Independencia judicial y seguridad: los límites que no puede cruzar el Estado

Antes del combate contra el crimen, antes de cualquier cálculo político y por encima de toda conveniencia, está la ley. El Estado de derecho no admite excepciones ni privilegios, porque precisamente en su cumplimiento descansa la democracia. Cuando autoridades o ciudadanos creen que el fin justifica los medios, el camino hacia la arbitrariedad queda abierto.

Los riesgos de justificar acciones fuera del debido proceso

Las declaraciones imprudentes de ministros de Estado, en medio de procesos judiciales que involucran a autoridades locales y casos de alto impacto, evidencian un peligroso desprecio por la independencia de la justicia. Ningún funcionario tiene derecho a anticipar culpabilidades, presionar decisiones o utilizar el poder público para influir en causas sometidas al debido proceso.

La independencia judicial no puede ser vulnerada

La Constitución impone límites claros a quienes gobiernan. Nadie puede actuar fuera de la ley, ni destinar recursos públicos para fines distintos de los permitidos, ni pretender que la voluntad política sustituya a las normas. Tampoco puede procesarse a una persona por hechos que la ley no tipifica como delito o aplicar una ley en forma retroactiva.

Combatir la delincuencia y la corrupción es una obligación del Estado, pero hacerlo desconociendo las garantías legales destruyen la legitimidad de esa lucha.