Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO
Informes patrimoniales a los jueces de la Corte Constitucional, con efecto dominó
Seis exámenes especiales están en ejecución y tres más por comenzar. Dos investigaciones están en Fiscalía, pero puede sumar
Lo que comenzó como un examen especial focalizado hoy se perfila como un proceso que amenaza con la reconfiguración de la Corte Constitucional.
Los casos de los jueces Alí Lozada y José Luis Terán representan los primeros pasos de una ofensiva que ya alcanza a seis magistrados, mientras el contralor general Mauricio Torres confirmó que en las próximas semanas iniciarán tres exámenes adicionales para completar la revisión de todo el pleno.
En una entrevista con Carlos Vera, el Contralor justificó estas acciones bajo el argumento de que la institución realiza labores “sumamente técnicas”. No obstante, este control legal ocurre en medio de una abierta confrontación iniciada en 2025 por el gobierno contra una Corte que frenó sus leyes urgentes.
El conflicto real no radica en la técnica sino en que los equipos auditores reciben los descargos y, en unos casos, no los consideran suficientes por cuestiones de forma; otros jueces mencionan falta de tiempo pues reciben cinco días de plazo para responder por cientos de transacciones de hace cinco años atrás.
Objeciones del equipo auditor
En el caso del juez Lozada, de los 25.000 dólares que supuestamente no justifica, más de 18.000 dólares corresponden a ingresos por su actividad docente en la Universidad O’Higgins de Chile; aunque entregó la documentación, los auditores dictaminaron que los papeles carecían de los sellos necesarios.
Una situación similar ocurrió con un monto de 3.701 dólares por la venta de un terreno; el equipo auditor determinó que, debido a que el contrato total era por 50.000 dólares, el pago debió ser completo y el abono en partes resulta sospechoso. Otro ejemplo de esta lógica es la supuesta omisión de una bodega adquirida en 2011; Lozada presentó las escrituras de un departamento que incluye el parqueadero, bien que sí consta en su declaración, pero el criterio de la Contraloría señala que, al poseer números de predio individuales, el registro debió ser separado de forma individual.
Bajo esta misma línea, la próxima semana estará listo el examen de la jueza Carmen Salgado, hija del expresidente de la Corte, Hernán Salgado Pesantes, quien mantiene una postura crítica hacia el gobierno de Daniel Noboa y, en entrevistas pasadas, solicitó la renuncia de Mario Godoy cuando este presidía la Judicatura.
Postura del Foro por la Democracia
A este escenario se suma la denuncia del Foro por la Democracia, organización de la sociedad civil que califica estas acciones como una estrategia sistemática para debilitar la democracia y concentrar el poder.
El Foro advierte que existe un uso político de la Contraloría para intimidar a los jueces independientes.
Ley de Declaraciones Patrimoniales señala las reglas
El artículo 15 de la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas establece que el examen especial debe realizarse cuando existan diferencias evidentes que hagan presumir un incremento patrimonial no justificado. El artículo también dice que cuando el servidor público no pueda justificar los ingresos legales, se notificará al declarante para que se pronuncie en un plazo de cuarenta y cinco días. Y si existen indicios de testaferrismo se puede ampliar a los familiares.
Respecto al manejo de la información, la normativa es clara en separar la naturaleza de los datos. Mientras que el contenido de las declaraciones patrimoniales tiene carácter público para garantizar la transparencia, los informes aprobados con indicios de responsabildiad penal son reservados. Pero en el caso de Lozada y Terán, estos fueron filtrados a un medio de comunicación sin que los jueces hayan recibido aún el documento.
La próxima semana también se prevé que termine el examen especial de Jhoel Escudero Soliz, presidente, y por ahora los equipos auditores revisan sus cuentas bacnarias, sus gastos y préstamos.
Fiscalía. El inicio de la investigación por enriquecimiento ilícito de los jueces José Luis Terán y Ali Lozada se realiza en la Fiscalía con reserva legal.
Se activa un examen especial las declaraciones de Andrés Fantoni
La Contraloría informó a EXPRESO que también realiza un examen especial a las declaraciones patrimoniales de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, quien pasó de declarar en 2021 más de 163.000 dólares; dos años después, ya como consejero y luego presidente del CPCCS, su patrimonio superó los 1,25 millones de dólares.
