Unidad de materia, piedra en el zapato de la Ley de Integridad Pública en audiencia

La primera jornada sobre el análisis de la Ley de Integridad Pública se cumplió en la Corte Constitucional. La tarde del 27 de agosto de 2025, los magistrados centraron sus consultas, sobre todo, en la justificación de la unidad de materia de la normativa.

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Pasadas las 16:00 de este 27 de agosto de 2025, los accionados en las demandas de inconstitucionalidad intervinieron en la audiencia pública. Desde la Asamblea participó Mercedes Mediavilla, procuradora judicial del presidente del Parlamento, Niels Olsen. Por parte del Ejecutivo actuó Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República.

Ambos defendieron tanto el propósito de la normativa como el trámite que cursó el proyecto del presidente Daniel Noboa en la Asamblea. Sobre esto último, Mediavilla cuestionó los reparos planteados por los demandantes respecto a que no se cumplió adecuadamente con el trámite legislativo.

Pero un punto que centró la discusión tuvo que ver con la unidad de materia. Ese fue el principal argumento de los demandantes respecto a la inconstitucionalidad de la normativa por razones de forma.

¿Qué dijo el Ejecutivo y Legislativo?

En lo medular, la Asamblea basó su razonamiento en que la Ley de Integridad Pública versa sobre la gestión de la administración pública. Según Mediavilla, la finalidad de dicha gestión es la garantía del ejercicio de derechos de la ciudadanía.

Así, al ser la gestión de lo público un tema transversal, los distintos asuntos incluidos en la normativa de iniciativa del Ejecutivo tenían una correlación.

Por su parte, Andino señaló que temas como el aumento de penas para los adolescentes infractores en delitos graves tienen relación con el objetivo establecido en la normativa respecto a la reconstrucción del tejido social.

Respecto a las penas, Andino explicó que una de las finalidades es la recuperación de dicho tejido social, y uno de los problemas que se aborda, no solo desde la seguridad sino desde la política pública, es que los jóvenes no pueden acceder al resto de políticas públicas porque son cooptados por el crimen organizado.

También habló del régimen especial que permite declarar la emergencia en la función judicial. Sobre esto aseguró que sería mejor que el Consejo de la Judicatura se pronuncie sobre su situación y la necesidad de esa declaratoria.

Pregunta del juez Richard Ortiz

Si bien todas las consultas de los ocho jueces presentes tuvieron que ver con la unidad de materia, hubo una en la que se evidenció la preocupación del tribunal. El juez Richard Ortiz dijo que, para determinar la unidad de materia, era necesario establecer un eje temático.

“No puede ser cualquier eje temático porque esta ley es de urgencia económica. Entonces el eje temático debe ser una cuestión económica”, señaló Ortiz.

Ante la pregunta sobre cuál era el eje temático de la Ley de Integridad Pública, Andino respondió: “El eje temático no es necesariamente lo que debe dirimir para que usted haga su control. Puede ser también el eje teleológico y sistemático que da pie y se entiende que está convalidado el eje temático en un control intermedio”.

Con esto, Andino intentó explicar que, para leyes como la de Integridad Pública, no se requiere de un análisis estricto del cumplimiento de la unidad de materia, sino más bien uno intermedio. Así, la misma cumplía con el eje teleológico y sistemático.

Tras poco más de ocho horas de audiencia, el juez a cargo, José Luis Terán, suspendió la diligencia, que se reinstalará el 28 de agosto de 2025 para escuchar las réplicas y los ‘amicus curiae’.

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