Industrias rechazan la limitación para participar en la generación electrica nacional
El Gobierno planeaba comprar energía a las empresas privadas locales, pero una sentencia de la Corte Constitucional lo limita
El sector industrial del país ha expresado su rechazo a la sentencia de la Corte Constitucional que impide al Estado ecuatoriano concesionar a la empresa privada servicios de energía eléctrica para su aporte al sistema eléctrico nacional.
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“Esta decisión es grave para el país, pues pone en riesgo el suministro eléctrico, afecta la competitividad y amenaza con el retorno de los apagones, impactando directamente en las familias ecuatorianas, en la producción y en el empleo”, menciona en un comunicado la Cámara de Industrias y Producción (CIP).
El pasado 5 de enero, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció el impulso de proyectos eléctricos para adjudicar 2.100 MW y licitar tres grandes proyectos a empresas privadas, como estrategia del Gobierno para aumentar la capacidad firme del sistema eléctrico ecuatoriano.
Esto, porque el Estado no cuenta con los recursos financieros ni la capacidad técnica inmediata para cubrir el déficit de generación y rehabilitar infraestructura eléctrica deteriorada. Es así que el Gobierno decidió concesionar a la empresa privada para que aporte energía al sistema eléctrico nacional, a través de su infraestructura eléctrica.
La sentencia de la Corte Constitucional
No obstante, la Corte declaró inconstitucional una parte de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) que permitía concesionar a privados “por interés público, colectivo o general”, porque consideró que esa causal era demasiado amplia y no cumplía con el carácter excepcional que exige la Constitución en sectores estratégicos como la energía.
Ante la negativa, la reacción de los gremios empresariales no se ha hecho esperar. La Cámara de Comercio de Quito, también a través de un comunicado, mencionó que, si bien la norma presenta ambigüedades, el pronunciamiento limita la participación del sector privado y afecta la inversión necesaria para fortalecer el sistema energético del país.
“Esta resolución genera impedimentos en un momento en el que Ecuador requiere soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad y eficiencia del abastecimiento eléctrico, así como el desarrollo de un sector estratégico para la productividad y el crecimiento económico”, menciona en su comunicado.
Quien también pronunció su rechazo fue el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) que indicó en su escrito que Ecuador necesita construir un camino de prosperidad que brinde oportunidades a sus ciudadanos, por lo que el trabajo mancomunado entre el sector público y privado debe promoverse y alentarse. “No permitamos que apreciaciones restrictivas coarten nuestro futuro. El sentido común y la voluntad de salir adelante deben primar en el análisis que realice toda entidad”.
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