Las disculpas públicas por la desaparición de los cuatro de Las Malvinas son históricas

La ceremonia en la que el Estado ecuatoriano ofreció disculpas por su participación en la tortura y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas no fue un acto menor. En realidad, fue un hecho simbólicamente muy significativo, aunque no haya tenido una difusión más amplia en el aparato mediático del Gobierno ni esto signifique que se haya hecho, al menos por ahora, una reparación integral a las familias de las víctimas.

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Y si bien fue un gesto de extraordinaria importancia, también es cierto que el Gobierno de Daniel Noboa no ha actuado con responsabilidad política durante el año y medio transcurrido desde que los niños fueron cobardemente asesinados, pues el principal responsable político de lo ocurrido, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sigue en su cargo porque ni la Asamblea ni el presidente han sido capaces de entender el significado de la responsabilidad política de un funcionario frente a la sociedad.

La ceremonia se realizó el jueves 4 de junio en un lugar de gran visibilidad pública: el Hemiciclo de la Rotonda, ubicado en el malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil. Es decir, en un lugar emblemático de la historia del país. Allí, por disposición de la Corte Constitucional, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauricio Salazar, leyó el texto previamente redactado por la Corte. Un texto de inmenso significado porque en él el Estado admitió que incumplió su obligación de proteger a las víctimas.

Este es el texto de disculpas ordena por la Corte

El texto dice: “Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia 1732-25-EP/26, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana comparece ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente.

La noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE los privaron ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad, los sustrajeron de la protección de la ley y los colocaron en absoluta indefensión, incumpliendo el deber de proteger su vida, su libertad y su dignidad.

El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, como era su obligación, y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”.

Loffredo arrastra una mancha

La Corte también señaló que las disculpas ofrecidas previamente por el entonces ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no cumplían adecuadamente la finalidad reparadora porque no reconocían la responsabilidad institucional del Estado y podían resultar revictimizantes.

La relevancia de lo que leyó el oficial no es poca cosa. Al menos hay cinco elementos implícitos de enorme significado:

La importancia de lo ocurrido radica en que, aunque existen antecedentes de disculpas públicas del Estado por violaciones a los derechos humanos, esta ocasión responde a una disposición de la Corte Constitucional con características que la distinguen de otras. Lo excepcional es que la Corte Constitucional, el más alto tribunal del país, haya declarado directamente una desaparición forzada. Esto ocurre, además, en un contexto en el que cada vez aparecen más denuncias de desaparición de jóvenes.

El texto también es relevante porque atribuye la responsabilidad del hecho al Estado e impone una declaración específica que reconoce que patrullas militares privaron ilegalmente de la libertad a las víctimas. En la práctica, el acto no fue una disculpa genérica por una vulneración de derechos, sino un reconocimiento institucional de una de las violaciones más graves contempladas por el derecho internacional.

Otro elemento excepcional es que la Corte Constitucional no se limitó a ordenar un acto de disculpas. La sentencia estableció el contenido que debía leerse y dispuso que el acto se realice en el lugar determinado por los familiares de las víctimas.

También es importante destacar otros aspectos: que la Corte Constitucional declare una desaparición forzada, que identifique a agentes militares como responsables de la privación de libertad, que ordene disculpas públicas en nombre del Estado y que haya sido la propia Corte la que redactó el texto leído durante la ceremonia.

La sentencia también llegó cargada de contenido político. El Gobierno de Daniel Noboa protegió siempre al principal responsable político de la tragedia, Gian Carlo Loffredo, y desde sus entrañas se orquestó una cruel campaña mediática en contra de la imagen de los cuatro niños y de sus familias. Se trató de posicionar la falsa y perversa idea de que las víctimas eran delincuentes.

Incluso, Loffredo amenazó a la jueza Tanya Loor con impulsar sanciones en su contra por haber aceptado el recurso de habeas corpus presentado por las familias de los cuatro niños.

Es por esto, y por muchas razones más, que lo ordenado por la Corte constituyó una suerte de bofetada institucional al Gobierno por la actitud que ha mantenido frente a este caso.