AMC suspende construcción ilegal en Quito y retiene retroexcavadora
La maquinaria era usada para levantar un proyecto residencial sin permisos municipales en Chillogallo, sur de Quito
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) y agentes de la Policía Nacional suspendieron el movimiento de tierras ilegal y retuvieron a una retroexcavadora que realizaba esa tarea durante una construcción sin permisos municipales en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito.
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Durante una inspección, los funcionarios municipales constataron que la maquinaria removía grandes volúmenes de tierra, cuya intervención generaba riesgo para más de 10 predios vecinos, en un terreno donde, según la publicidad instalada, se proyectaba levantar un proyecto urbanístico.
Intervención y retención de maquinaria
La AMC había recibido la denuncia sobre este caso hace un año, colocó previamente los sellos de suspensión de la obra e inició los procedimientos de sanción.
Sin embargo, al verificarse que las labores de remoción continuaban, se procedió al traslado de la retroexcavadora a los patios de la Estación de Transferencia Sur de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS), para garantizar la seguridad del lugar y el cumplimiento de la normativa.
Riesgos de construcciones ilegales
Jhon Taipe, líder zonal de la AMC en Quitumbe, explicó que “no se puede intervenir un predio sin contar con los permisos ni los estudios técnicos correspondientes, mucho menos cuando esta acción pone en riesgo a las viviendas aledañas”.
Taipe advirtió que este tipo de trabajos pueden provocar deslizamientos de tierra, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el suelo presenta mayor inestabilidad.
Multas y sanciones por violar la normativa
Según el Código Municipal, remover tierras sin la autorización correspondiente implica sanciones de entre 50 y 100 salarios básicos unificados, equivalentes a entre 24.100 dólares y 48.200 dólares.
El Municipio de Quito recuerda a la ciudadanía que cualquier intervención de este tipo debe contar con permisos municipales y estudios técnicos previos para prevenir daños a predios colindantes, impactos ambientales y riesgos para la seguridad de los moradores.
