Leyes de Noboa con vicios de inconstitucionalidad: su impacto en el marco jurídico

Aunque concluyó ya la ronda de audiencias por las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes del Gobierno del presidente Daniel Noboa, persiste la preocupación de que la aprobación de normas cuestionables se convierta en una práctica recurrente del oficialismo.

El 1 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional cerró las audiencias relacionadas con las demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Solidaridad y de Integridad Pública (ambas tramitadas con carácter económico urgente), así como contra la Ley de Inteligencia, proveniente del periodo legislativo anterior.

Las inconstitucionalidades han sido la norma en las leyes de Noboa

Más allá de los argumentos expuestos por los demandantes y por la defensa del oficialismo, analistas advierten que la aprobación de leyes con vicios de inconstitucionalidad no puede convertirse en una práctica sostenida, pues ello implicaría un debilitamiento del marco jurídico ecuatoriano.

Así lo sostiene el constitucionalista Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, quien identifica al menos tres características comunes en las leyes aprobadas por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.

“Son normas cuyo estado secuencial obliga a que se apliquen en conjunto. También presentan inconstitucionalidades impropias, es decir, su aplicación puede generar inconstitucionalidad. Además, requieren tiempo de adaptación para producir efectos jurídicos”, detalla.

De acuerdo con Ron, la continuidad de estas características debilita el marco jurídico, al exponerlo a posibles inconstitucionalidades que pueden paralizar la ejecución de normativas.

Más leyes con inconstitucionalidades no son sostenibles

Por su parte, el constitucionalista José Chalco reconoce que es atribución del presidente presentar proyectos de ley económicos urgentes, pero aclara que la propia Constitución establece límites para evitar excesos como los observados en las leyes del Gobierno.

“En el proceso de creación legislativa se cometieron errores, excesos. Se les fue la mano respecto de la unidad de materia. Podían hacer cinco leyes y no violar la unidad de materia en una sola norma”, advierte, al tiempo que señala que esto puede traer consecuencias.

Además del peligro de que las normas queden desarticuladas, Chalco alerta sobre el riesgo que esto implica para la seguridad jurídica. “No es un tema menor. No se puede tener una ley mal hecha hoy que, en un mes, ya no exista por dificultades en su construcción o por incompatibilidad constitucional”.

La práctica del Gobierno puede perjudicar a Ecuador

No obstante, aclara que la Corte Constitucional no necesariamente debe desechar por completo las leyes cuestionadas, sino que podría declarar la inconstitucionalidad de partes específicas o incluso emitir una sentencia modulativa para corregir los aspectos erróneos.

En ese sentido, Ron considera que una salida de este tipo podría ser viable, pero recuerda que “la seguridad y solvencia de las relaciones jurídicas más básicas siguen vigentes”.

Sin embargo, analiza que lo fundamental es que el oficialismo respete el marco jurídico y utilice las herramientas previstas, pues de lo contrario podría generarse una inestabilidad que incremente el riesgo país y afecte la imagen internacional del Ecuador.

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