Finalidad vs. afectación a derechos: El debate que no aterrizó sobre Ley Inteligencia

La última audiencia por demandas de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el oficialismo en la Asamblea y defendidas por el Ejecutivo se desarrolla este 1 de septiembre en la Corte Constitucional.

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Desde las 10:17 arrancó la audiencia por los cuatro casos en contra de la Ley de Inteligencia y, como ocurrió en las dos diligencias anteriores por las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, los abogados del Legislativo y del Ejecutivo intentaron sortear los cuestionamientos de la más alta corte del país.

En la primera parte de la audiencia intervinieron los impulsores de los cuatro casos con los que se demandó la inconstitucionalidad de la normativa. Así, INREDH argumentó que conceptos como “seguridad integral” y “amenaza”, incluidos en la Ley de Inteligencia, son demasiado amplios y, por lo tanto, podrían afectar la seguridad jurídica. 

Las representantes de esa organización de derechos humanos también cuestionaron la imposibilidad de verificar el uso de los recursos públicos del Sistema Nacional de Inteligencia. Cabe recordar que las compras no se consideran parte del Sistema Nacional de Compras Públicas y solamente el contralor puede hacer un seguimiento, cuya información sería incinerada.

Por otro lado, Vivina Idrobo, de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, planteó que la ley va en contra del sistema de pesos y contrapesos, ya que concentra un enorme poder en el Ejecutivo. Un tema sensible en ese escenario es la vigilancia y el manejo de la información.

Mencionó que se fundamenta en lineamientos de los objetivos del Estado que son establecidos no por la Constitución, sino por el presidente de la República. Respecto a esto, se cuestionó, por ejemplo, la posibilidad de acceso a información y la afectación al derecho a la inviolabilidad de la correspondencia sin una orden judicial.

Hay que tener presente que existen dos artículos clave sobre el acceso a la información por parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Uno tiene que ver con el pedido que esa instancia puede hacer a entidades públicas y privadas “con la debida justificación”; además de la solicitud de entrega de información por parte de las telefónicas.

¿Qué dijo la Asamblea y el Ejecutivo?

Nuevamente, por parte de la Asamblea actuó Mercedes Mediavilla. Sin embargo, esta vez tuvo un papel más protagónico Edgar Lagla, otro de los abogados del Legislativo. Pero al funcionario no le fue del todo bien. Además, por parte del Ejecutivo, nuevamente participó Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia.

El juez Alí Lozada, ya en el momento de las preguntas, planteó un tema central que no ha sido abordado por los abogados con suficiente profundidad. Lozada pidió que los demandados analicen si el fin que persigue la ley es legítimo y, en ese escenario, si se ha hecho un balance entre la persecución de esa finalidad y la afectación de derechos. 

En otras palabras, el debate que propuso el juez constitucional fue si los artículos cuestionados por una supuesta inconstitucionalidad son proporcionales para el Gobierno y la Asamblea, al punto de justificar una posible vulneración de derechos.

Sin embargo, ambas partes demandadas insistieron en que no existen vicios de inconstitucionalidad. Por ejemplo, el Ejecutivo reconoció que para que el Sistema Nacional de Inteligencia, mediante su órgano rector, obtenga información, no se contempla una orden judicial. 

El abogado de la Asamblea intentó justificar el tema con el argumento de que son ámbitos distintos las labores de inteligencia y aquellas destinadas a la judicialización de una persona. ¿El argumento? En labores de inteligencia “solamente se recoge información”.

Finalmente, la jueza a cargo de la diligencia, Alejandra Cárdenas, otorgó un receso cerca de las 14:00. La audiencia debía reinstalarse a las 15:00. A partir de allí comenzaron las réplicas y estaba planificado escuchar a los amicus curiae.

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