El precio de la ayuda de EE. UU. en Ecuador: ¿Soberanía condicionada?

De grupos de delincuencia organizada a grupos terroristas. Los Lobos y Los Choneros, desde el jueves 4 de septiembre, adquirieron otro estatus a nivel internacional por decisión de Estados Unidos. Así lo declaró Marco Rubio, secretario de Estado del país norteamericano. Pero ¿qué implicaciones traería esa designación?

Estos dos grupos al haber sido declarados enemigos mundiales, Estados Unidos estaría emitiendo un mensaje de que si los identifica y los localiza, los neutralizará; no habrá ni siquiera soberanía alguna de un estado que pueda impedir que EE.UU. actúe en contra de estos criminales, explica Jorge Luis Ortega, abogado y experto en Derecho Penal. Es decir, el gobierno estadounidense aplicaría lo que se denomina Derecho Penal del Enemigo -una normativa que no proporciona garantías de un debido proceso: no hay derechos- y ya no el Derecho Penal Internacional.

Como ejemplo, el jurista menciona el caso de Osama Bin Laden, primer emir general de Al Qaeda. EE. UU. invadió Afganistán y cuando lo localizó, no lo arrestó ni lo detuvo, simplemente lo eliminó. Por lo que cree que, bajo esa declaratoria, EE. UU. sí podría violentar la soberanía ecuatoriana y “no habrá norma nacional o internacional que se lo impida”.

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¿De esto sería consciente el Gobierno?

Sin embargo, el Gobierno no estaría preocupado por una afectación a su soberanía, cree Héctor Vanegas, abogado, experto en Justicia Criminal, Derecho Penal Económico y Gobernanza, y catedrático de la Universidad de Guayaquil, porque “hasta canceló su gira internacional por la reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos”. Y con lo emitido por parte del funcionario estadounidense, el primer mandatario ecuatoriano habría afirmado que “nosotros ya no podemos dar una respuesta a este problema estructural y necesitamos ayuda”; pero esta ayuda debe vérsela como de doble filo, dice.

Eso porque la violación a los derechos humanos y la falta de garantías procesales generarán una tensión en el escenario ecuatoriano, prevé el abogado Vanegas. Eso, porque Ecuador, el 9 de enero de 2024, bajo el Decreto Ejecutivo No. 111, identificó a 22 grupos de delincuencia organizada (GDO) como terroristas y aunque la respuesta estatal, desde esa fecha, ha sido más drástica, “en la práctica ha generado un efecto contrario a lo esperado: los GDO han respondido con mucha más violencia, por eso hay un incremento paulatino y desconcertado de la violencia”.

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¿Qué otros cambios se visualizarían?

A eso se sumaría que también habría menos margen de maniobra política, manifiesta Efrén Guerrero, abogado, experto en Derechos Humanos y Gobernanza, y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Lo que a su vez significaría que cualquier intento de diálogo o negociación con estos grupos terroristas podría ser leído como complicidad.

No obstante, recalca el jurista Vanegas, que Ecuador siga el mismo camino que una vez caminó Colombia no significará que dé un resultado correcto porque el Plan Colombia “fue un fracaso”, como lo reconoció la Comisión de Política de Drogas del Congreso norteamericano. “Se gastaron miles y millones de dólares, y finalmente no fue una solución al problema”.

Por otra parte, Guerrero advierte que los anuncios de Marco Rubio rara veces son aislados, sino que más bien son la antesala de acuerdos bilaterales más profundos. Por lo que la actualización de la ley de extradición, que data de 1872, podría incluir la extradición de personas vinculadas al terrorismo y crimen organizado, así como determinar si habrá o no garantías judiciales y procesales para quienes sean extraditados.

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¿Qué podría demandar Estados Unidos?

Aunque, tal vez a este -con la declaratoria de terroristas por parte del Gobierno norteamericano- ya no le interese pedir la extradición para juzgarlos allá, ya que podrían eliminarlos fácilmente, dice Ortega. Aun así, el abogado Guerrero manifiesta que EE. UU. podría también exigir un alineamiento diplomático en apoyo a la agenda que tiene Estados Unidos.

Además, de que podrían exigir que el derecho penal ecuatoriano se endurezca, presume Guerrero, por lo que aconseja que fuese mejor que el Gobierno realice una reforma integral a las normas, no que vaya a hacer nuevamente leyes apuradas, como lo ha hecho en los últimos meses. Lo importante, afirma, es que no haya debilitamiento de los controles civiles.

Vanegas, por su parte, es enfático al decir que “es una mentira decir que esas leyes, que ahora son analizadas por la Corte Constitucional, iban a combatir el fenómeno criminal”. El problema no es normativo, dice, sino estructural por la profunda falencia y deterioro de las instituciones. Pero a EE. UU. no le interesará eso, sentencia Ortega.

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