Transportistas reportan pérdidas de hasta $2.000 por restricción en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva

A siete meses de la entrada en vigencia de la restricción horaria para vehículos de carga pesada en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, el debate sigue abierto. 

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Mientras el Municipio de Quito sostiene que la medida ha permitido reducir la siniestralidad y salvar vidas, los transportistas aseguran que las limitaciones han generado pérdidas económicas millonarias, retrasos logísticos y afectaciones a la productividad nacional.

La restricción comenzó el 1 de enero de 2026 en horario matutino, entre las 06:00 y las 10:00, y desde el 1 de abril se amplió a la franja vespertina, de 16:00 a 20:00. Desde entonces, gremios del transporte pesado han cuestionado la decisión y mantienen acciones legales para intentar su derogatoria.

Impacto en la operación logística

Luis Felipe Vizcaíno, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, reconoce que la medida ha contribuido a disminuir sinioestros de tránsito, pero sostiene que el impacto sobre la operación logística es significativo. 

“La logística trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana. Con esta restricción se limita aproximadamente ocho horas de operación, lo que representa una afectación cercana al 30% de la actividad logística”, explicó.

Según el dirigente, la situación golpea especialmente a los transportistas que aún no han logrado obtener salvoconductos para circular durante los horarios restringidos. Detalló que un tráiler que factura alrededor de 7.500 dólares mensuales podría registrar pérdidas cercanas a los 2.000 dólares al mes debido a las limitaciones operativas.

Aunque destacó la coordinación existente con las autoridades para agilizar la entrega de permisos, insistió en que aún existen miles de transportistas de otras provincias que enfrentan dificultades para acceder a los salvoconductos.

Vizcaíno también considera que la seguridad vial debe abordarse de manera integral. Entre las medidas pendientes mencionó la implementación de más señalización, iluminación en sectores críticos, pasos peatonales elevados, reductores de velocidad técnicamente diseñados y espacios seguros para el transporte público y de carga

Faltan zonas adecuadas para estacionar

Una postura más crítica mantiene Jorge Pérez, presidente de la Unidad de Transporte Pesado, quien asegura que la afectación económica es incluso mayor a la reportada por otros representantes del sector.

De acuerdo con sus estimaciones, alrededor de 1.700 unidades vinculadas a operaciones logísticas que ingresan al Distrito Metropolitano enfrentan restricciones que generan pérdidas por tiempos de espera y retrasos en las entregas.

Pérez señaló que un vehículo que transporta contenedores desde Guayaquil puede registrar pérdidas de entre 500 y 600 dólares diarios debido a las horas en las que permanece detenido sin poder ingresar o salir de la ciudad.

“El problema no es solamente la restricción. Es que no existen zonas adecuadas para estacionar, áreas logísticas ni infraestructura que permita desarrollar las operaciones mientras se espera la apertura de los horarios”, afirmó.

El dirigente cuestionó además la falta de estudios técnicos que, a su criterio, justifiquen plenamente la medida. Recordó que el sector presentó una acción de protección y se encuentra a la espera de un pronunciamiento judicial que podría definir el futuro de la restricción.

¿Cuáles son los resultados de la restricción?

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Washington Martínez, defendió la medida al asegurar que los resultados muestran una reducción de siniestros en los corredores donde se aplican los controles.

Según datos de la entidad, en la avenida Simón Bolívar se registraron:

En la Ruta Viva la reducción fue más evidente: mientras en 2025 se reportaron tres siniestros con ocho heridos y dos fallecidos, durante el mismo periodo de este año no se registraron accidentes ni víctimas vinculadas a transporte pesado.

“Para nosotros la prioridad es salvar vidas”, sostuvo Martínez, quien añadió que la medida no busca restringir el trabajo del sector sino reducir los riesgos en vías consideradas de alta complejidad.

El funcionario informó además que durante el primer semestre de 2026 se emitieron 7.176 salvoconductos para vehículos que cumplen los requisitos establecidos y que más de 2.300 conductores fueron sancionados por incumplir las restricciones.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, respaldó la continuidad de la medida y aseguró que ya se ejecutan acciones complementarias. Entre ellas mencionó el reforzamiento de la señalización y la próxima intervención de cinco puntos críticos de la Ruta Viva, cuyos estudios concluirán en julio para iniciar obras de rehabilitación en agosto.

No obstante, reconoció que la construcción de playas de estacionamiento o islas de descanso para transportistas no forma parte de la planificación inmediata del Municipio debido a los altos costos que representan.