Destituyen a jueces del Guayas que extinguieron deudas con acciones de protección
Los jueces Jorge Alejandro Lindao y Gina de Lourdes Jácome Veliz, Sala Laboral de la Corte del Guayas, fueron destituidos
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a dos jueces de la Sala Laboral de la Corte de Justicia del Guayas y a un exjuez de la misma Sala. Esta medida se ejecutó tras la declaratoria de error inexcusable emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, organismo que detectó una vulneración grave al principio de seguridad jurídica en beneficio de la empresa Carlo Poggi Barbieri S.A.
El exmagistrado José Daniel Poveda Araus, y los actuales jueces Jorge Alejandro Lindao y Gina de Lourdes Jácome Veliz perdieron sus cargos debido a sus actuaciones en un proceso contra el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La Corte Constitucional determinó que los operadores de justicia utilizaron acciones de protección para extinguir deudas del Impuesto a la Renta por 2,5 millones de dólares de 2012 y levantar embargos, pese a que el caso ya tenía sentencias ejecutoriadas.
El dictamen constitucional advirtió una coordinación entre abogados y servidores judiciales para desvanecer obligaciones tributarias millonarias. Según el máximo órgano de control constitucional, los jueces incurrieron en un evidente abuso del derecho al fallar sobre "cosa juzgada", y fue gracias a este fallo lo que activó la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para aplicar la sanción más severa prevista en la ley Orgánica de la Función Judicial: la destitución.
La Corte Constitucional también dejó sin efecto los fallos de la Sala Especializada de lo Laboral del Guayas. Estas sentencias pretendían forzar al Estado al pago de cuantiosas sumas a favor de privados bajo argumentos de supuestas violaciones de derechos, postura que la Corte Constitucional desestimó por completo antes de remitir el expediente para la sanción administrativa final.
La inacción de la Judicatura del Guayas
Dentro de la misma sesión, el Pleno reveló una omisión administrativa en la Judicatura del Guayas. Pese a que en febrero de 2025 la Corte Constitucional dispuso el inicio de un sumario disciplinario contra el abogado José Chávez Rivera, patrocinador de las acciones de protección, los funcionarios locales no abrieron el expediente.
Esta inacción provocó la prescripción de la facultad sancionatoria contra el profesional en libre ejercicio. Ante este hecho, las autoridades dispusieron una investigación inmediata contra los servidores judiciales responsables de permitir que el proceso contra el jurista quedara en la impunidad
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