CIDH llama al Gobierno de Ecuador a no intervenir en la Corte Constitucional
La CIDH recordó que la Corte Constitucional goza de autonomía administrativa y financiera
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante posibles amenazas a la independencia de la Corte Constitucional del Ecuador, e instó al Estado ecuatoriano a garantizar el ejercicio autónomo de la justicia constitucional, así como la seguridad de los magistrados que la integran.
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El pronunciamiento se produce tras la decisión de la Corte Constitucional, emitida el 4 de agosto, de suspender provisionalmente artículos específicos de tres leyes relacionadas con seguridad, inteligencia y transparencia en el sector público. Estas normativas, impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional, fueron objeto de revisión por parte del máximo órgano de control constitucional, al considerar que podrían afectar derechos humanos.
La medida cautelar generó reacciones inmediatas desde el ámbito político. En una conferencia conjunta, la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea Nacional expresaron su desacuerdo con la resolución judicial, argumentando que podría tener consecuencias económicas negativas y comprometer la estabilidad del país. “En este momento no podemos permitir que se desestabilice al país o quienes les quitan las herramientas para defenderse”, señalaron.
CIDH recordó que la Corte Constitucional goza de autonomía administrativa
La CIDH recordó que, conforme a la Constitución ecuatoriana, la Corte Constitucional goza de autonomía administrativa y financiera, y tiene la facultad de resolver acciones de inconstitucionalidad contra leyes vigentes. En ese sentido, reiteró que cualquier intento de interferencia en sus decisiones representa una amenaza al Estado de derecho y a los compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de derechos humanos.
Además, la Comisión alertó sobre un entorno digital hostil que amenaza la autonomía necesaria para el ejercicio libre de la justicia constitucional. En este contexto, recordó al Estado ecuatoriano su obligación de garantizar que la Corte Constitucional pueda desarrollar sus funciones sin interferencias, así como de proteger la integridad de las personas operadoras de justicia, especialmente aquellas encargadas de verificar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la legislación nacional.
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