¿Daniel Noboa defiende al Estado o el honor de su dinastía?

El gran problema de la carta al país que Daniel Noboa publicó el jueves 21 de mayo es que, más que un ejercicio de comunicación con sus mandantes, es una declaración de principios. ¿Y cuál es el problema de que sea una declaración de principios? Sencillo: los principios que se expresan en cada uno de los temas que aborda van en contra de todos los enunciados de la ética pública que debe observar un servidor público. “El problema es moral”, comentó el penalista Julio César Cueva.

Un Mandatario que no sabe qué es lo público

Es de esperar que frente a una crisis de credibilidad y de escándalos, un presidente haga una declaración de principios propia de un estadista y no el alboroto de un adolescente que lanza una serie de explicaciones sin medir lo que dice cuando es cogido con las manos en la masa. O como dijo el periodista de EXPRESO Roberto Aguilar en su pódcast ‘Politizados’, que actúe como “guambra mal portado al que le hacen bullying”.

La carta es, en síntesis, una radiografía de las convicciones que Noboa tiene frente a lo público. Y lo grave es que el diagnóstico es catastrófico: no es capaz de separar lo público de lo privado. Y esto con un agravante alarmante: oculta la realidad con enunciados hechos para engañar a los destinatarios de la carta.

Una carta para hablar de los autos de su familia

Comete el pecado de confundir lo público con lo privado, por ejemplo, cuando habla de los carros de alta gama y sin placa en los que ha sido visto últimamente manejando. Para él no existe problema alguno en que esos vehículos no estén en su declaración patrimonial ni en que anden sin identificación, lo que debería ser la prioridad si el autor de la carta fuera un estadista; sino que considera todo eso un simple capricho de los “troll centers de los opositores”. Y la salida que encuentra es apelar a un tema que seguramente pensó como un arma emocional: las enfermedades de su papá. “Él ya no podía manejar por su estado y decidí comprar autos que sé que le gustaban, porque el tiempo pasó y nunca se los compró, a pesar de que los autos eran su mayor pasión”, explica Noboa, seguramente convencido de que con esa respuesta despacha el problema de las críticas que recibe por aparecer conduciendo, sin placas, carros de alta gama que no constan en su declaración patrimonial.

Según él, esos carros fueron comprados antes de que fuera presidente, cosa que no lo libera de su su obligación legal y ética de declararlos en su patrimonio, en el que no aparece ni un solo vehículo de su propiedad. Es de anotar, además, que el apartado que dedica al tema de los carros es al menos cuatro veces más extenso que el que dedica al tema de la salud. Sobre ese asunto, apenas dice que en las próximas semanas habrá buenas noticias para los ecuatorianos: nada más. Ni siquiera una autocrítica a su gestión, que no ha sido capaz de abastecer de medicinas al mercado durante su gobierno.

No quiere que le señalen por las leyes hechas para favorecer a su familia

En las afirmaciones que hace sobre el pago de la deuda millonaria que su familia tenía con el SRI, su confusión entre lo privado y lo público es asimismo patética. Dice que el pago de la deuda ha sido legal y enseguida hace una afirmación que no solo revela una absoluta pobreza de convicciones éticas sobre lo público, sino que además tiene un molestoso tono dinástico: “los Noboa llevamos 75 años generando empleo y no vamos a permitir, y me incluyo como uno más, que se manche nuestro nombre”, dice.

Esta parte de la carta merece al menos una reflexión: ¿Noboa se considera presidente de un país y representante legal del Estado, como debería ser, o miembro de una dinastía real con facultades divinas que le confieren inmunidad total? ¿A quién defiende: al Estado o a su dinastía?

Pero en esta parte de la carta hay además una noticia preocupante. Se sabía, por expertos tributarios, que la deuda era de entre 90 y 98 millones de dólares, y Noboa, en su carta, dice que su familia pagó “más de 30 millones de dólares”. ¿Cuánto más de 30 millones? En todo caso, si dice que fue más de 30 millones, difícilmente pudo haber sido 40 millones o más. Ahí hubo, además de una declaración dinástica que incluso sonó a amenaza, una revelación que debería prender las alarmas de la opinión pública.

Una Fiscalía a la medida de las necesidades del Presidente

Pero lo más escandaloso de la carta es la parte en que se refiere al caso del robo de Progen. “Que se vayan presos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de la Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar”, dice el presidente. Más allá de que la redacción de la frase evidencia una aguda pobreza gramatical, lo preocupante es su actitud frente al tema.

¿No le llama la atención que la Fiscalía (la suya propia, para más señas) haya montado un proceso en el que salta a leguas que el propósito es ayudar a los mafiosos que están detrás del negocio? ¿No podía hacer un comentario sobre eso? En lugar de aquello, toma como tontos a los destinatarios de la carta y pretende hacerles creer lo más inverosímil: que la Fiscalía no es una parcela de su propiedad, donde todo lo que se hace o se deja de hacer depende de su voluntad.

Si realmente estuviera interesado en que los culpables vayan a la cárcel, como dice, entonces algo debería haber dicho sobre las escandalosas decisiones de la Fiscalía, que ha construido un escudo para evitar que se sepa quiénes fueron los verdaderos responsables. Entre esas decisiones está, por ejemplo, que el fiscal Carlos Alarcón (que no estaría en el cargo si no fuera por su tenaz auspicio) haya excluido del proceso a personas que claramente tienen mucho más que responder que los técnicos y funcionarios de medio pelo que ahora enfrentan pedidos de prisión preventiva, incluidos quienes habían denunciado y advertido sobre la estafa.

Pero si no quiere proyectar la imagen de que está presionando a la Fiscalía, la verdad es que el presidente tiene en sus manos la capacidad de hallar a los culpables; esto, en el supuesto nada consentido de que no sepa quién hizo el robo. Él mismo pudo haber ordenado a su aparato de inteligencia política que descubra cómo se cometió la estafa. Si realmente está tan interesado en hallar la verdad, bien podía haber hecho algo muy sencillo: determinar en qué punto del proceso de contratación se eliminaron las cláusulas que impedían anticipos superiores a un porcentaje razonable (se anticipó el 70 %) o las garantías de rigor para asegurar que los equipos fueran nuevos y operativos.

El jueves, por ejemplo, Ecuavisa sacó a la luz un oficio que un grupo de técnicos de CNEL envió a su funcionario favorito, José Julio Neira, diciéndole que los equipos de Progen no servían para nada. ¿Y cómo es que Neira nunca contestó y el presidente jamás se interesó por saberlo?

El país recibió una declaración de principios del presidente. Y esa declaración es lamentable.