El regreso del juego: ¿Legalizar casinos en plena crisis de crimen organizado?

Catorce años después. Con un 54 %, en 2011, en las urnas, los ecuatorianos prohibieron los negocios de juegos de azar. Ahora, ¿debemos replantearnos el retorno de estos negocios?

Para Hernán Acevedo, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, no. Esta es una de las propuestas ciudadanas que EXPRESO recibió y que ahora también ha sido planteada por el régimen actual en la consulta popular que planea ejecutar en diciembre de 2025.

Sin embargo, Acevedo señala que el país debería seguir avanzando y “si la sociedad en 2011 dijo “vamos a buscar otras actividades económicas por fuera del negocio de los casinos, porque son riesgosos, y si ya hay un compromiso social, ¿por qué regresar?”. A su juicio, se debe respetar la voluntad popular, aunque haya sido hace algunos años atrás y no esté prohibido en la Constitución.

Funcionamiento ilegal de negocios de juegos de azar

A pesar de ello, en el país sí están funcionando sin control de los órganos de control, denuncia Luis Argudo, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Guayaquil. “Hay muchas compañías extranjeras, no domiciliadas en Ecuador, que a través de terceros recaudan valores por juegos de azar y se están en bares, centros comerciales y auspician hasta al campeonato ecuatoriano de fútbol y equipos deportivos”.

No obstante, el artículo 236 del Código Orgánico Integral Penal, penaliza a quién administre o ponga en funcionamiento casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a los juegos de azar, indica Carlos Fierro, jurista constitucionalista. La normativa lo sanciona con uno a tres años de prisión; pero si son simuladas de que no son con afán de lucro, la pena aumenta hasta cinco años.

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Aun así, “no hay control por quienes están llamados a hacerlo, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Gobierno”, enfatiza Argudo. Agrega que este tipo de negocios no son elementos productivos ni constructivos de nivel social, sino que desarrollan enfermedades mentales y son usados para el lavado de activos.

Analizar los riesgos

Es por eso por lo que Acevedo sostiene que hay que analizar el supuesto beneficio versus el alto riesgo de que el país “siga siendo un espacio donde se puede regularizar fondos que tienen un origen ilícito”. Por lo que, a su criterio, no hay ningún argumento que valide su regreso, teniendo en cuenta la coyuntura, en torno al crimen organizado, en la que se encuentra el país.

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Regularización de estos negocios de ganar el sí en la consulta popular podría ser la clave

Por lo que, para Argudo es contradictorio que el Ejecutivo vuelva a consultar al pueblo sobre esto, si dice que está luchando contra los diversos tipos de delincuencia. No obstante, a juicio de Fierro, es necesario que, de aprobarse en consulta popular, estos sitios sean regularizados mediante una ley que determine que solo pueden aceptar dinero bancarizado (transferencia bancaria o cheque certificado de banco), no en efectivo.

Ante el funcionamiento de plataformas digitales con domicilio en el extranjero en el país, Fierro llama a corregir los vacíos legales. No obstante, cree que, si los casinos van a operar sin una ley, “obviamente se fomentará el lavado de dinero”.

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