Contraloría confirma que jueces de la Corte tienen indicios de responsabilidad penal

Mauricio Torres, contralor general del Estado, confirmó que la Contraloría General del Estado ejecuta exámenes patrimoniales a jueces de la Corte Constitucional, entre ellos Ali Lozada Prado y Jorge Luis Terán. La investigación, iniciada en 2025, detectó inconsistencias entre declaraciones juramentadas y movimientos financieros. Los resultados ya derivaron en informes con indicios de responsabilidad penal.

Según explicó Torres en una entrevista en Radio Centro este 1 de abril, tres auditorías ya concluyeron, otras tres están en ejecución y tres más iniciarán. “Este examen se viene realizando desde el año pasado, no es algo nuevo”, precisó. Los procesos incluyen revisión de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y patrimonio declarado por los funcionarios.

En el caso de Alí Lozada, la Contraloría determinó que no logró justificar inconsistencias en su información financiera. Tras varias etapas de notificación, entrega de borradores y cinco días adicionales para descargos, el informe concluyó con indicios de responsabilidad penal. “Después de todo el proceso, él no logró justificar esas inconsistencias”, afirmó Torres.

Contraloría y jueces: cómo detectan inconsistencias patrimoniales

El contralor detalló que las inconsistencias surgen cuando no coinciden los datos declarados con los registros financieros. “Inconsistencia es que no cuadra la información entregada con lo que examinamos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y patrimonios”, explicó. Estos cruces se realizan con herramientas de minería de datos y apoyo de tecnología internacional.

Cuando los auditores detectan irregularidades, notifican al funcionario para que entregue justificativos. “Se les da todas las facilidades para que puedan justificar”, indicó Torres, al señalar que incluso pueden presentar contadores o abogados durante el proceso. Sin embargo, si no logran sustentar la información, se establecen conclusiones.

El procedimiento contempla dos tipos de informes: uno general y otro con indicios de responsabilidad penal (IRP). En este último caso, la Contraloría remite el expediente a la Fiscalía General del Estado. “Son indicios, no más. La Fiscalía es la que abre la investigación”, aclaró el contralor.

Caso Terán: ingresos no justificados y cuentas omitidas

En el caso del juez José Luis Terán, la Contraloría detectó ingresos no justificados por 70.794 dólares. Parte de estos valores corresponden a movimientos en cuentas bancarias cuyo origen no fue sustentado. “Lo que falta es lo que nos queda por lo general en los exámenes”, explicó Torres sobre la metodología aplicada.

Además, el informe señala que Terán no declaró varias cuentas bancarias activas entre 2020 y 2025. El juez argumentó que fue un error de buena fe, pero la Contraloría rechazó esa explicación. “Las instituciones financieras reportaron movimientos y se mantuvieron en estado activo”, sostuvo Torres.

El contralor enfatizó que omitir información en declaraciones juramentadas puede constituir otra infracción. “El momento que uno ha omitido ciertas cuentas está cayendo en otro delito”, afirmó. Esto también permite incluir el caso dentro de los informes con indicios de responsabilidad penal.

IRP y reacción política: ¿deben renunciar los jueces?

Torres aclaró que el envío de un informe con indicios de responsabilidad penal no implica una sanción inmediata ni la renuncia obligatoria de los jueces. “Todavía no está en investigación; la Fiscalía determinará si hay o no enriquecimiento ilícito”, indicó. El proceso continúa en sede fiscal.

Sobre las filtraciones del caso a medios de comunicación, el contralor aseguró que la institución no ha divulgado información. “La Contraloría no ha entregado ninguna información a ningún medio”, dijo, y agregó que se investiga el origen de la filtración.

Finalmente, Torres atribuyó las reacciones de algunos sectores a una posible politización del tema. “Tenemos cerca de 500 declaraciones y casi un 60% han salido con indicio de penal”, afirmó. Según dijo, auditorías similares se han realizado a otras autoridades sin generar la misma controversia.

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