¿Desde cuándo se intervendrá la Ruta Viva y cuánto durarán las obras de rehabilitación?

La apuesta del Municipio para recuperar, rehabilitar y ampliar la Ruta Viva mediante una alianza público-privada (APP) quedó oficialmente descartada. La suspensión del proceso provocó cuestionamientos en el Concejo y, para los ediles de oposición, se trata de un ofrecimiento más que el alcalde, Pabel Muñoz, no cumplió.

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Tras la suspensión, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) asumirá la intervención integral de la vía que conecta el aeropuerto y el valle de Tumbaco con Quito. Según el cronograma oficial, los trabajos concluirán recién en 2028.

La Ruta Viva, construida hace más de 12 años y utilizada a diario por más de 80.000 vehículos, enfrenta un acelerado deterioro de su estructura, con múltiples puntos críticos donde se concentran siniestros de tránsito y problemas de seguridad vial.

¿Por qué se canceló el proyecto?

El secretario de Movilidad, Álex Pérez, explicó que la comisión encargada de analizar el informe presentado por la empresa privada concluyó que el proyecto no era viable bajo la modalidad APP. Entre las principales razones consta que el valor actual neto social resultó negativo.

“Bajo la normativa de APP, si el valor actual neto es negativo no se puede desarrollar el proyecto bajo esta modalidad”, sostuvo el funcionario. Añadió que el denominado “valor por dinero preliminar” también evidenció la inconveniencia de ejecutar la obra mediante asociación público-privada.

A eso se suma una tercera conclusión: para que el proyecto fuera financieramente rentable se requerían aportes municipales tanto para la inversión inicial como durante el horizonte de operación. Según Pérez, esos tres elementos sustentaron la resolución para cancelar el proceso.

La comisión también determinó que la información entregada por la empresa privada “no estaba completa ni era adecuada”, por lo que se ejecutará una póliza de garantía.

Cuestionamientos desde el Concejo

Sin embargo, las explicaciones no convencieron a varios concejales, quienes cuestionaron tanto el fondo de la decisión como la falta de transparencia alrededor del proceso. Michael Aulestia aseguró que el Concejo no ha recibido el informe técnico completo que motivó la terminación de la APP y sostuvo que el secretario de Movilidad no tenía la competencia para cerrar el proceso.

“Quien declaró el proyecto de interés público fue el Concejo y era el Concejo quien debía determinar si el proceso avanzaba o no a la siguiente etapa”, afirmó. A su criterio, la resolución podría “carecer de eficacia” y derivar en posibles nulidades.

Aulestia también cuestionó otros aspectos que, según dijo, no han sido aclarados. Entre ellos mencionó licencias de construcción otorgadas en predios que debían ser expropiados para la tercera fase de la Ruta Viva, así como cambios normativos de edificabilidad introducidos en 2025 que habrían modificado las condiciones del proyecto y elevado los costos de inversión para el sector privado.

Otro de los temas observados fue la ausencia de una explicación clara sobre el mecanismo de recaudo que permitiría recuperar la inversión privada. “Hemos perdido un año y medio”, dijo el edil.

A las críticas se sumó el concejal Andrés Campaña, quien señaló que la cancelación de la APP refleja una nueva promesa incumplida de la administración de Pabel Muñoz.

Campaña lamentó que gran parte de la documentación sea confidencial. “No conocemos el contenido del informe que presentó la empresa privada y eso abona a la poca transparencia del proceso”, dijo.

Recordó que la expectativa de inversión ascendía a $ 621 millones proyectados a 30 años y advirtió sobre el impacto que este desenlace puede tener en la seguridad jurídica y la confianza de futuros inversionistas.

Para Campaña, uno de los principales problemas fue la demora por parte del Municipio en adoptar medidas inmediatas de mantenimiento. Afirmó que la falta de intervención oportuna derivó en daños vehiculares, aumento de siniestros y pérdidas de vidas humanas.

Este es el cronograma planteado por Epmmop

Desde 2014, la Ruta Viva no ha recibido mantenimiento integral. Por ese deterioro, en marzo de 2025 Muñoz defendía la necesidad de impulsar una APP como mecanismo para financiar la rehabilitación.

Ahora, con el modelo descartado, la Epmmop asumirá la intervención. El gerente Jorge Campoverde dio detalles del cronograma que incluye tres etapas, pero no los recursos que se destinarán ni de dónde saldrá el dinero.

La primera fase contempla intervenciones en cinco puntos críticos identificados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): los kilómetros tres y cuatro, la curva de Yanazarapata, los kilómetros cinco y seis, el ocho y nueve y el puente del Chiche.

En esos puntos se realizará el cambio de carpeta asfáltica, mantenimiento vial, limpieza de áreas verdes, recuperación de iluminación y reposición de señalización horizontal y vertical.

Los estudios arrancarán entre mayo y julio, mientras que las obras comenzarán en agosto de este 2026 y se extenderán hasta marzo de 2027.

La segunda etapa será la rehabilitación integral de los 12,7 kilómetros de la vía. Se incluyen estudios definitivos, posibles cambios geométricos y la reconstrucción total de la estructura del pavimento. La ejecución está prevista entre junio de 2027 y mayo de 2028.

Paralelamente se trabajará en una tercera fase que busca implementar un modelo público de financiamiento y operación similar al de la avenida Oswaldo Guayasamín, administrada por la Epmmop, mediante el cobro de peaje. Este esquema requerirá de reformas para establecer mecanismos de recaudo.

Una inversión millonaria

Vinicio Marroquín, especialista en infraestructura vial, señala que el principal problema de la Ruta Viva es el deterioro estructural de la capa de rodadura, lo que obliga a una reconstrucción completa del pavimento.

“El trabajo implica retirar toda la estructura dañada, colocar nueva base, subbase y asfalto. Sería una inversión millonaria”, explicó.

Según el experto, además del reemplazo del pavimento se requiere renovar señalización, mejorar accesos, controlar velocidades y aplicar sistemas tecnológicos de monitoreo para reducir la siniestralidad en una de las arterias más transitadas de Quito.