Corte Constitucional admite demanda por tasa de basura en Quito y abre debate legal sobre su cobro

La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos en contra de la tasa de recolección de basura en Quito, tras meses de reclamos por su presunto cobro excesivo y desproporcionado.

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La decisión, confirmada por el concejal Wilson Merino, marca un precedente en el debate sobre la ordenanza metropolitana que regula este cobro, que ahora será revisada en la más alta instancia constitucional del país.

Según el edil, la admisión de la acción demuestra que existen vías legales para cuestionar decisiones municipales cuando no responden a las necesidades de la ciudadanía. Con ello, el caso trasciende el debate del Concejo Metropolitano y entra en una fase judicial en la que el Municipio y la Procuraduría deberán presentar sus argumentos.

Cuestionamientos al modelo de cobro

El origen del conflicto se centra en el método de cálculo de la tasa, que según los demandantes vincula el consumo de agua potable con la generación de basura, un criterio que consideran “sin sustento técnico suficiente” y que ha provocado incrementos significativos en las planillas de los usuarios.

Merino, junto a cerca de 50 dirigentes barriales, acudió previamente a la Corte para presentar tres acciones legales contra el Municipio de Quito, argumentando que el sistema vigente desde el 1 de febrero de 2026 ha generado afectaciones económicas en distintos sectores.

Reclamos ciudadanos por cobros elevados

Los usuarios denuncian que el cambio del cobro —antes incluido en la planilla de energía eléctrica y ahora en la de agua potable— ha derivado en valores considerados impagables. Entre los afectados se encuentran adultos mayores, familias con fugas de agua, habitantes de condominios y sectores de barrios irregulares.

Según los demandantes, incluso se han registrado casos de suspensión del acceso al agua por la imposibilidad de pago.

Pedido de reforma y posibles compensaciones

Desde el Concejo, los promotores de la acción sostienen que el objetivo no solo es la revisión de la norma, sino también la elaboración de una nueva ordenanza con estudios de impacto económico y social más precisos.

Además, plantean que los valores cobrados en exceso podrían convertirse en notas de crédito para los usuarios afectados, como una medida de reparación.

Lo que viene en el proceso

Con la admisión de la demanda, las partes involucradas deberán presentar sus descargos ante la Corte Constitucional. Posteriormente, el organismo definirá si el modelo de cobro vigente se ajusta o no a la Constitución, lo que podría derivar en cambios estructurales en la tasa de recolección de basura en la capital.