Seccionales 2026: ¿Por qué los asambleístas deben renunciar si son candidatos?
Con el nuevo calendario electoral aprobado por el CNE, la inscripción de candidaturas serán hasta el 17 de agosto de 2026
El panorama electoral en Ecuador se aclara con las nuevas directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ante el avance del calendario para las elecciones seccionales 2026, surge una duda crítica para las autoridades actuales: ¿quiénes están obligados a dejar su cargo para buscar una alcaldía o prefectura? El Código de la Democracia es tajante sobre los pasos adicionales y los plazos fatales para los legisladores que aspiran a nuevos retos políticos, especialmente en un contexto de suspensiones partidistas y movimientos estratégicos en la Asamblea Nacional.
El plazo definitivo para la inscripción de candidaturas
El nuevo calendario aprobado por el CNE establece el 17 de agosto de 2026 como la fecha límite improrrogable para la inscripción de candidaturas. Hasta ese día, los precandidatos elegidos en procesos de democracia interna deben formalizar su solicitud. Sin embargo, para los asambleístas y otras autoridades de elección popular, el reloj corre más rápido debido a las exigencias legales de la Ley Electoral.
Renuncia obligatoria según el Código de la Democracia
De acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia, cualquier autoridad que pretenda postularse para un cargo diferente al que ocupa actualmente debe renunciar obligatoriamente antes de presentar su inscripción. Esto implica que:
- Asambleístas que busquen ser alcaldes, concejales o prefectos deben dimitir.
- La renuncia debe hacerse efectiva a más tardar el 17 de agosto de 2026.
- El incumplimiento de este paso invalida automáticamente la solicitud de inscripción ante el CNE.
El complejo escenario de la Revolución Ciudadana
Organizaciones como la Revolución Ciudadana ya han perfilado a varios de sus legisladores para las seccionales del 29 de noviembre de 2026. No obstante, el correísmo enfrenta una crisis jurídica tras ser suspendido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), debido a una denuncia por presunto lavado de activos presentada por el fiscal Carlos Alarcón.
Esta situación ha provocado movimientos preventivos, como el de la asambleísta Paola Cabezas, quien optó por desafiliarse para asegurar su participación por otra plataforma política, cumpliendo así con los rigurosos requisitos del sistema electoral ecuatoriano.
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