“El estado de derecho es solo una consigna para violentar derechos”, dice UNE y FUT
Más de 20 demandas de inconstitucionalidad fueron admitidas; organizaciones llaman a vigilar audiencias en la Corte
La Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunciaron este 25 de agosto en una rueda de prensa que el próximo 27 de agosto realizarán una acción frente a la Corte Constitucional. La convocatoria coincide con la audiencia telemática de la Ley de Integridad Pública, donde, según la UNE, más de 20 demandas de inconstitucionalidad ya fueron admitidas.
“El denominado estado de derecho del que se habla desde Carondelet y sus voceros solo es una consigna para violentar los derechos de los trabajadores, sean mujeres u hombres”, declaró Andrés Quishpe, presidente de la UNE, al anunciar la medida. El dirigente agregó que las audiencias sobre leyes cuestionadas ya comenzaron: la de solidaridad, la de integridad pública este 27 de agosto y la de inteligencia el próximo 1 de septiembre.
UNE y FUT llaman a la movilización del 11 de septiembre
Quishpe recordó que desde la UNE y el FUT ratificaron la movilización nacional prevista para el 11 de septiembre de 2025. Esta acción se suma a las protestas recientes, como la del Seguro Social Campesino. “Hacemos un llamado a los organismos internacionales que observan al gobierno para que estén atentos a estas audiencias”, expresó.
El dirigente enfatizó que las demandas de inconstitucionalidad no provienen solo de la UNE, sino de médicos, enfermeras, profesores y otros gremios. “Estas acciones le dicen al presidente: las leyes que usted presentó están por fuera de la Constitución”, puntualizó Quishpe.
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CEOSL alerta sobre reformas regresivas
Por su parte, Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), sostuvo que el gobierno impulsa reformas de carácter político que ignoran la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. “Nosotros estamos de pie defendiendo los derechos. Es necesario que la Asamblea detenga esta reforma de carácter regresivo que atenta contra las personas”, aseguró.
Arellano cuestionó que la Asamblea Nacional no haya respondido sobre casos como Progen o la gasolinera vinculada al hermano del presidente. “Lo que busca esta normativa es perseguir a las organizaciones sociales por parte del Ejecutivo”, añadió.
Piden una política de seguridad diferenciada
Desde la CEOSL se planteó la necesidad de una política de seguridad que proteja la vida sin criminalizar a los gremios. “Es necesario que se distinga cuáles son las organizaciones que están vinculadas a capitales ilícitos y cuáles no”, dijo Arellano. En su criterio, la actual propuesta es “una provocación a la sociedad civil organizada”.
Tanto la UNE como el FUT ratificaron que seguirán con acciones legales y movilizaciones para frenar lo que consideran una arremetida contra los derechos laborales y sindicales.
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