Extradiciones en Ecuador aumentan, pero el crimen sigue sin disminuir
Es el tercer traslado de criminales en menos de tres meses
La reciente extradición de alias Llanero y Nirama a Estados Unidos se convirtió en la tercera entrega de presuntos narcotraficantes por parte del Gobierno ecuatoriano en lo que va del año. Esta acción forma parte de una estrategia de seguridad que ha cobrado fuerza desde el referéndum de 2024, cuando la ciudadanía aprobó la posibilidad de extraditar a ecuatorianos involucrados en delitos transnacionales.
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El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que “ningún narcotraficante quedará impune en Ecuador”, al confirmar que los procesos judiciales contra los extraditados continuarán en cortes estadounidenses.
Sin embargo, la política ha generado debate entre expertos en derecho penal y criminología. Julio Cueva, abogado penalista, considera que la extradición puede ser útil debido a la ‘buena’ reputación del sistema judicial estadounidense.
“Las penas son altas, las condenas se cumplen, y tanto el sistema judicial como el penitenciario son menos corruptibles. Eso puede desincentivar el crimen en cierta medida”, señala. No obstante, advierte que no es una solución única ni definitiva. “No hay ninguna medida que sea 100 % efectiva. Es como decir que las bases de Manta lo fueron”, agrega.
Por su parte, Luis Astudillo, doctor en Criminología y docente de Política Criminal, sostiene que la extradición no debilita las estructuras criminales en Ecuador. “Es una figura jurídica antigua, alineada a la guerra contra las drogas, pero no ataca las raíces del crimen organizado en el país”, afirma.
Él cree que su uso como solución inmediata puede ser más simbólico que estructural, especialmente si no se acompaña de reformas profundas en el sistema judicial y penitenciario. La extradición de ciudadanos ecuatorianos estuvo prohibida desde 1946, hasta que el referéndum de 2024 modificó el artículo 79 de la Constitución.
La reforma abrió la puerta a solicitudes de países como Estados Unidos, siempre que se respeten garantías como la prohibición de tortura y persecución política. La tercera extradición en menos de tres meses revela una intención clara del Gobierno de proyectar firmeza frente al narcotráfico.
No obstante, especialistas advierten que sin una estrategia integral (que incluya prevención, fortalecimiento institucional y cooperación regional), la extradición corre el riesgo de convertirse en una medida aislada. El proceso está regulado por la Ley de Extradición, que exige requisitos como sentencia condenatoria, doble tipicidad del delito y respeto a los derechos humanos.
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