RC exige respuestas a la Contraloría por presunta investigación a jueces de la Corte
Legislador fija plazo y pide aclaraciones sobre divulgación digital de indagaciones sensibles en el país
Luis Fernando Molina, asambleísta por Pichincha de la Revolución Ciudadana, exigió al contralor general del Estado explicaciones por la difusión en redes sociales de presuntas investigaciones a jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. El hecho se conoció el 1 de abril de 2026 y apunta a una posible vulneración del principio de reserva.
La controversia surge tras la circulación de información sobre supuestas inconsistencias en declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada Prado y José Luis Terán. Según el legislador, estos datos forman parte de procesos que no debían hacerse públicos en esta fase.
Ante esto, Molina formalizó un pedido de información dirigido al contralor Xavier Mauricio Torres Maldonado. En el oficio solicita detalles sobre el origen de la filtración y las decisiones adoptadas dentro de la Contraloría.
Qué dijo Molina sobre la filtración de información
A través de su cuenta oficial de X, el asambleísta publicó un pronunciamiento directo cuestionando lo ocurrido. En su mensaje, advirtió una posible vulneración legal en el manejo de información reservada.
“Frente a la difusión en redes sociales de presuntas investigaciones de la Contraloría de Ecuador a dos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, en aparente vulneración del principio legal de reserva”, escribió.
En ese mismo mensaje, el legislador planteó tres preguntas clave al contralor:
- ¿Quién filtró información reservada?
- ¿La Contraloría levantó la reserva incumpliendo la ley?
- ¿Qué acciones concretas se ejecutan para identificar y sancionar a los responsables?
“No se puede tolerar estas acciones arbitrarias”, concluyó Molina en su publicación.
Qué información pidió el asambleísta a la Contraloría
En el documento oficial, Molina solicita un informe detallado sobre qué funcionario o autoridad dispuso la difusión de las investigaciones. También pide que se aclare si existió una orden superior para hacer pública esta información.
Además, requiere que la Contraloría explique si levantó la reserva de estos procesos y bajo qué sustento legal. En caso contrario, exige conocer las acciones adoptadas para identificar a los responsables de la filtración.
Entre los requerimientos, el legislador también pidió documentación de respaldo, incluyendo:
- Copias certificadas de correos electrónicos
- Informes internos relacionados al caso
- Documentos sobre el manejo de la información
- Registros de la cadena de custodia
El objetivo es verificar cómo se manejó la información y si se respetaron los protocolos establecidos.
Base legal sobre la reserva de información patrimonial
Molina sustenta su pedido en el artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas. Esta norma establece que la confrontación y examen de estas declaraciones tienen carácter reservado.
Según la ley, esta información solo pierde esa condición cuando la Fiscalía inicia una instrucción formal con indicios de responsabilidad penal. Antes de eso, su difusión podría constituir una infracción.
El legislador también menciona el principio de transparencia pasiva, que obliga a las instituciones públicas a responder solicitudes. Sin embargo, recalca que este principio tiene límites cuando existen disposiciones legales de reserva.
Plazo de respuesta y advertencia
Molina otorgó un plazo de diez días para recibir la información solicitada, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La respuesta deberá incluir respaldo documental completo. El asambleísta insistió en que este caso no puede quedar sin responsables y advirtió sobre la gravedad de una posible filtración de información reservada.
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