El caso Malvinas y el negocio de la difamación en las redes

La tarde del primero de mayo, la tragedia volvió a azotar a la familia Arroyo Ayoví, en el sur de Guayaquil. Su hija, Adriana, con 21 años de edad, fue víctima de un asesinato como tantos que ocurren día a día en el país. 

Ella falleció siendo tan solo diez años mayor que su hermano Steven. En diciembre de 2024, él fue víctima, junto a otros tres menores de edad, de lo que los tribunales ecuatorianos han determinado fue una desaparición forzada en el trágicamente famoso caso denominado como de Las Malvinas, por el nombre de su barrio de origen. Los cuerpos de los cuatro fueron hallados semanas después, calcinados, en plena víspera de Navidad.

El caso adquirió relevancia no solo por la corta edad de las víctimas y por la forma inenarrablemente cruel en la que acabaron con sus vidas, sino también por lo incómodo que se volvió para el Gobierno, dado que fueron miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana quienes detuvieron arbitrariamente y luego trasladaron sin justificación hacia otro cantón a los cuatro menores.

Noboa y la referencia a los niños

Tan solo un día antes de la aparición de los cuerpos, durante una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa respondió a las preguntas sobre las investigaciones en torno al caso de manera confusa, asegurando al final que le había pedido a una comisión inexistente que nombrara a Steven, Josué, Nehemías e Ismael como “héroes nacionales”. 

En esa misma entrevista también se mencionó la visita que hiciera el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, a las familias de las jóvenes víctimas, lo que fue duramente criticado por el presidente como una supuesta politización del caso.

Más allá de lo cuestionable o no de la visita del legislador, un caso como este, que involucró a militares en medio de lo que el Gobierno llamaba un ‘Conflicto Armado No Internacional’, no podía ser otra cosa sino político, porque esos uniformados iban por las calles como agentes del Estado, y sus actos reabrieron el debate sobre la decisión del Ejecutivo de declarar una guerra interna. La presencia de los militares en las calles había sido puesta en entredicho.

La respuesta del Gobierno ante el caso

El Gobierno tomó una dura postura pública, jugando agresivamente a la defensiva, sosteniendo que no se podía responsabilizar al Estado y tratando de cubrir reputacionalmente a las Fuerzas Armadas a cualquier costo. Ese mismo 23 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró en otra radio, sin pruebas, que los cuatro de Las Malvinas habían sido detenidos en respuesta a una denuncia por robo, hecho posteriormente desmentido por la prensa. 

Cerca de dos semanas después, ante la orden de una jueza exigiéndole disculpas por los hechos al Estado, el mismo ministro prefirió responder con amenazas. Encima, las autoridades empezaron a empujar la teoría de que los cuatro menores habían sido víctimas de una banda local, tratando de eximir de esa forma a los militares de lo peor de las responsabilidades y desviar la atención pública.

Mientras el Gobierno tropezaba tratando de manejar la crisis comunicacional derivada del caso, otra campaña, todavía más agresiva, fue llevada a cabo en las sombras. Publicaciones difamatorias empezaron a esparcirse por las redes sociales y terminaron en un sinnúmero de grupos de conversación. Se acusó falsamente a la madre de una de las víctimas de ser activista de la RC y se trató de desdibujar la memoria de los propios niños, pintándolos de pandilleros (como si esa mentira de alguna manera hubiera podido justificar las atrocidades cometidas contra ellos). 

Sospechosamente, también se impulsó por medio de bulos versiones parecidas a las del Gobierno sobre la autoría del crimen.

Esa revictimización de las familias de los cuatro niños y la violación a su derecho a la honra no solo ha quedado hasta ahora en la impunidad, sino que continúa. Ya en el funeral de Steven y de las otras tres víctimas, el primero de enero de 2025, se esparció el rumor de que se escucharon disparos, lo que tuvo que ser desmentido por periodistas ahí presentes. Apenas dieciséis meses después, luego del velatorio de su hermana, la historia se repite. Otra vez la mentira de los disparos, esta vez con un video falso.

Es cierto que la política destila vileza y que las redes están llenas de usuarios que comparten gratuitamente tanto su odio como sus delirios.

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Sin embargo, quienes trabajan en la política reconocen que hay un “lado B”, granjas de troles que operan a cambio de dinero para lastimar a los enemigos de sus contratantes. ¿Qué han hecho las autoridades de control, el SRI y la UAFE, para rastrear ese dinero? Si tiene orígenes lícitos, su finalidad difícilmente lo es. ¿Tributan sobre sus ingresos quienes manejan esas cuentas y las alimentan de contendido gráfico? ¿Dónde está el control tan “habitual” y acucioso del Sr. Neira y compañía?