La militarización de la seguridad vuelve a ponerse a prueba en Guayas

Guayaquil vuelve a recurrir a una estrategia ya conocida para enfrentar la violencia: la militarización de la seguridad. Con la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas en mayo de 2026, el Gobierno busca recuperar el control territorial en la provincia que concentra los mayores índices de violencia del país.

La nueva estructura está integrada por alrededor de 2.000 efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y tiene como objetivo fortalecer las operaciones contra las organizaciones criminales que operan en la provincia.

La experiencia previa de la militarización en Guayaquil

No es la primera vez que el Estado implementa una estrategia de este tipo. En agosto de 2022, tras el atentado con explosivos en Cristo del Consuelo, el Gobierno desplegó una fuerza conjunta integrada por militares y policías.

Durante ese periodo se realizaron miles de operativos, se decomisaron armas y se reportó una reducción de ciertos delitos en algunos sectores de la ciudad. Sin embargo, los efectos fueron limitados en el tiempo y la violencia volvió a incrementarse una vez finalizadas las medidas extraordinarias.

El desafío de recuperar el control territorial

Especialistas en seguridad sostienen que el escenario actual es más complejo debido a la evolución de las estructuras criminales.

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Carlos Paredes, experto en seguridad, señala que existen zonas donde el Estado ha perdido presencia efectiva y donde grupos criminales ejercen control territorial. Según su análisis, la recuperación de esos espacios requiere algo más que operativos militares.

Para Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad, las acciones desplegadas hasta ahora no muestran la contundencia necesaria para generar cambios sostenibles en los niveles de violencia.

El oficial en servicio pasivo recuerda el caso de Esmeraldas, donde una Fuerza de Tarea Conjunta logró reducir temporalmente los índices delictivos. Sin embargo, advierte que, cuando no existen políticas de desarrollo y fortalecimiento institucional posteriores, la violencia reaparece.

El problema del postoperativo

Uno de los principales cuestionamientos a la estrategia es la falta de acciones complementarias una vez concluidas las operaciones militares.

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Expertos coinciden en que la presencia de las Fuerzas Armadas puede contener la violencia en el corto plazo, pero difícilmente transforma las condiciones sociales, económicas e institucionales que favorecen el crecimiento de las organizaciones criminales.

La eliminación de redes de vigilancia ilegal o la captura de integrantes de bandas puede afectar temporalmente la capacidad operativa de estos grupos, pero no garantiza una reducción permanente de los delitos.

Falta de indicadores para medir resultados

Otro punto crítico es la ausencia de metas públicas e indicadores que permitan evaluar el desempeño de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas.

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Jean Paul Pinto, experto en seguridad y prospectiva, considera que la estrategia carece de parámetros claros para medir su efectividad y eficiencia.

Según el especialista, el Gobierno no ha definido públicamente cuáles serán los objetivos específicos ni cómo se evaluarán los resultados obtenidos. Esta ausencia de métricas dificulta determinar si los recursos invertidos están produciendo los efectos esperados.

Para Pinto, sin indicadores verificables y metas previamente establecidas resulta complejo evaluar el verdadero impacto de la militarización en la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Guayas.