Comisión de Educación aprueba informe para segundo debate de reforma a la LOES
Con 10 votos a favor, la comisión aprobó el informe para segundo debate y recomendó al Pleno archivar el proyecto de reforma
La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y resolvió recomendar su archivo. La decisión se adoptó con el voto favorable de los diez asambleístas presentes. El documento será remitido a la Presidencia del Legislativo para que el Pleno lo conozca. La recomendación se sustenta en observaciones técnicas y constitucionales.
El informe analiza el proyecto unificado de reforma a la LOES y recoge aportes técnicos y jurídicos presentados durante el proceso. Tras el debate de las distintas iniciativas, la Comisión concluyó que la propuesta no responde de manera estructural a los principales desafíos del sistema. Tampoco fortalecería su rol estratégico en el desarrollo nacional. Por ello, planteó que el Pleno decida su archivo.
Entre los argumentos centrales consta que la iniciativa no ofrece soluciones de fondo sobre autonomía universitaria, financiamiento sostenible, calidad y pertinencia académica. Además, mantiene un enfoque fragmentado entre universidades públicas y particulares. A criterio de la mesa legislativa, el texto no garantiza coherencia normativa. También advierte posibles vulneraciones a principios constitucionales.
Autonomía universitaria y posibles choques constitucionales
En materia de autonomía, el informe señala que, aunque el proyecto invoca este principio, “en la práctica lo supedita a instancias de regulación, control y evaluación”. Según la Comisión, esto podría limitar la autodeterminación académica, administrativa y financiera. La observación se sustenta en una posible tensión con el artículo 355 de la Constitución y con la jurisprudencia constitucional. Además, no incorpora de forma transversal los principios de plurinacionalidad e interculturalidad.
Respecto a la admisión y al financiamiento, el documento advierte que la política de nivelación propuesta condiciona su aplicación a recursos ya asignados en los presupuestos universitarios. Esto, según el análisis, podría afectar la sostenibilidad y la capacidad de gestión de universidades y escuelas politécnicas. La Comisión considera que no se establecen mecanismos claros para garantizar recursos adicionales. El riesgo, apunta, es comprometer la estabilidad financiera institucional.
El informe también cuestiona que el proyecto no fortalezca de manera clara la participación efectiva de la comunidad universitaria. Tampoco, indica, garantiza plenamente los derechos de estudiantes y docentes. Se observa además un trato diferenciado en la reelección de autoridades entre instituciones públicas y particulares. Esto podría vulnerar el principio de igualdad de oportunidades.
Digitalización y brechas en educación superior
En el análisis de los desafíos contemporáneos, la Comisión sostiene que la iniciativa no aborda con suficiencia los retos de la digitalización y el desarrollo tecnológico. Tampoco plantea medidas concretas para asegurar un acceso equitativo e inclusivo en un contexto de acelerado avance científico. La falta de previsiones claras, señala el informe, limita la capacidad del sistema para adaptarse a nuevas exigencias. El documento advierte que esto debilita la planificación estratégica.
Además, se indica que el proyecto no establece mecanismos verificables que aseguren recursos adecuados para las instituciones públicas. Esta omisión, según el texto, comprometería la garantía efectiva del derecho a la educación superior. La Comisión considera que no se cumplen estándares de coherencia normativa ni de pertinencia sistémica. Por ello, concluye que la propuesta es inviable.
