Caso Progen: La historia de una ingeniera de Celec que enfrenta prisión preventiva

Gabriela Toazo, ingeniera electrónica con más de 13 años de trayectoria en la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC)-Termopichincha, asegura que nunca imaginó que una carrera construida durante años de servicio público terminaría con una orden de prisión preventiva en su contra.

Gabriela Toazo es una de las 19 personas contra quienes se ordenó prisión preventiva en el caso Progen. La Fiscalía sostuvo que medidas alternativas, como el arresto domiciliario, el grillete electrónico, las presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país, eran insuficientes debido al supuesto riesgo de fuga derivado de la capacidad económica de los procesados y de la pena de hasta 13 años de cárcel prevista para el delito de peculado.

El conjuez Marco Vinicio Rodríguez Mongón desestimó los certificados laborales presentados por las defensas, en los que se acreditaba que varios de los técnicos percibían salarios inferiores a $ 2.000 mensuales, mantenían empleos estables, tenían créditos hipotecarios e incluso la patria potestad de hijos menores de edad. Pese a ello, dispuso la prisión preventiva para los procesados.

A través de una carta, la funcionaria pública rechaza las acusaciones, defiende su inocencia y relata las consecuencias personales y familiares que enfrenta desde que fue imputada.

¿Quién es Gabriela Toazo?

Hija de una profesora y de un obrero, Gabriela Toazo se define como una mujer que creció en una familia humilde que le inculcó los valores del esfuerzo y la honestidad. Es madre de una niña de cuatro años, esposa e ingeniera electrónica con más de 13 años de trayectoria en Celec - Termopichincha.

Toazo relata que desde joven se interesó por la ingeniería y la generación eléctrica. Sus primeros trabajos estuvieron vinculados a la modernización de equipos en la Central Santa Rosa. A lo largo de su carrera participó en proyectos como la conversión de una turbina en compensador sincrónico y la integración de generación termoeléctrica y eólica en Galápagos. 

En varios de esos proyectos fue la única mujer dentro de equipos técnicos conformados principalmente por hombres. "Nunca pedí privilegios; solo la oportunidad de demostrar que podía aportar, aprender y construir junto a mis compañeros", señala.

Años de trabajo lejos de casa

La funcionaria pública cuenta que desde 2019 su vida profesional transcurrió en la Central Térmica ITT, ubicada en la Amazonía, dentro del Bloque 43-ITT. Tras años de trabajo en esa zona, en junio de 2024 logró obtener mediante concurso una plaza en Quito. "Para mí significaba mucho más que un logro profesional: representaba la esperanza de poder reconstruir mi vida familiar, estar cerca de mi hija y dejar atrás años de trabajo lejos de casa".

Retorno a Quito en medio de la crisis energética

La llegada de Toazo a Quito coincidió con la crisis energética que atravesaba el país durante 2024. La ingeniera asegura que, por disposición de las autoridades de Termopichincha, participó en la elaboración de términos de referencia y en la consolidación de documentación técnica. Afirma que su labor se limitó exclusivamente al ámbito técnico y que actuó bajo los lineamientos de la institución.

Según su versión, los aspectos contractuales y jurídicos de los procesos estuvieron a cargo de especialistas de las áreas de Adquisiciones y Jurídico de Celec (que no han sido procesados). “Nunca tomé decisiones fuera de mis competencias, nunca manejé recursos”.

El impacto del caso Progen en su familia

Sin embargo, pese a haberse sometido  a todos los requerimientos de la Fiscalía, asegura que la orden de prisión preventiva ha puesto en riesgo la estabilidad de su hogar. Describe la medida cautelar como una decisión desproporcionada que afecta no solo a ella, sino también a su hija de cuatro años y su esposo, quién también cumple jornadas de trabajo fuera de Quito. “No hay dolor más grande para una madre que ver a su hija confundida, preguntando por qué ya no puede abrazarla cada día o escuchar un cuento antes de dormir”. 

En su carta concluye que siente cómo su familia "se desmorona". "Resulta profundamente doloroso e injusto que el trabajo técnico que desempeñé con responsabilidad en la emergencia de un país, obedeciendo disposiciones superiores y actuando de buena fe, sea utilizado para procesarme, señalarme y destruir no solo mi trayectoria profesional, sino también la tranquilidad y estabilidad de mi familia".