Asamblea busca frenar el uso de uniformes oficiales en delitos: Así va la reforma

El análisis del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública sigue su curso en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. En la última jornada, la mesa legislativa recibió los criterios técnicos de delegados de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional para blindar la propuesta reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Alertas sobre la duplicidad penal

Dayana Encalada, representante de la Fiscalía General, advirtió la necesidad de precisar el texto para no generar "ruido" jurídico. Según la funcionaria, existen conductas en la reforma que ya están tipificadas en el COIP, por lo que sugirió que el enfoque se centre en determinar cuándo el uso de indumentaria oficial agrava un delito y genera un mayor perjuicio a la seguridad pública.

Bajo esta lógica, instó a los asambleístas a revisar con lupa el Capítulo Sexto del código vigente, referido a los delitos contra la estructura del Estado, para evitar que la nueva ley se convierta en un espejo innecesario de normativas que ya se aplican.

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Control de fabricación y logística

Por su parte, la coronel Doris Viteri Paspuel, directora de Logística de la Policía Nacional, aportó una visión operativa al debate. Propuso que el alcance de la ley no se limite a militares y policías, sino que se extienda a los cuerpos de seguridad penitenciaria y de aduanas.

Viteri planteó una solución de fondo para el descontrol de prendas oficiales: la creación de una empresa pública o una alianza público-privada encargada de la dotación exclusiva de implementos. Esta entidad facilitaría el rastreo de la fabricación y la entrega anual de uniformes, evitando que piezas originales o réplicas exactas terminen en manos de estructuras delictivas.

Además, la oficial destacó que la Policía ya gestiona 14 registros de propiedad industrial y tiene otros ocho en trámite, sugiriendo que la ley debe considerar plazos de protección no menores a 10 años y evaluar el impacto económico que estas regulaciones tendrían en el presupuesto estatal.

Ajustes técnicos en marcha

Tras escuchar las comparecencias, la mesa legislativa dispuso que todas las observaciones sean enviadas formalmente para que el equipo técnico las procese. La meta es depurar el documento e incorporar las sugerencias que fortalezcan la eficacia de la ley antes de su votación en el pleno.