Los errores de Fiscalía ponen en peligro la teoría de Triple A: las debilidades de la acusación

Según testigos que asisten a las audiencias del caso Triple A en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la fiscal Ruth Amoroso se ha quebrado emocionalmente en al menos dos ocasiones. Es decir, dos veces la fiscal no ha podido ocultar su frustración y decepción al comprobar, durante el proceso, que en la investigación y el armado del caso que hizo el fiscal general, Carlos Alarcón, se cometieron errores que podrían terminar en la nulidad del proceso. Su impotencia y frustración durante las audiencias han hecho que, en varias ocasiones, según cuentan los testigos, Amoroso haya dicho: “Yo no hice esto, sino el fiscal Alarcón”. Evidentemente, Amoroso no quiere cargar con los errores de Alarcón que, para muchos analistas, pueden ocasionar el fracaso del caso.

La atribulación de Amoroso es perfectamente entendible: si el caso es declarado nulo o simplemente se desmorona ante los jueces, que son quienes tendrán que decidir, estaría derrumbándose uno de los procesos más fuertemente auspiciados y respaldados por el gobierno de Daniel Noboa, cuyos operadores han hecho sus mayores esfuerzos para controlar, a su favor, al Poder Judicial. Se trata de un caso que tiene un peso político específico: terminar con la carrera política de quien lucía como la principal amenaza a la supremacía electoral, a nivel nacional, del gobiernismo.

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Si bien el caso Triple A tiene que ver con la comercialización ilegal de combustibles, en realidad su verdadera relevancia para el Gobierno es política. Aquiles Álvarez, sin haber sido hallado culpable porque aún no existe siquiera una sentencia, ha sido sometido a las más brutales condiciones que un preso de alta peligrosidad puede soportar. Mientras se procesa con una rigurosidad jamás vista a Álvarez por su supuesta participación en la comercialización ilegal de combustibles, cientos de miles de dólares al día se pierden por robos al poliducto entre Esmeraldas y Quito, con conocimiento de las autoridades y complicidad de muchas de ellas, porque no se hace absolutamente nada.

Los cuatro errores de la Fiscalía en la investigación contra Aquiles Álvarez

Los quiebres de Amoroso se deben, por lo menos, a cuatro errores garrafales en este proceso, que ella heredó del fiscal Carlos Alarcón. El principal error que ha cometido la Fiscalía consiste en la confusión, durante el proceso, entre dos empresas distintas, una de las cuales no tiene nada que ver con el caso. La situación es la siguiente: la Fiscalía procesó a la empresa Copedesa S. A. utilizando como sustento facturas que corresponden a otra empresa: Gasgroup Copedesa S. A., que es una compañía distinta y no forma parte del proceso penal. Para uno de los abogados de Álvarez, César Poveda, es como si estuvieran procesando a Pepe cuando quien cometió el delito fue Jorge. Y como en derecho penal la responsabilidad es personal, ya sea de una persona natural o jurídica, como ocurre en este caso, si no es la misma empresa procesada, aunque tengan nombres parecidos, el proceso se cae. Aquiles Álvarez debería salir mañana mismo de la cárcel, sostiene el abogado.

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¿Qué significa que se haya cometido ese error? ¿Por qué se hizo algo tan garrafalmente equivocado? Según Ramiro García, también abogado de Álvarez, esto significa “que nunca entendieron el caso, que no sabían ni a quién procesaban, que actuaron con odio y negligencia al armar la acusación y que, en síntesis, no tienen nada. Por el apuro de perseguir, hicieron todo mal”. Según García, el caso Triple A “ha sido tan mal armado, que hoy se acaba de dar cuenta la Fiscalía de que procesó a la persona jurídica equivocada. Imputó a Copedesa S. A. por facturas de Gasgroup Copedesa S. A., la cual ni siquiera se encuentra vinculada a este proceso”.

Testigos y peritos debilitan la acusación del caso Triple A

A estas equivocaciones se suman otras dos que son igualmente errores de bulto. Uno de ellos está relacionado con la empresa Indudiesel. Durante todo un día, la audiencia se centró en uno de los testigos de la Fiscalía. Se trataba de un funcionario de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Este funcionario analizó supuestos registros de clientes realizados en 2020 y 2021. ¿Cuál era el problema? Que Indudiesel recién empezó a funcionar en 2022, cuando recibió los permisos de operación. Es decir, la Fiscalía hizo un papelón monumental.

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Otro tropiezo de la Fiscalía durante este proceso ocurrió cuando presentó a su primer perito de cargo (así se denomina, en términos judiciales, al profesional experto designado por la parte acusadora). Para sorpresa de la Fiscalía, que evidentemente no estaba bien enterada del tema, el perito dijo que las conductas de las empresas de Álvarez analizadas durante el proceso son básicamente administrativas y que es ante un tribunal administrativo, y no penal, donde debe debatirse y sancionarse el caso. La Fiscalía y los acusadores trataron entonces de contradecir a su propio perito, haciendo nuevamente un papelón.

En otra ocasión se presentó el testimonio de una funcionaria de la Contraloría que elaboró un informe técnico en el que establece supuestas irregularidades. Reconoció que hizo el informe en la Fiscalía, que nunca contrastó la información ni requirió documentación a los investigados. La funcionaria de la Contraloría, entonces, dejó muy mal parada a la parte acusadora, es decir, a la fiscal Ruth Amoroso, quien recibió toda la información y la argumentación de Alarcón.

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¿Cómo es posible que un fiscal general haya cometido errores tan burdos y que se los haya heredado a la fiscal Ruth Amoroso? La explicación parece ser sencilla: Alarcón es tan servil con el Gobierno que acepta todo lo que le dicen, sin contrastar ni estudiar. Por todo eso, tanto papelón.