Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

El contralor Mauricio Torres es famoso por hacerse el muerto. Los casos más malolientes pasan delante de sus narices y él aguanta la respiración: la compra de La Posta y Radio Centro por 2,6 millones de dólares a nombre de un asambleísta del oficialismo, Luis Alvarado Campi, que declaraba un patrimonio de 66 mil incluida su mediagua (porque no podía ser sino una mediagua); la fortuna de un millón de dólares amasada por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, durante el tiempo en que se ha desempeñado como servidor público, dizque con las ganancias de la escuelita de 400 estudiantes que posee en La Garzota; la descarada concertación de autoridades municipales, judiciales y de otros organismos del Estado con fines de tráfico de tierras en la provincia de Santa Elena… En todos estos casos Mauricio Torres nada ve, nada oye, nada sabe. O peor: todo ve, todo oye, todo sabe y todo calla.

Contralor: del silencio selectivo al escándalo contra Alí Lozada

Pero luego resulta que la señora Grimaneza Prado le hace un depósito de 900 dólares a su hijo, como cualquier madre que deposita dinero en la cuenta bancaria de un hijo sin tener que dar explicaciones a nadie. Sólo que en esta ocasión el hijo es el juez de la Corte Constitucional Alí Lozada. 900 dólares para cubrir una garantía de un contrato de arrendamiento que luego serán devueltos (o no) de la manera en que se acostumbra entre madres e hijos: de mutuo acuerdo. Y el señor Vicente Lozada, el padre, le transfiere 3.700 como parte de pago de un terreno. Misma cosa. O la esposa se deposita a sí misma 700 dólares en la cuenta que comparte con el marido. O lo que fuese. Entonces sí que se despiertan en Mauricio Torres todos los instintos del sabueso: olfatea a ras de suelo, aúlla en dirección al cielo, se le tensa la cola, se le arruga el hocico… ¡Indicios de responsabilidad penal!, clama, y envía a la Fiscalía el informe respectivo.

Y aquí es donde sucede lo que tenía que suceder: resulta que en algún lugar indeterminado de ese trayecto, entre la Contraloría y la Fiscalía, el tal informe cuya supuesta característica fundamental era su protección de reserva se filtra a la prensa gubernamental y se publica: doble página en Diario oficial recién comprado para tal efecto. Y de ahí, al resto de medios oficiales y oficiosos y a la legión de troles. En menos de 24 horas una campaña de desprestigio se toma las redes sociales. De eso se trata todo. Para eso se hizo este informe: para filtrarlo.

Porque vamos a ver: ni las remuneraciones recibidas de la Universidad O’Higgins de Chile, donde Lozada trabajó un año antes de asumir como juez constitucional; ni los gastos operativos del proyecto académico que desarrolló ahí, justificados por la Universidad (todo bancarizado y declarado); ni los rubros correspondientes a la AFP Plan Vital, un seguro privado de ese país; mucho menos las minucias ya anotadas de las transferencias de sus padres, todo lo cual suma los 25.700 dólares de “inconsistencia” que encuentra Contraloría y que la Fiscalía convierte, por arte de magia, en un caso de enriquecimiento ilícito sin que el aludido llegue a enterarse si no es por el periódico… Nada de eso parece tener la más mínima posibilidad de prosperar en una corte. Mucho menos si se considera que los jueces de la Constitucional tienen, como no podía ser de otra manera, fuero de Corte Nacional. Y que se necesitan los dos tercios de los votos del pleno de ese organismo para condenarlos. Una meta muy difícil de cumplir incluso considerando la reciente adscripción de Marco Rodríguez, (presidente de la Corte Nacional) y de la jueza Mercedes Caicedo (su candidata para usurpar la presidencia de la Judicatura) al lado oscuro de la fuerza.

Un informe filtrado, una campaña de desprestigio y el asedio a la Corte Constitucional

La pregunta, entonces, es obvia: ¿qué sentido tiene armar un informe chapucero, tejido de ridículas minucias y falsos indicios de responsabilidad penal, y justificar con él una investigación fiscal que a primera vista no lleva a ningún lado? Lo dicho: ese informe fue hecho, en primer lugar, para ser filtrado y publicado. Lo cual es ilegal, claro, pero cuando se es un diario del oficialismo las garantías de impunidad se dan por descontadas.

Con una dosis disimulada de amarillismo y la suficiente mala fe, la publicación del informe deja servida la mesa del escándalo ahí donde no hay ninguno. Ya se encargarán los troles y otras cuentas de redes sociales bajo contrato de amplificar (que para eso les pagan) los detalles más sórdidos. Por ejemplo: un incremento patrimonial de 302 mil dólares; una cuenta no declarada en el Banco Internacional… El diario oficial incluso dejó el señuelo de destacar alguno de esos datos con el formato de las cifras clave.

“No conozco los detalles pero si esto es cierto, alguna explicación deben”, tuiteó a propósito de esas cifras clave uno de aquellos troles a quienes la sabiduría de Umberto Eco tenía perfectamente identificados como “imbéciles de red social”. El hecho es que ni el incremento patrimonial (justificado por un matrimonio en comunión de bienes) ni la cuenta no declarada (abierta en 2001 y, desde entonces, con un registro de movimientos de cero dólares) son objeto de sospecha: nomás los 25.700 ya detallados, incluidos los 900 de la mamacita. Pero los “imbéciles de red social” son legión. Y a la hora de hacer cargamontón en redes, ¿quién se fija en los detalles?

Los de este caso (el incremento patrimonial, la cuenta bancaria no declarada) son inservibles desde el punto de vista procesal, por estar debidamente justificados. Pero como elementos de campaña sucia resultan utilísimos. Por eso es evidente que el informe se hizo para ser filtrado y el periódico gubernamental que lo publica se preocupa por poner precisamente esos detalles en la columna de los datos destacados. El resto corre por cuenta de los “imbéciles de red social”. Por lo demás, el procedimiento no es nuevo. Al diario oficial le hicieron lo mismo: filtrar un informe del SRI con supuestas pruebas de fraude fiscal (que luego se demostró fueron forjadas) y que la propia empresa no tuvo la oportunidad de conocer jamás.

De la campaña sucia al asalto a la Corte Constitucional con el apoyo de la Fiscalía

Estamos, pues, ante una campaña sucia (como aquellas que orquestaba Rafael Correa cada sábado) que no hace sino continuar con la ya iniciada en agosto del año pasado, cuando el propio Daniel Noboa cometió el exceso (inaudito para un presidente de la República) de encabezar una marcha contra la Corte Constitucional. En aquella ocasión, una triangulación de fondos públicos a través de una funcionaria de Carondelet sirvió para financiar las gigantescas vallas en las que se exhibía a los jueces y se los acusaba de “robarnos la paz”. Sólo que este nuevo capítulo de la campaña sucia tiene un componente adicional: la persecución penal.

Si los demás casos (porque a éste hay que sumar el del juez José Luis Terán y los seis que se vienen, contra otros tantos jueces de la Corte Constitucional, según adelantó nuestro contralor sabueso) resultan ser tan chapuceros como el que le están montando a Alí Lozada y terminan oportunamente filtrados a los medios noboístas, como cabe esperar, entonces nos encontramos ante una estrategia que parte de la campaña de desprestigio para justificar con ella el asalto al último organismo de la institucionalidad democrática de la República que el gobierno aún no controla. No importará lo ridículo de las acusaciones o las pocas perspectivas de éxito que tengan en la Corte Nacional. Basta con provocar un escándalo suficiente para justificar allanamientos, prisiones preventivas, medidas de hecho que sustituyan a los jueces. Todo eso por no hablar de la presión que estas amenazas conllevan con respecto a casos que ya han llegado hasta la Corte: el disparatado adelanto de las elecciones, por ejemplo. O, en el caso del juez Terán, la resolución pendiente sobre el ilegítimo nombramiento de Carlos Alarcón como fiscal del Estado (no sólo no cumple los requisitos básicos para ocupar el cargo, sino que fue nombrado arbitrariamente por el Consejo de la Judicatura de Mario Godoy, cuando la autoridad nominadora es el CPCCS). Ahora resulta que el juez ponente que debe resolver sobre la constitucionalidad del nombramiento del fiscal está siendo investigado por el propio fiscal, que bien podría solicitar su prisión preventiva para ajustar las tuercas.

Campaña sucia a través de la prensa oficialista; chantaje judicial a cargo de un fiscal de origen ilegítimo; manipulación de los organismos de control para amedrentar a los jueces… Y lo que es peor: uso del Derecho Penal para controlar el último organismo democrático que sigue en pie. Tras el golpe de estado a la Judicatura, el control absoluto de un CPCCS presidido por un fantoche con un rabo de paja de aquí a Roma, la compra del CNE y la artera traición del presidente de la Corte Nacional a los principios democráticos, la toma de la Corte Constitucional aparece como la última acción de un golpe de Estado gradual en desarrollo.

• SEÑALADOS

La Contraloría General del Estado examinó declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada y José Luis Terán.

• TRASFONDO

Los informes de Contraloría son una continuación de la campaña sucia iniciada en 2025, cuando el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha contra la Corte.

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