Transporte en Quito: Gremio plantea reforma al modelo de gestión y esquema tarifario

Hasta $ 8.000 como compensación por unidad de transporte y una tarifa de $ 0,40 forman parte de la propuesta de ordenanza que analiza la Comisión de Movilidad del Concejo para el sistema de transporte público en Quito. 

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El proyecto, enviado por el alcalde Pabel Muñoz, plantea un incremento del pasaje condicionado al cumplimiento de mejoras operativas, aunque con estándares distintos a los intentados en administraciones anteriores.

La Comisión de Movilidad deberá elaborar el informe para el primer debate en el pleno del Concejo Metropolitano. Según la propuesta, el nuevo esquema tarifario entraría en vigencia desde enero de 2027, siempre que los operadores cumplan requisitos de modernización y mejora del servicio.

Requisitos tecnológicos y operativos

Entre las condiciones establecidas constan la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en un plazo máximo de ocho meses, la adopción de pagos digitales mediante la Tarjeta Ciudad, códigos QR o cédula, y la instalación de sistemas de gestión de flota e información para usuarios.

También se contempla la certificación obligatoria de conductores, la incorporación de cámaras de seguridad en las unidades, el fortalecimiento de canales de atención ciudadana, controles e inspecciones adicionales, así como mayores mecanismos de fiscalización operativa.

Sin embargo, varios de estos elementos ya fueron incluidos en la Ordenanza 017-2020, cuya aplicación no llegó a concretarse.

Compensación económica y costo del esquema

El proyecto incluye una compensación económica de hasta $ 8.000 por unidad, sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos. En total, el esquema representaría aproximadamente $ 20 millones.

El secretario de Movilidad, Álex Pérez, defendió la propuesta y afirmó que las nuevas herramientas tecnológicas permitirán mejorar la supervisión del sistema. Según explicó, las plataformas permitirán monitorear en tiempo real aspectos como:

Debate en el Concejo y revisión normativa

El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, señaló que el proceso legislativo recién inicia y que se han solicitado informes técnicos a la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y otras entidades municipales. 

Estos deberán ser entregados en un plazo de ocho días, tras lo cual se instalarán mesas de trabajo para la elaboración del informe que será conocido en el primer debate.

Garrido enfatizó que cualquier incremento tarifario estará condicionado al cumplimiento de indicadores de calidad. No obstante, cuestionó la Ordenanza 017-2020 al considerar que estableció mecanismos de difícil aplicación, posteriormente modificados en 2022.

“Se planteó como una solución para el transporte, pero terminó generando más problemas. Era una normativa poco aterrizable”, señaló.

Transportistas cuestionan el modelo

Desde el sector transportista, las observaciones apuntan a que ni el aumento del pasaje a $ 0,40 ni la compensación económica resuelven los problemas estructurales del sistema.

Jorge Yánez, representante del gremio, sostiene que el principal problema es la falta de un cambio en el modelo de gestión. Actualmente, explica, los operadores dependen del número de pasajeros transportados para generar ingresos, lo que incentiva la competencia en las vías en lugar de la mejora del servicio.

En ese contexto, el gremio propone que los contratos de operación se basen en indicadores de desempeño. Entre ellos, la disponibilidad de buses, el cumplimiento de frecuencias, horarios y tiempos de viaje.

Según esta visión, el costo por kilómetro estaría garantizado y el usuario percibiría una mejora efectiva en el servicio.

La propuesta también contempla la creación de un fondo de equilibrio tarifario y un fideicomiso global administrado por la autoridad del sistema. Estos mecanismos permitirían, mediante tecnología, asegurar el respeto a las tarifas reducidas y facilitar una migración progresiva de rutas hacia el nuevo modelo.

“Sin cambio de modelo, el sistema seguirá igual”

Yánez advierte que en Quito resulta prácticamente inviable una tarifa técnica de $ 0,65. Aunque el marco legal establece que la tarifa debe ser socialmente justa, cuestiona quién asumiría la diferencia entre ese valor técnico y lo que paga el usuario.

“Por eso, si no cambiamos el modelo de gestión, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso: sube la tarifa, pero el servicio no mejora”, advirtió.

Los transportistas prevén participar en el proceso legislativo a través de la figura de silla vacía y presentar formalmente su propuesta de reforma ante la Comisión.

Posturas políticas y críticas al modelo vigente

En el Concejo Metropolitano también existen críticas. El concejal Wilson Merino recordó que la Ordenanza 017-2020 condicionó el incremento tarifario al cumplimiento de estándares de calidad que, según indicó, nunca se alcanzaron.

Por ello, sostuvo que cualquier discusión sobre un nuevo ajuste del pasaje debe estar necesariamente vinculada a mejoras verificables para los usuarios.

Merino planteó además la necesidad de avanzar hacia un sistema integrado de movilidad e incluso abrir el debate sobre una eventual municipalización del transporte. Asimismo, propuso incorporar estándares internacionales como la norma ISO 39001, relacionada con la seguridad vial y la gestión de calidad en el transporte.