Unidos. Muchos consideran que el objetivo de esas conversaciones, lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio, es su salida del poder: mantener el sistema, pero cambiar su figura visible, como se intentó en Venezuela.

Sin embargo, Cuba no es Venezuela. En Caracas, Trump toleró la continuidad del chavismo a cambio de beneficios económicos ligados al petróleo. Cuba carece de ese recurso. Aunque tiene potencial turístico, explotarlo requiere tiempo e inversión, lo que limita su utilidad como moneda de negociación inmediata.

Además, el régimen venezolano ha sido más pragmático, priorizando beneficios económicos. En Cuba, pese a la corrupción y desigualdad -como el control de hoteles por Gaesa, vinculado a las fuerzas armadas-, el componente ideológico sigue siendo importante. Ese factor ayuda a explicar la longevidad del sistema, a pesar de su crisis económica.

Podría surgir una figura dispuesta a negociar pragmáticamente, pero hasta ahora no ha ocurrido. Las conversaciones parecen estar en manos de figuras cercanas al núcleo histórico del poder, como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Esto revela un punto central: la posible salida de Díaz-Canel no implicaría grandes cambios, ya que nunca ha tenido el control real. Desde 2018, cuando Raúl Castro dejó formalmente la presidencia, el poder efectivo ha permanecido en su entorno familiar. Así, la revolución que buscaba eliminar élites ha terminado consolidando una estructura casi dinástica.

Este carácter también explica la falta de apoyo regional. Aunque algunos aún sienten nostalgia por Fidel Castro, las generaciones más jóvenes ya no ven a Cuba como modelo. Las restricciones a libertades han debilitado su atractivo.

Incluso gobiernos de izquierda en América Latina han mostrado escaso compromiso con el régimen cubano. Más allá del temor a represalias de Estados Unidos, existe un reconocimiento implícito de que un sistema que empobrece a su población difícilmente puede sostenerse.

Marco Rubio parece entender mejor esta dinámica que Trump. Existe la posibilidad de que impulse cambios democráticos de forma discreta, aunque sin garantías. En Venezuela, intentos similares no han dado resultados alentadores: recientes cambios en la cúpula militar apuntan más a reforzar la represión que a una apertura.

La situación recuerda a Nuestro hombre en La Habana, de Graham Greene, donde un falso espía fabrica informes sin sustento y aun así es recompensado. De forma similar, existe el riesgo de crear una ilusión de progreso sin cambios reales.

En este contexto, mientras las estrategias externas se centran en soluciones rápidas, la realidad cubana sigue marcada por estructuras profundas de poder. Sin transformaciones internas significativas, cualquier intento de cambio corre el riesgo de quedarse en apariencia, sin ofrecer a los cubanos las libertades que esperan.

La Constitución y el Código de la Democracia establecen como pilares la certeza jurídica, la igualdad de condiciones y la preclusión de etapas. Alterar el calendario electoral sin una justificación robusta debilita estos principios e introduce incertidumbre, la cual impacta la confianza institucional. La invocación preventiva de un posible fenómeno climático, sin evidencia concluyente, es insuficiente frente a los efectos jurídicos que se desencadenan.

El problema de fondo no es solo la decisión, sino sus consecuencias estructurales. Reducir plazos afecta la democracia interna de las organizaciones políticas, limita su capacidad operativa y distorsiona la equidad en la competencia. En sistemas frágiles, los cambios en las reglas de juego generan asimetrías reales. No todos los actores tienen la misma capacidad de adaptación, lo que abre la puerta a exclusiones de facto.

Además, la medida profundiza la tendencia de la judicialización de la política. El protagonismo del Tribunal Contencioso Electoral y eventualmente de la Corte Constitucional no es señal de fortaleza institucional, sino de la incapacidad del sistema para generar certezas desde su órgano rector.

La crítica de la Comisión Nacional Anticorrupción pone en evidencia un déficit de legitimidad. En democracia no basta actuar dentro de la legalidad formal, es indispensable preservar la apariencia de imparcialidad. Cuando las decisiones electorales coinciden con coyunturas sensibles para determinados actores, la suspicacia se instala, aun en ausencia de pruebas de ilegalidad.

Finalmente, el CNE ha abierto un frente innecesario en un momento de alta volatilidad. La estabilidad de las reglas electorales no es un detalle administrativo: es una condición mínima para la credibilidad del sistema democrático. Al alterarla sin sustento sólido, erosiona más que fortalece la institucionalidad.

Anteriormente, el presidente Trump había dado dos días de plazo al gobierno iraní para abrir el estrecho de Ormuz a la navegación internacional. Posteriormente lo amplió a cuatro y finalmente abrió un nuevo plazo hasta el 6 de abril. Estamos en ese plazo. En este ínterin, Trump había manifestado que se hallaba en negociaciones con Teherán y que había ahora mejores interlocutores para llegar a un acuerdo. Pero simultáneamente dejaba también claro que si el gobierno iraní no cedía a las condiciones planteadas, vendrían ataques que harían retroceder a la edad de piedra a ese país.

El discurso de Trump volvió sobre lo mismo. Definió a la campaña como un éxito y que el conflicto estaba cerca de su fin. Pero a la vez amenazó con profundizar los ataques en las próximas dos o tres semanas. Seguimos en espera.

Sin discutir este solapado ‘privilegio’ que tienen (o al menos dicen tener) ciertos personajes de nuestro lindo Ecuador para predecir el clima que tendremos en febrero, me traen más dudas que certezas las razones de este inusitado -y quizá conveniente- cambio en el calendario electoral, además de que ninguno de los miembros del Consejo Nacional Electoral que ha tenido la intrepidez de salir en medios suena convincente con sus razones, al menos para mí.

La anticipación de las elecciones tiene gato encerrado, no nos quieran ver la cara, por favor. Sinceramente, creo que se han confundido de clima, pues no es el meteorológico el que les preocupa, sino el político (como siempre). Esta es una decisión política que quiere alterar el mapa democrático y social del país. Espero, sinceramente, equivocarme. Entonces, que el apuro sea por lo que dicen que es y no sea prisa oculta de intereses partidarios y tácticas para neutralizar adversarios o capitalizar coyunturas favorables. Adelantar estos comicios a cuenta de que se inventan tener una bolita de cristal que les da una habilitad sobrenatural para predecir el clima que ni el Inamhi tiene-, sin brindarnos una sola garantía de transparencia es poner la democracia en modo ‘exprés’ y arriesgar la legitimidad del resultado. Además, esto les va a obligar a los que mueven las piezas en el tablero de ajedrez a vivir de su campaña en desmedro de todos. Exigimos transparencia, motivaciones claras, cronogramas razonables.

En Ecuador, ya hace rato perdimos el concepto de democracia en su sentido amplio, pues esta no se fortalece con atajos; necesita transparencia íntegra, donde se nos deje de tomar por ingenuos a todos. Si el objetivo real es resolver crisis profundas, la vía no puede ser inventar coartadas, pues se requiere de seriedad y compromiso con la justicia electoral para que las urnas reflejen la voluntad de todos.

Veamos que pasa, pero a mí, en lo personal, no me convence el advertido “temporal”. ¿Qué clima buscan cuidar, el meteorológico o el político?

Han pasado casi 13 años. Trece años de versiones contradictorias, de líneas de investigación que cambiaron con el tiempo, de decisiones que parecían más orientadas a cerrar el caso que a encontrar la verdad. Trece años en los que el Estado no ha podido -o no ha querido- responder una pregunta básica: ¿qué pasó con David Romo?

En ese mismo tiempo, Alexandra Córdova no se detuvo. Transformó el dolor en resistencia. Mientras las instituciones archivaban, ella insistía. Mientras el sistema dudaba, ella caminaba: morgues, quebradas, audiencias, calles. Cada miércoles, cada día, con una sola consigna: que su hijo no sea olvidado.

Este caso ya no es solo una desaparición. Es un retrato brutal de la fragilidad institucional. De un sistema que permitió que una investigación pase por teorías sin sustento sólido, que dejó diligencias pendientes, que incluso intentó cerrar el caso alegando plazos, como si el tiempo pudiera sustituir la verdad.

La reciente reapertura no es un logro del sistema. Es la evidencia de que algo se hizo mal durante años. Y también es un grito: la justicia no puede administrarse como trámite.

¿Cuántas madres más viven este mismo infierno en silencio? ¿Cuántos nombres no conocemos? David Romo se convirtió en símbolo porque su madre no se rindió. Porque decidió incomodar. Porque entendió que el amor también es lucha.

Un país que no responde dónde está un hijo es un país que ha perdido el rumbo. Porque cuando la desaparición se normaliza, la democracia se debilita.

David Romo no es pasado. Es una pregunta vigente. Y su madre, una voz que el país no puede ignorar.

Que esta reapertura no sea otro capítulo inconcluso. Que sea, por fin, el inicio de la verdad.

El WTI, nuestro crudo marcador, en marzo seguramente se ubicó bajo los 90 dólares. El precio del crudo ecuatoriano debe haber terminado cerca de 80. Nuestro promedio en el trimestre algo por debajo de 63, dos dólares abajo del promedio del mismo trimestre del año anterior. Al PGE le ingresaron cerca de $ 400M en el trimestre por petróleo, una mejora de 30 % anual, que no alcanza a cambiar las 10 veces que impuestos lo superan.

Por el lado de los gastos, la nómina, que en 2016 representó $ 1.988M en el primer trimestre del año, hasta marzo de 2026 ha crecido a un ritmo de 1,6 % anual. Bastante controlada, mientras la inflación creció 1 % promedio anual. No se puede decir lo mismo del gasto de transferencias corrientes que recoge los bonos sociales y el 40 % de aporte a la seguridad social, que en igual período creció a un ritmo de 7,5 % anual y se gana una gran etiqueta de ‘INSOSTENIBLE’.

El gasto de capital e inversión en marzo de 2016 llegaba a $ 1.212M y algo más de una década después sigue en los mismos $ 1.200M. Aquí desearíamos algo más de ritmo. El Plan Anual de Inversiones (PAI) en 2026, habiendo transcurrido la cuarta parte del año, va ejecutando apenas un 7 % con $ 157M devengados de los $2.200M presupuestados. Un año atrás se ejecutó 8,6 %. Mejor ni mencionar la pobre ejecución de 2023 y 2024.

En la parte compleja de las cifras, existen $ 500M que incrementaron el PAI bajo el programa “creamos vivienda”, sin embargo, los excluyo en la comparación porque constan en grupos de gastos que tienen carácter más financiero que operativo, dentro de la categoría “bajo la línea” que no afectan al déficit fiscal. Están orientados para apoyar el financiamiento de proyectos de vivienda de interés social. Su aporte a la economía ocurrirá conforme se vayan construyendo y financiando aquellas soluciones habitacionales que buscan reducir el déficit de vivienda.

Los atrasos, considerados como la diferencia entre el gasto devengado y el pagado, de similar comportamiento al año anterior, van en $ 1.221M, concentrándose principalmente en transferencias de capital vinculadas con recursos que deben destinarse a GAD.

El primer trimestre usualmente no refleja déficit fiscal, este ‘aparece’ en el segundo semestre y toma fuerza cerca de finalizar el año. Hasta marzo se han pagado $ 5.615M de deuda con los $ 6.450M recibidos principalmente de deuda externa y bonos locales. Para el resto del año aún le faltan por conseguir $ 9.000 millones para atender el déficit fiscal esperado de $ 5.000M y el saldo de capital de deuda por amortizar.

El Gobierno avanza en ajustar el llamado gasto tributario achicando fugas en exoneraciones de IVA de la mano del programa con el FMI. Las cifras fiscales parecen dar tregua, pero es claro que no alcanza.

Esta percepción plantea un desafío que pocas veces se discute con suficiente claridad: el verdadero activo del mercado de seguros no es únicamente el capital financiero, sino la confianza.

El seguro es, en esencia, una promesa: que si ocurre un evento adverso existirá una respuesta económica que permita a las personas y empresas recuperarse. Pero como toda promesa, su valor depende de la credibilidad del sistema que la respalda.

Por eso los mercados de seguros más desarrollados no se distinguen solo por su tamaño, sino por la solidez de sus instituciones, la claridad de sus reglas y la eficiencia para resolver controversias. La confianza no surge por casualidad, se construye con transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento efectivo de las obligaciones.

También requiere un esfuerzo permanente del sector asegurador por fortalecer la comunicación con los usuarios, simplificar procesos y promover educación financiera. Un mercado sólido no se construye solo colocando pólizas, sino generando credibilidad y relaciones sostenibles con los asegurados.

Contar además con mecanismos técnicos y oportunos para resolver diferencias resulta fundamental. Procesos especializados y eficientes no solo protegen derechos, sino que fortalecen la confianza en todo el sistema.

En países expuestos a riesgos naturales y económicos como Ecuador, un mercado de seguros confiable no es un lujo. Es parte de la infraestructura que permite reducir la vulnerabilidad económica y acelerar la recuperación tras las crisis.

Porque al final, los seguros no funcionan únicamente por cálculos actuariales. Funcionan porque existe confianza. Y sin confianza, simplemente no hay seguros.

En ese juego del rompecabezas está metido el gobierno de cabeza y las fichas que faltan ya son pocas: básicamente, las de la Corte Constitucional. Para que estas encajen en el cuadro final hay algunas opciones. Una es que, si ese tribunal declara lo obvio y evidente -la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones-, entonces los bienmandados del CNE, que no tienen vergüenza para dar los argumentos más ridículos para haber tomado esa decisión, destituyan ilegalmente a los jueces de la Corte. Que sea ilegal no importa: en esta opción, llegará la madrugada en la que la Corte Constitucional amanecerá allanada por la Policía o las FF. AA. y ‘chau pescado’. Para entonces, la campaña de desprestigio en contra de los jueces -en la que, sin vergüenza, el contralor Mauricio Torres está trabajando denodadamente- habrá cumplido su objetivo de instalar en la opinión pública la idea de que los jueces se lo tenían merecido.

Otra opción es que, asimismo, de la mano del títere del contralor, se involucre al menos a un juez y haya que hacer un cambio, donde su reemplazo será un bienmandado más. Ahí ya podría haber una mayoría de bienmandados. También es posible que, simplemente amedrentando a los jueces con juicios y allanamientos, se consiga su completa sumisión. En cualquiera de estos escenarios se habrá completado el rompecabezas y aparecerá, entonces, la figura definitiva: la de la dictadura.

Pero aún existe la posibilidad de que, finalmente, el rompecabezas no se llegue a completar, que su ejecutor falle en alguna de las movidas y el plan final se frustre. Que eso suceda no es imposible.

La democracia no corrige esa lógica, la organiza. No funciona porque los actores crean necesariamente en la tolerancia ni porque respeten al otro por convicción. Funciona porque existe un cálculo bastante simple que disciplina la conducta. Hoy puedo ganar pero mañana puedo perder; y si hoy utilizo el poder para arrasar, mañana no habrá nada que me proteja cuando me toque estar del otro lado.

Ese cálculo convierte la destrucción total en una mala estrategia. No porque esté mal en abstracto, sino porque sus costos pueden volverse en contra. Por eso el rival puede ser detestable, pero no completamente eliminable. No por respeto, sino por conveniencia.

Ese equilibrio empieza a erosionarse cuando la política de la demolición deja de ser una tentación y se convierte en práctica sistemática. El correísmo no inventó la confrontación ni la polarización, pero las llevó a un punto en el que el poder dejó de ser solo una herramienta para gobernar y pasó a ser también un instrumento para arrinconar al otro. Las reglas se ajustaban según la necesidad política del momento.

Hoy aparecen denuncias de manipulación electoral desde quienes antes despreciaban esos argumentos. La sorpresa parece genuina, pero el fenómeno no lo es. Cuando se normaliza que las reglas se doblan si conviene, lo único que cambia con el tiempo es quién tiene la capacidad de hacerlo y quién es el perjudicado.

Siempre se repite que la política no es un juego de niños. El problema es cuando se decide jugar a la demolición y luego sorprende quedar bajo los escombros.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) es clara. Solo puede calificarse como reservada la información que encaje en supuestos específicos previstos en la misma ley, como información de defensa, inteligencia o seguridad del Estado. La reserva, además, debe ser motivada, formalmente declarada por autoridad competente y tiene una característica esencial: es siempre temporal. No puede ser permanente. La ley exige un plazo y, vencido este, la información recupera su carácter público.

La lógica es evidente: si cualquier documento pudiera declararse reservado sin justificación legal y sin límite temporal, la publicidad dejaría de ser la regla. Por eso la Lotaip parte de una presunción clara: toda información pública es accesible, salvo excepción legal debidamente motivada.

Sin embargo, se ha vuelto frecuente que entidades públicas adopten decisiones relevantes sustentándose en “informes reservados”. Se anuncian medidas de seguridad, cambios institucionales o decisiones de alto impacto político apoyadas en documentos que no pueden conocerse ni contrastarse. Incluso se han declarado reservados contratos estatales y decisiones diplomáticas de evidente interés público.

El problema no es la existencia de información reservada. Hay casos en que es legítima: operaciones de inteligencia o datos cuya divulgación cause un daño verificable al interés público. Pero incluso allí la reserva exige motivación, proporcionalidad y límite temporal. No puede ser un refugio frente a la transparencia.

Cuando las decisiones públicas se adoptan sobre documentos que no pueden conocerse, la transparencia deja de ser la regla y pasa a ser la excepción. Y eso no es un detalle técnico: es una forma de ejercer el poder sin rendir cuentas.

No se trataba de reemplazar al profesor ni de convertir la docencia en un ejercicio digital sin rostro. Era una inquietud más profunda sobre la capacidad de la universidad para comprender el tiempo que está viviendo.

Durante décadas, la educación superior ha operado bajo la idea de que su estructura puede absorber cualquier cambio tecnológico sin alterarse en lo esencial.

Pero la inteligencia artificial no es un cambio marginal. Es una transformación que atraviesa la forma en que se produce el conocimiento, se distribuye y se aprende.

Mientras en buena parte de América Latina seguimos discutiendo si la inteligencia artificial debe entrar o no al aula, China ya se mueve en otro plano. Allí, la inteligencia artificial está integrada en aplicaciones cotidianas, servicios, comercio, transporte y educación. El Estado impulsa su desarrollo y acelera su adopción. Para 2025, cerca del 42,8 por ciento del país habría incorporado inteligencia artificial generativa, con una meta de penetración del 90 por ciento hacia 2030. La iniciativa AI Plus busca extender su uso a sectores estratégicos como la salud y la energía.

El dato relevante no es solo la expansión tecnológica, sino la estructura que la sostiene. China está produciendo y reteniendo talento a gran escala. Por primera vez, más trabajos presentados en la principal conferencia mundial de inteligencia artificial tuvieron autores principales radicados en China que en América o Europa.

Además, una proporción creciente de los investigadores más influyentes trabaja en instituciones chinas. No es solo desarrollo. Es consolidación.

¿Puede la universidad seguir enseñando como si la inteligencia artificial fuera externa cuando ya redefine la manera en que los estudiantes aprenden e interactúan con el conocimiento o debe aceptar que su función no es resistirla sino integrarla con criterio antes de perder relevancia?

La respuesta no pasa por abandonar el modelo tradicional, sino por someterlo a prueba. La clase magistral no es obsoleta, pero puede volverse insuficiente si se mantiene intacta frente a un entorno que cambia aceleradamente. Los estudiantes no han dejado de querer aprender. Han cambiado la forma en que procesan la información.

En ese punto aparece la idea del profesor avatar. No como sustituto, sino como extensión. Un avatar durante quince minutos dentro de una clase de cuatro horas puede explicar, introducir o sintetizar desde otra lógica. Puede romper la continuidad sin eliminar la presencia del profesor y demostrar que el conocimiento puede expresarse en distintos formatos sin perder profundidad.

La propuesta no pretende imponerse. Pretende ensayarse. La universidad no pierde nada al experimentar. Gana la posibilidad de decidir con base en la experiencia y no en el prejuicio.

El profesor que hizo esa propuesta soy yo, al interior de una clase de Derecho de la Competencia.

Le pasó en las últimas semanas a Gonzalo Plata, que estuvo en el centro de cuestionamientos por su situación en Flamengo. No es la primera vez -y probablemente no será la última- que nos enteramos de episodios de indisciplina de su parte. Le pasó antes a Gonzalo Valle. Y antes, a Kendry Páez. La sentencia social es inmediata: “borracho”, “tiene más noches que Batman”, “asesino”, “delincuente”. Siempre habrá un jugador que se convierta en blanco -ocasional o permanente- para que un sector de la hinchada o de la opinión pública decida convertirlo en símbolo de todo lo que está mal.

El problema es que no somos mejores que ellos. El nivel de juicio que se les impone proviene de una sociedad que no logra exigirse colectivamente estándares mínimos en ningún ámbito -institucional, cívico, profesional- pero que se vuelve implacable cuando se trata de sus futbolistas. Una sociedad alcoholizada acusa a sus jugadores de borrachos. Un país agotado descarga su frustración desde el sofá, a través de redes sociales, sin tener la menor idea de lo que implica el alto rendimiento deportivo.

El espectáculo me resulta repugnante. A las puertas de un Mundial, además, cuando lo que necesitan nuestros jugadores es enfoque. Desde referentes como Pacho o Caicedo, hasta los cuestionados como Plata o Kendry, estos futbolistas no solo nos representan porque llevan la camiseta sino porque vienen de nuestras calles, de nuestras canchitas de tierra, de nuestras casas. Si bajamos el dedo acusador, veremos que este grupo encarna un mensaje extraordinario: Ecuador puede competir, medirse de tú a tú con los mejores del mundo y soñar en grande a pesar de la adversidad. Cada jugador es uno en dos mil, extraordinario, con su luz y con su oscuridad.

Según la RAE, adolescente significa “Que está en la adolescencia”: joven, muchacho, chico, púber, etc. Pero, según la página web Clínica de la Familia, la adolescencia es “la etapa de transición crítica entre la infancia y la edad adulta”. Como bien puede colegirse, la adolescencia es un momento evolutivo: una etapa de transición que arranca desde la pubertad y culmina en la edad adulta; un puente entre dos momentos del crecimiento de la persona humana. Es una etapa de búsqueda y de definiciones que caracterizarán más adelante al individuo, quien en ese momento no es aún un producto culminado.

Madurez, según la RAE, es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aun no se ha llegado a la vejez; según la citada página: Buen juicio o prudencia, sensatez. Aquí sí hablamos de un momento culminante, de un haber alcanzado y logrado metas, como el desarrollo -si no total, al menos significativo- de las capacidades personales. Hablamos de una llegada, de un punto definido y claro.

Los términos no se contraponen, más bien se suman; se requieren como escalón para alcanzar esa etapa de desarrollo humano para la cual nos preparamos y formamos. Obviamente, no son sinónimos ni deben utilizarse con ligereza. En el lenguaje coloquial se habla a veces de ‘niño maduro’ o ‘púber maduro’, lo que puede generar confusión en los legos. En esos casos, lo que se quiere expresar es que el niño o el púber cumplen su desarrollo evolutivo acorde con su edad cronológica y con lo esperado en su progreso normal; pero esto no supone que hayan alcanzado una madurez total, real y definitiva.

No juguemos con los términos. Dejemos que el ser humano decida, sí, pero cuando tenga en sus manos todas las posibilidades y capacidades para no errar o arrepentirse de su voluntaria decisión.

Alrededor del 80 % de la cocaína a nivel mundial se moviliza en contenedores que viajan junto a productos legales, aprovechando economías de escala y volumen. Este flujo sostenido mantiene precios relativamente estables en los mercados de destino. El 20 % restante se transporta mediante lanchas rápidas (’go-fast’) y semisumergibles, tradicionalmente más visibles y, por tanto, más vulnerables. 

El problema es que los contenedores continúan saliendo contaminados. En Ecuador, esto se explica en parte por la naturaleza de su oferta exportadora: productos perecibles que requieren transporte en contenedores refrigerados (’reefers’) y tiempos de despacho acelerados. La presión logística reduce los márgenes de inspección, mientras que la creciente sofisticación de las redes criminales ha trasladado progresivamente la contaminación hacia el interior de los puertos y las cadenas logísticas.

Como ha señalado la especialista en crimen organizado Anna Sergi, en Rotterdam, el puerto más avanzado de Europa en términos de inversión y tecnología, apenas se escanea cerca del 15 % de la carga. En Italia, puertos clave como Génova y Gioia Tauro operan entre el 3 % y el 5 %.

En Ecuador, la opacidad es mayor. No hay cifras consolidadas sobre la capacidad de escaneo, aunque estimaciones del sector sugieren que apenas se inspecciona el 0,03 % de la carga. No es solo un vacío técnico, sino un sistema donde el volumen supera el control. Con 24,14 muertes diarias en 2026, la violencia deja de ser anomalía: es la consecuencia de una logística capturada donde la impunidad viaja al ritmo de los contenedores.

Pero parece que no se trató de un acuerdo por USD 20 millones, ni que los contratos hayan sido solo por Quevedo y Salitral. Por lo menos así surge de otra demanda, planteada también en diciembre de 2025, pero nada menos que por la propia Astrobryxa en contra de Progen, en una Corte Estatal del Condado de Polk, también en Florida (caso 2025-CA-005087), en la que afirma que su contrato “de servicios” del 2 de agosto de 2024 incluía un tercer proyecto, el de Catamayo, y que el valor total acordado a cambio fue de USD 38,5 millones, de los cuales solo le habían sido pagados, en números redondos, USD 14 millones.

No es detalle menor que, según la referida demanda, por pedido expreso de Progen los pagos tendrían que efectuarse en los Estados Unidos en lugar de Ecuador. “Para atender esta solicitud, Astrobryxa constituyó una entidad con sede en Estados Unidos, Astrobryxa LLC, con el único propósito de abrir una cuenta bancaria doméstica para recibir los pagos”.

Así que hay ahí más información para que la Fiscalía pueda indagar quiénes terminaron siendo los receptores finales de esos USD 14 millones por los “servicios” de Astrobryxa, pues existiendo evidencias de que habrían sido depositados en cuentas bancarias en Estados Unidos, perfectamente se puede activar las asistencias penales internacionales, y más aún cuando nuestras relaciones con las autoridades estadounidenses están en apogeo.

Las ventas externas de camarón -que son la mejor demostración del empuje privado- llegaron a 8.401 millones de dólares en 2025, superando a las exportaciones de hidrocarburos de 7.750 millones. El cacao sumó 4.184 millones. El banano, 4.063 millones. Enlatados de pescado, 1.848 millones. Y flores, 1.045 millones. Las exportaciones no petroleras habrían sido las que contribuyeron en mayor grado al crecimiento del 3,5 % del PIB en 2025.

La apertura de la economía con la celebración de varios acuerdos comerciales ha facilitado e incentivado la participación de antiguos y nuevos empresarios -varios muy pequeños- en los nuevos mercados. Las exportaciones a los países de la Unión Europea, que sumaron 7.237 millones de USD en 2025 (23 % del total de exportaciones no petroleras), incluyeron las ventas de pequeños negocios industriales y agrícolas.

Pero, este dinamismo, que se traduce en resultados muy positivos, tiene un freno en las deficiencias de infraestructura cuya competencia corresponde al sector público. Así, la inseguridad y la contaminación de droga en los puertos de embarque implican riesgos y gastos adicionales al exportador. La escasez y desconfianza en el servicio eléctrico obliga al empresario a destinar cuantiosos recursos a la adquisición y operación de grupos de emergencia. El mal estado de carreteras y otras vías también generan costos adicionales.

El sector público está en deuda con el desarrollo del país, que demanda acciones concretas para superar las dificultades.

La jurisprudencia romana justificaba el suicidio asistido por razones de enfermedad y sufrimiento y el Digesto no lo consideraba punible, si la cobardía o la evasión de las deudas no era la causa, a diferencia del derecho medieval, que lo prohibía sin excepción siguiendo a los escolásticos. La cuestión es dónde se levanta la frontera entre la órbita del legislador y el fuero individual, donde cada cual manda soberano y asume las consecuencias. ¿Dónde se traza la línea que da al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios? ¿Hasta dónde el canon moral, religioso o laico -no acaba de convencerme una moralidad sin origen superior, pues la separación entre el bien y el mal sería fruto de la moda intelectual, puro convencionalismo-, debe traducirse en prohibiciones del derecho positivo?

En lo personal no creo que el hombre tenga derecho natural a poner fin a su vida, salvo que su prolongación no sea posible sin medios extraordinarios, distinción que ya perfiló Benedicto XVI. Pero el debate equivocaría el meollo si apuntara al valor de un canon moral, cuando lo que debe discutirse es el límite de la ley humana. Se violentaría la libertad por su raíz sobrenatural si el Estado se convirtiera en tutor moral de las personas o se atribuyera la competencia de censurar o interferir, si no impactan el derecho de otros, en sus decisiones de conciencia, que para eso hay otros tribunales en el más allá. Y nadie, mucho menos la mayoría a través de una asamblea legislativa, debería tener derecho sobre la vida de otro o su terminación.

Si bien nos podemos preparar para ser padres leyendo, preguntando y aprendiendo, no es hasta que lo eres que descubres lo que ese rol demanda. Ser padre requiere la ingrata tarea de enseñar todo lo que sabes para un día volverte innecesario. Ser padre requiere ponerse en segundo plano para que sean nuestros hijos quienes nos superen algún día.

Reemplacemos en el párrafo anterior todas las palabras que dicen ‘padre’ por ‘líder’ y tiene el mismo efecto. Ser líderes, con o sin nombramiento, necesita que cambiemos esa idea anticuada que tenemos del liderazgo: ese liderazgo en el que todo depende de una persona, donde si no está nada funciona, y si no recuerda o motiva, las personas no se mueven. Por el contrario, un buen liderazgo requiere que demos luz como un faro para que los botes puedan navegar hacia sus distintos destinos, seguros y acompañados.

El verdadero liderazgo también requiere una mágica combinación de humildad y narcisismo. Humildad entendida como el reconocimiento de que no siempre se tiene la razón ni todo el conocimiento, y de que se necesita de otros para llegar al objetivo. Y una pequeña dosis de narcisismo, porque no queremos líderes que no se crean capaces. Todos queremos ver a un líder que tiene la seguridad de haberse preparado y de contar con la experiencia para cumplirlo. Esa combinación es la que permite movilizar a todos hacia un sueño, y que sean sus seguidores quienes movilicen los recursos hacia el cambio. Un líder orquesta el sonido perfecto entre todos los instrumentos, dando la pauta de cuándo entra uno u otro, o cuándo suenan todos juntos. Igual que en la tarea de ser padre, un líder va conociendo a su equipo, va aprendiendo de los desafíos que cada etapa conlleva, y siempre habrá espacio para mejorar.

Eso duró poco. En marzo de 1845, una revolución originada en Guayaquil, capitaneada por José Joaquín Olmedo, logró la expulsión del presidente Flores y su camarilla. Se derogó la Constitución de 1843 y se acabó este sometimiento a los municipios.

Mucha agua corrió desde entonces bajo el puente del subdesarrollo. Por décadas, el Gobierno central tuvo demasiada injerencia en la gestión de los municipios y en la aprobación de sus ordenanzas, pero eso cambió con la entrada en vigor del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) el 2010. Desde entonces, los municipios obtuvieron la garantía de su autonomía política, administrativa y financiera para la gestión de su territorio y la aprobación de sus ordenanzas.

Hasta ahora. Con el gobierno de Noboa regresó un proyecto centralizador del Estado. De manera similar a 1843, el Gobierno central somete a los municipios a controles exagerados y los coloca al servicio de los deseos y desvaríos de la Presidencia de la República.

La ley reformatoria del Cootad, aprobada el 20 de febrero por la Asamblea Nacional y diseñada para restar recursos a los municipios, impone gravosos controles del Ministerio de Economía y Finanzas sobre su gasto. So pena de pérdida económica, ellos solo pueden gastar en ciertos ítems del Clasificador Presupuestario elaborado por ese ministerio, que se refiere a obras físicas e inversiones a largo plazo. Es la pérdida de la autonomía financiera.

Este lunes se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs) para introducir la desnaturalización de un órgano de control (la Superintendencia de Ordenamiento Territorial) y la potestad de la Presidencia de la República para determinar el desarrollo urbano de los municipios vía la figura del Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Desde un escritorio en Quito se determinará el crecimiento de territorios que no se conoce. Es la pérdida de las autonomías política y administrativa.

En la ley reformatoria a la Lootugs es claro que su enfoque principal es la preeminencia del interés particular por sobre el interés general (evidente por la eliminación del “carácter público” del derecho a edificar y por la redacción tan atropellada de los “derechos adquiridos”).

Es fácil anticipar que la reforma no busca el desarrollo integral de los territorios del Ecuador. ‘Cui bono?’ (¿quién gana?), se preguntaba en los pasillos de Roma. La preeminencia del interés particular debería dar una respuesta elocuente a esta pregunta hasta para el más despistado.

Este proyecto centralizador y perverso del Estado únicamente puede ser detenido por la Corte Constitucional, cuando conozca de esta colección de desvaríos y vulneraciones de derechos que son la esencia de las leyes aprobadas por una servil, rastrera Asamblea Nacional.