Regulación del cannabis en Ecuador: Claves del proyecto que debate la Asamblea

El camino hacia una regulación integral del cannabis en Ecuador alcanza una instancia decisiva. Este martes, 7 de abril, el Pleno de la Asamblea Nacional someterá a votación el informe de admisibilidad de la propuesta de iniciativa popular que busca normar tanto el uso medicinal como el de adultos. Para que el proyecto avance al siguiente filtro legislativo, se requiere el respaldo de al menos 77 asambleístas, en una sesión que medirá el pulso político sobre un tema que combina salud pública y seguridad.

Los vacíos en la regulación del autocultivo

Uno de los puntos medulares —y más polémicos— de la propuesta es la despenalización del autocultivo. El articulado permite que cada ciudadano mayor de edad mantenga hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal. No obstante, la comisión técnica de calificación ha encendido las alertas sobre la falta de especificidad en este apartado. El informe advierte que no está claro si el límite se aplicará por individuo, por domicilio o mediante un registro nacional, una ambigüedad que podría derivar en duplicidades o vacíos legales complejos de fiscalizar.

Clubes cannábicos y restricciones etarias

El proyecto establece una línea roja clara: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica. En contraste, para los adultos, la normativa abre la puerta a la creación de asociaciones o "clubes". Estas agrupaciones estarían facultadas para la investigación, el almacenamiento y la comercialización del producto derivado del autocultivo, bajo las cantidades y parámetros que se definan en un futuro reglamento.

Un nuevo ente rector bajo control presidencial

De aprobarse la ley, la arquitectura estatal sumaría una nueva pieza: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis. Esta entidad autónoma asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva, desde la importación y el cultivo hasta la distribución. La propuesta otorga al presidente de la República la potestad de designar al director ejecutivo de este instituto, concentrando en el Ejecutivo la responsabilidad de vigilar que la transición hacia un mercado regulado cumpla con el objetivo de reducir el mercado ilegal y los índices de criminalidad asociados.

El rigor formal de la propuesta popular

Impulsada por Cristian Albuja desde agosto de 2025, la iniciativa consta de 23 artículos que, según la comisión legislativa, cumplen con los requisitos de forma: unidad de materia, exposición de motivos y carácter orgánico. Superado este primer debate en el Pleno, el proceso se trasladará al Consejo Nacional Electoral (CNE). El ente rector del sufragio tendrá la tarea de verificar que el proyecto cuente con el respaldo de firmas equivalente al 0,25 % del registro electoral antes de que el texto regrese a la mesa de tratamiento parlamentario.

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