Caso Progen: Del fraude comercial al procesal

Ahora que 19 de los 21 procesados en el caso Progen, técnicos y mandos medios de Celec, más el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente Fabián Calero, han sido enviados a prisión preventiva por decisión del juez Vinicio Rodríguez, es el momento de hacer el inventario de todas aquellas patas de las que cojea el caso que está montando la Fiscalía. El juez Rodríguez acogió el pedido del fiscal Carlos Alarcón sin que medie ningún razonamiento jurídico que lo justifique. Cumplió, él también, su parte en un libreto que parece venir escrito de arriba, de muy arriba.

1. El ministro que se cayó del expediente

Hasta hace menos de un año el exministro de Energía Roberto Luque, hoy excluido de la lista de procesados del caso Progen, no solamente se había convertido en el centro de las investigaciones relacionadas con ese fraude sino que él, en su calidad de secretario de Estado, fue la causa de que el caso adquiriera fuero de Corte Nacional. De eso se enteró el país esta semana, cuando el noticiero de Ecuavisa publicó un memorándum con fecha 22 de julio de 2025 en el que la fiscal María Luzmila Lluglla, hasta ese momento al frente de las investigaciones, se inhibía de continuar con la causa y se la derivaba al entonces fiscal general subrogante, Wilson Toainga. En ese memo, Lluglla menciona a Luque con todas sus letras.

Toainga no se quedó con los brazos cruzados: en agosto de 2025, bajo su dirección, la Fiscalía ejecutó varios allanamientos en viviendas y oficinas de personas cercanas a Luque, incluyendo colaboradores y un estudio jurídico: el Pino Elizalde, de Guayaquil, de cuya relación con la cartera de Energía durante la gestión de Luque hay constancia documental. Esta línea de investigación se manejó con la estricta reserva que exige toda indagación previa.

¿Tiene esto alguna relación con el repentino reemplazo del subrogante Toainga por el doblemente subrogante Carlos Alarcón, designado por el Consejo de la Judicatura de Mario Godoy, de manera irregular y sin cumplir con los requisitos mínimos indispensables, mientras a Toainga lo mandaban de paseo a Brasil y desaparecía de la escena? Imposible saberlo. Lo cierto es que, con Alarcón a cargo, Roberto Luque se cayó del expediente. En la audiencia de juicio el fiscal se cuidó muy bien hasta de pronunciar su nombre, incluso cuando todos los indicios apuntaban en su dirección. Para que su salida no implicara la pérdida del fuero de Corte Nacional, Alarcón lo reemplazó por otro ministro, Antonio Gonçalves, que a diferencia del anterior no aparece mencionado ni una sola vez en el expediente y no pertenece (¿lo uno consecuencia de lo otro?) al círculo presidencial.

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2. El viaje de Calero y los fantasmas

Uno de esos indicios que apuntan de manera impajaritable a Roberto Luque es el viaje que el entonces ministro de Energía hizo a Tampa, Florida, entre el 15 y el 18 de mayo de 2024, para visitar las instalaciones de Progen. En esa ocasión, la empresa estafadora se hizo llamar H&S Industry LLC, circunstancia que permitió a Luque venderle al país la idea de que iba a visitar a varios posibles proveedores. Pero era Progen. Tan era Progen que el viaje se hizo por invitación oficial de la empresa a través de una carta firmada por Karla Saud, de la intermediaria Astrobryxa. Saud es una de las procesadas contra quien se dictó el viernes orden de prisión preventiva con pedido de difusión roja a la Interpol, pues reside en Los Ángeles.

Acompañaron a Luque: Fabián Calero, el gerente encargado de Celec, hoy con orden de prisión preventiva, y Peter Dreher, el asesor de confianza del ministro, que luego participaría de forma activa en la elaboración de las fichas técnicas y los términos de referencia de los contratos de Salitral y Quevedo, según lo demuestra una torre de correos electrónicos (siempre con copia a Luque) en los que el Ministerio y Celec definieron algunos de los puntos más sensibles: la exclusión de garantías, por ejemplo. Dreher, sin embargo, quedó fuera del proceso por decisión del fiscal Alarcón.

Desde Tampa grabó el ministro un video de propaganda. Verlo ahora, con todo lo que sabemos, produce un vértigo de náusea: “Estamos aquí en una de las fábricas”, miente con descaro Luque, a sabiendas de que Progen no fabrica nada sino que compra por ocho millones la chatarra a la que maquilla con una mano de pintura y nos vende por 150. Lo más importante, añade, “primero que todo, es evitar los intermediarios”. Días después el contrato con Progen estaba listo según los términos de referencia que Dreher y el coordinador jurídico del Ministerio, José de Oliveira (que tampoco fue procesado por el fiscal Alarcón), revisaron y aprobaron.

Y aquí viene lo delirante: ese viaje de mayo de 2024 a las instalaciones de Progen en Tampa sí figura entre los elementos de convicción que el fiscal Carlos Alarcón citó en la audiencia de formulación de cargos. Sólo que referido exclusivamente a Fabián Calero, el único de los tres viajeros que consta en la lista de procesados. Como si Calero hubiera viajado solo. Como si la invitación para ir la hubiera recibido él y no el Ministerio de Energía. Como si no hubiera sido el propio Roberto Luque el que gestionó en Cancillería un pasaporte diplomático para el gerente de Celec. Se llena la boca el fiscal Alarcón hablando del viaje de Calero a Tampa y continúa callando el nombre de Luque, Dreher, Oliveira…

3.Alarcón, el mejor abogado de Progen

Otro nombre que calla el fiscal obstinadamente es el de John B. Manning, el CEO principal de Progen, H&S Industry LLC o como se llame esa empresa estafadora. En noviembre de 2024, durante la fracasada Cumbre Iberoamericana celebrada (es un decir) en Cuenca, este señor se acercó a la entonces ministra de Ambiente encargada de la cartera de Energía, Inés Manzano, y le mintió en la cara sobre las bondades de sus generadores eléctricos. Que alguien mienta a Inés Manzano sería, en realidad, un acto de justicia poética, si no fuera porque las consecuencias las sufre el país.

104 millones de dólares pagó el Ecuador a Progen, 35 de los cuales corresponden al período de Inés Manzano, que llevaba meses quejándose de que le mintieron. Sin embargo, las cuentas bancarias de Progen están en cero, como se ha descubierto en las gestiones judiciales relacionadas con la demanda que Celec presentó en una corte de Florida contra la empresa estafadora. 104 millones de dólares: esfumados. Parece que buena parte de ellos pasaron directamente a las cuentas de John B. Manning. Por eso el CEO de esa empresa estafadora es uno de los procesados en el caso abierto en la Florida. En Quito, sin embargo, el fiscal Carlos Alarcón actúa como si no existiera. No sólo que se abstuvo de presentar acusación contra él (aunque sí lo hizo contra otro alto funcionario de la empresa: el también estadounidense Williamson Andrew Scott), sino que evitó nombrarlo en la audiencia de formulación de cargos. 

Para todos los efectos, en lo que se refiere a la acción de la justicia ecuatoriana, John B. Manning no existe.En cuanto a Andrew Scott, existe pero lejos. Ya en el primer día de la audiencia, los abogados de algunos de los procesados acusaron a la Fiscalía de no haber agotado todos los mecanismos a su alcance para notificarlo de la apertura del juicio en su contra. De hecho, se conformaron con enviarle un correo electrónico a una dirección que nadie ha constatado si se encuentra o no en uso. A diferencia de lo que se hizo con Karla Saud, no se recurrió a la colaboración penal internacional para encontrarlo. El resultado es que Andrew Scott está siendo juzgado en ausencia y se le ha delegado un defensor público que ni siquiera lo conoce. Debe estar muerto de la risa. El juez le dictó prisión preventiva y solicitó difusión roja a la Interpol. ¿Se la darán, considerando la manipulación política que domina el caso?

4. La prueba que el Fiscal no quiere ver

El audio y los videos que algunos de los procesados, todos ellos con prisión preventiva desde el viernes, habían entregado hace más de un año a la Fiscalía sin que ésta se dignara siquiera incluirlos en el expediente, se convirtieron esta semana en la piedra de toque del escándalo Progen. Escándalo que ahora no se refiere únicamente a la estafa de la que fue objeto el país sino al aparente fraude que en torno a esa estafa está montando la Fiscalía. Porque excluir a los principales implicados ya era sospechoso; dejar fuera indicios que pueden resultar determinantes parece configurar un fraude.

Ya la semana anterior, el abogado de uno de esos procesados, Celso Sánchez, había revelado a la prensa la existencia de esas pruebas. Sólo era cuestión de tiempo que se filtraran por los canales habituales. ¿Fue la fiscal María Luzmila Lluglla quien ocultó esas pruebas, primero a Toainga, luego a Alarcón, o fue uno de ellos, Toainga o Alarcón, quien nos las oculta a nosotros? En la audiencia de formulación de cargos, Alarcón habló sobre las amenazas de muerte que uno de los procesados que grabó el video había denunciado ante la Fiscalía, amenaza que lo llevó a convertirse (junto a cuatro procesados más) en testigo protegido. Eso implica que Alarcón estaba al tanto de los pormenores del caso y es él quien nos miente.

El video ya es conocido: en él aparecen Sánchez junto con Paúl Flores y Nelson Castro, en un hotel de Houston, aterrorizados ante lo que les pueda ocurrir por el hecho de negarse a firmar un informe favorable a la compra de equipos de Progen: “por ningún motivo se puede dejar que esas compras pasen”, dice uno de ellos. “Hemos visto unas cosas absolutamente viejas”, dice otro. Ya para entonces habían recibido amenazas y en ese momento, septiembre de 2024, cuando viajaron a Estados Unidos para comprobar el Estado de lo que el país estaba a punto de comprar, tenían hombres armados en la puerta. Luego de publicado el video, esta semana, Celso Sánchez denunció haber recibido 32 amenazas de muerte en poco más de 24 horas. Esos son los hombres a quienes el juez Vinicio Rodríguez, por pedido del fiscal Alarcón, ha decidido enviar a la cárcel 4. Una cárcel que el gobierno admitió no controlar (al menos, ese fue el argumento por el cual sacaron de ahí a Aquiles Álvarez: seguridad).

En cuanto al audio, grabado en abril del 2025, cuando ya el escándalo de Progen había estallado y todos los pagos del adelanto habían sido completados, recoge las voces de esos mismos técnicos que se negaron a firmar el informe y la de Byron Orozco, el gerente de Termopichincha, el hombre que firmó el contrato con Progen. Orozco trata de convencerles de que hagan su parte en el fraude. “Les soy sincero -les dice-, la directriz que va a haber es que esta huevada no puede caerse”, dando a entender que en la estafa de Progen están en juego intereses muy por encima de su nivel. “Voy a ser bien sincero: o se dejan ayudar o se defienden solos”, se le alcanza a escuchar mientras alguien retira los teléfonos de los técnicos para evitar grabaciones.

A Orozco se le impuso la medida cautelar de prisión domiciliaria, pues padece una enfermedad catastrófica. Alguien en el transcurso del proceso tendrá que preguntarle de quién esperaba esa “directriz” según la cual “esta huevada no puede caerse”. Porque ese es el hilo del que habrá que tirar para desenredar la madeja de este fraude. Si es que alguien quiere desenredarla, claro.