Cerco penal sobre los jueces de la Corte Constitucional se activa
Contraloría halla montos sin sustento de Alí Lozada y José Luis Terán: la Corte advierte "entorno de presiones"
La Contraloría y la Fiscalía cercan el patrimonio de dos jueces de la Corte Constitucional. Se tratan de Alí Lozada y José Luis Terán, investigados por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que auditorías a sus bienes y cuentas, correspondientes al periodo entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2025, revelaran presuntas inconsistencias.
El pasado 19 de marzo, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, abrió una investigación previa contra Lozada. El monto observado por la Contraloría asciende a $25.732. La entidad sostiene que los documentos de descargo presentados no explican con suficiencia el origen de estos recursos.
Lozada entregó facturas para justificar. Por ejemplo, del monto total, $18.805,05 provienen de sus actividades académicas en la Universidad de O’Higgins de Chile. Otros $1.382,90 corresponden a pagos de un plan de seguridad social privado, que es obligatorio tenerlo en ese país debido a las retenciones para fondos de pensiones.
El informe también señala como inconsistencia una cuenta no declarada en el Banco Internacional; sin embargo, un certificado bancario aclara que dicha cuenta se abrió en 2001, tiene saldo cero y no registra movimientos en los últimos cinco años.
Juez Terán y las observaciones de la Contraloría
En cuanto al juez Terán, el monto que la Contraloría considera no justificado es de $ 70.794. Según el informe filtrado al diario El Universo, las principales observaciones se centran en la recepción de $ 54.304 en cuatro cuentas bancarias locales sin el respaldo documental necesario, además de pagos a tarjetas de crédito por $13.576. Terán también remitió documentos de descargo alegando que los fondos provienen de su ejercicio profesional libre, pero la auditoría mantiene sus conclusiones.
Ninguno de los dos jueces ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el inicio de la investigación penal. El proceso se adelanta en el despacho de Alarcón, quien actualmente concursa para la titularidad de la Fiscalía y delegó las diligencias investigativas a la agente Judith Bonilla Estrada.
Nadie se hace responsable por la filtración
A través de la red social X, Alí Lozada cuestionó la filtración de un informe que goza de reserva legal y que aún no recibe formalmente. “Exijan al señor Contralor (...) que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado. Esto, en cualquier país decente, es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de esa institución”, fustigó el magistrado.
Sobre el fondo del examen, Lozada calificó los montos y argumentos de la CGE como “ridículos”. Aseguró que la nota de prensa evidencia que justificó todo documentalmente, pero que a la Contraloría “le faltan papeles o sellos”.
Terán, en cambio, ha optado por el silencio. Sin embargo, este Diario conoció que recién la tarde de este 1 de abril de 2026, la Fiscalía le notificó con el inicio de la investigación, mientras que la Contraloría aún no le notifica con el resultado del examen a sus declaraciones patrimoniales.
Contraloría dice que no filtró información reservada
La Contraloría emitió un comunicado en el cual asegura que no entregó información a la prensa y que desconoce el origen de la filtración. “La labor de la entidad no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política”, reza el documento. No obstante, el organismo no desmintió la existencia de las investigaciones ni las determinaciones contra los jueces.
EXPRESO solicitó a la Fiscalía información sobre si investigará la difusión de información de circulación restringida incluso desde sus propias oficinas, pero la institución no respondió. Este delito está tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), penas de uno a tres años de cárcel.
Otros jueces en la mira
El cerco a la Corte Constitucional no se detiene aquí. La Contraloría avanza con la aprobación de informes patrimoniales de otros magistrados: Claudia Salgado, Karla Andrade y el actual presidente de la CC, Jhoel Escudero Soliz.
Tras hacerse público estos hechos, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que advierte con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025, que podría afectar la autonomía judicial.
El organismo enfatiza que toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso y la independencia de funciones. Subraya que los jueces han atendido todos los requerimientos institucionales, pero exige que estas acciones de control se conduzcan con “el más alto rigor técnico” y respeto a las competencias constitucionales.
- Preocupación. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, ha advertido sobre hostigamientos a la CC.
