Navarro: Fallos inoportunos y crisis energética golpean la confianza para invertir

El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Juan Carlos Navarro, cuestionó el reciente fallo de la Corte Constitucional y la discusión que se generó en torno a la inversión privada, al considerarla innecesaria e inoportuna, en un momento en el que el país atraviesa una frágil situación económica y una crisis energética latente.

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En una entrevista con Teleamazonas, Navarro señaló que reabrir un debate sobre una resolución emitida hace cuatro años solo provocó incertidumbre en el sector productivo, cuando Ecuador necesita señales claras de estabilidad y confianza. “Estamos viviendo una situación energética compleja, esperando que no se profundice el estiaje para poder mantener niveles óptimos de producción y que el país salga adelante. No había necesidad de generar esta discusión ahora”, afirmó.

Aunque la Corte aclaró posteriormente que no existe una prohibición a la inversión extranjera y que se trató de una mala interpretación tras la eliminación de una cláusula, el daño —según el empresariado— ya estaba hecho. Para Navarro, la pregunta es inevitable: si era tan sencillo, ¿por qué tuvo que aclararse después? “Eso demuestra que se creó una incertidumbre completamente innecesaria”, sostuvo.

El líder empresarial advirtió que este no es un hecho aislado. Las discrepancias recurrentes entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo han ido debilitando la confianza de inversionistas locales y extranjeros. “Vivimos en una inseguridad jurídica generalizada y, lo más grave, es que la estamos normalizando”, alertó.

Como presidente del CEE y de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Navarro asegura recibir de forma constante consultas de potenciales inversionistas que preguntan si es seguro invertir en Ecuador. “Sí se puede invertir, pero la seguridad jurídica hay que ir peleándola, esperando que no cambien las reglas del juego a mitad del camino”, dijo.

Desde el sector empresarial se insiste en la necesidad de reformas estructurales que garanticen la estabilidad de los contratos de inversión, tomando como referencia modelos como el peruano, donde la Constitución protege la vigencia de los acuerdos durante todo su plazo. “Aquí cambia el gobierno y quieren cambiar contratos firmados hace años con otras reglas. Eso no puede ser”, subrayó Navarro.

El Gobierno asegura que no habrá apagones

A esta preocupación se suma el panorama energético con el que arranca 2026. Aunque el Gobierno ha reiterado que no habrá apagones, el sector productivo sigue dependiendo de las lluvias y del nivel de los embalses. Si bien se reconoce que ha existido gestión, la dependencia de la generación hidroeléctrica continúa siendo un riesgo estructural.

Las grandes industrias han podido avanzar en procesos de autogeneración parcial, pero las pequeñas y medianas empresas enfrentan serias limitaciones técnicas y financieras. “No todas las empresas pueden invertir de un plumazo en generación 24/7. Son inversiones muy grandes”, explicó el dirigente empresarial.

En medio de esta coyuntura, varias empresas y centros comerciales han activado planes de autogeneración por al menos dos horas diarias para aliviar la carga del sistema eléctrico. Hasta el 16 de enero, algunos centros comerciales en Quito iniciaron estos procesos, combinándolos con medidas de eficiencia y ahorro energético.

Sin embargo, los costos son elevados. La autogeneración depende del uso de diésel premium, con consumos aproximados de 20 galones por hora, lo que incrementa significativamente los gastos operativos. “Es más caro no tener energía, pero no todas las empresas pueden asumir ese impacto”, reconocen los administradores de los centros comerciales.

Desde el Gobierno, la ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó el envío de un nuevo articulado a la Presidencia para reformar la Ley de Energía y reiteró que no habrá apagones. Además, aclaró que la autogeneración privada no se prohíbe y que incluso se contempla comprar energía a privados, como ya se hace con Colombia.

No obstante, el escenario sigue siendo complejo. La reciente declaratoria de desierto del proceso de contratación emergente de 260 MW en Pascuales, tras la falta de garantías del consorcio adjudicatario, vuelve a evidenciar las dificultades para fortalecer la oferta energética del país.

Para el sector empresarial, la salida pasa por reglas claras, flexibilidad normativa, apertura real a la inversión privada y un diálogo más efectivo con el Gobierno. “Queremos apoyar, queremos invertir, queremos generar empleo, pero necesitamos que nos escuchen”, concluyó Juan Carlos Navarro.

El mensaje es contundente: sin seguridad jurídica ni estabilidad energética, la competitividad del país seguirá en riesgo, pese a los esfuerzos del sector privado que, una vez más, sostiene buena parte de la economía nacional.

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