Gobierno plantea reformas para que la Policía recupere el control de la red vial nacional

El ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado, comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Durante la sesión, las autoridades sustentaron el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, una iniciativa que busca devolver a la Policía el control de la red vial estatal y facultar al Ejecutivo para intervenir en agencias municipales con sospechas de corrupción.

Según explicó Reimberg, la propuesta constituye una respuesta integral para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público mediante la consolidación de mecanismos normativos, operativos y tecnológicos que optimicen la capacidad de respuesta del Estado.

Cooperación y tecnología contra la delincuencia

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un programa de cooperación interinstitucional. Este mecanismo permitirá que la Policía Nacional acceda de forma inmediata y sin trabas administrativas a los sistemas de video y fotografía de los peajes en las distintas carreteras del país, facilitando la identificación y rastreo de vehículos implicados en actos delictivos.

La urgencia de esta medida radica en la necesidad de frenar la violencia en las denominadas "zonas calientes" de la red vial. El ministro detalló que la Policía actualmente tiene cobertura en el 81% de la red estatal, pero el objetivo es alcanzar el 100% para garantizar una vigilancia continua y efectiva.

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Delimitación de competencias viales

Para viabilizar este despliegue, el proyecto plantea modificar el artículo 30.1.A de la normativa vigente. La reforma propone que la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía asuma de manera exclusiva el control operativo en la red vial estatal, sus corredores arteriales y vías colectoras.

Esta competencia se ejecutará bajo un enfoque estricto de seguridad ciudadana, dejando a salvo las zonas urbanas que se encuentran bajo la jurisdicción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que ya cuentan con la facultad de control operativo.

La propuesta de ley se sustenta en tres pilares fundamentales para combatir la inseguridad y las irregularidades viales:

Bajo esta premisa, el Ejecutivo considera vital que las agencias de tránsito cantonales colaboren de manera obligatoria compartiendo información estratégica y registros visuales para facilitar el cruce de datos en investigaciones criminales.

Intervención contra la corrupción y monitoreo obligatorio

Asimismo, el proyecto abre la puerta legal para que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional intervengan directamente en las agencias de tránsito municipales donde se identifiquen alertas o sospechas de corrupción.

En el ámbito del transporte público y comercial, la reforma al artículo 79.1 de la Ley obligará a este sector a implementar sistemas de posicionamiento global satelital (GPS) integrados. Este monitoreo en tiempo real estará conectado a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y al ECU 911 para salvaguardar a los pasajeros y verificar el cumplimiento de los permisos de operación.

Adicionalmente, Reimberg advirtió que se endurecerán los controles y las cláusulas a las escuelas de conducción que no cumplan con los estándares requeridos: “Si queremos corregir la movilidad, las escuelas no pueden seguir funcionando de esa forma”, enfatizó.

El tránsito como fuente de financiamiento ilícito

Para justificar las intervenciones, el funcionario reveló graves distorsiones en los registros locales: existen cantones con un parque automotor de 8.000 vehículos que han matriculado cerca de 40.000 unidades. Estas anomalías facilitan que los automóviles terminen registrados a nombre de terceros para ser utilizados por estructuras delictivas, o que se altere información para tramitar préstamos fraudulentos en el sistema financiero.

El ministro recordó que el Gobierno mantiene un combate frontal contra las economías ilegales que sostienen a las agrupaciones delictivas, señalando que el sector del tránsito se ha convertido en un foco vulnerable. 

Finalmente, citó como precedentes las recientes intervenciones policiales en las agencias de Durán y Manta, reiterando que la reforma legal blindará estas acciones para corregir de raíz las irregularidades administrativas.