Hospitales de Guayaquil bajo mando militar: expertos cuestionan decisión

La crisis hospitalaria en Guayaquil sigue marcando la agenda nacional. Las denuncias por desabastecimiento, la falta de atención oportuna y la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario han elevado la presión sobre el sistema de salud. En medio de ese clima, el Gobierno decidió mover sus fichas y apostar por un modelo ya conocido: encargar la administración de tres de los hospitales más grandes del país a la Armada del Ecuador.

El 14 de agosto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) posesionó a los nuevos gerentes del Hospital Universitario, el General Monte Sinaí y el General Guasmo Sur. Se trata de centros de referencia en el sur y norte de Guayaquil, donde confluyen miles de pacientes a diario. Con esta medida, el Ejecutivo plantea lograr eficiencia operativa, pero también abrió un debate jurídico y político sobre el rol de los militares en funciones civiles. Al Hospital General Guasmo Sur se dispuso al capitán de navío Pablo Herrera, al General Monte Sinaí al capitán de navío Luis Alejo Obando Espinosa, y al Hospital Universitario al capitán de navío Marco Zambrano Agama.

Militares al mando: eficiencia operativa o riesgo jurídico?

EXPRESO se contactó con Comunicación Nacional de Salud para llevar a cabo una entrevista con los nuevos gerentes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta oficial. Ante ello, este Diario recogió voces de expertos en gestión hospitalaria, derecho constitucional y administración pública para dimensionar los alcances de la decisión.

Miguel León, exdirector del Hospital Naval de Esmeraldas y Guayaquil y capitán de navío (SP), conoce de cerca a los tres oficiales designados. “Los comandantes están capacitados en gestión hospitalaria, con maestrías recientes en el área. Teóricamente tienen preparación y experiencia. El desafío está en pasar de la teoría a la práctica”, señala. León resalta que los cambios no deben quedarse en la cúpula. “Si cambiamos solo a los jefes y el resto sigue igual, no vamos a hacer nada. Se necesita personal idóneo, con transparencia y honestidad. Una golondrina no hace verano”.

Expertos advierten sobre corrupción y límites legales en gestión militar

Para el exdirector, la clave está en el control. “La corrupción aparece cuando no hay reglas claras ni responsabilidades bien definidas. Lo que pasó con los neonatos es una consecuencia de esa falta de control. Si se fortalecen protocolos y administración, no tiene por qué repetirse”. León recuerda que uno de los militares ya había gerenciado un hospital público y fue llamado nuevamente “porque hizo una buena gestión”. Pero advierte: “El cambio debe ser profundo, con regulaciones, atribuciones y personal de confianza. No basta con poner a un militar al mando”.

Desde la mirada legal, la constitucionalista Gabriela León considera que la decisión del Ejecutivo sobrepasa los límites. “Las Fuerzas Armadas pueden cooperar en seguridad, pero no administrar hospitales. La Constitución es clara en el artículo 226, que señala que cada institución debe cumplir únicamente las funciones que le otorga la ley. Poner a militares en cargos civiles es inconstitucional”, sostiene. Para la docente universitaria, este tipo de medidas se convierten en un juego político. “El presidente provoca decisiones inconstitucionales para luego mostrarse como víctima de la Corte. En vez de corregir problemas estructurales, genera más incertidumbre jurídica”.

Problemas estructurales persisten pese a cambio en gerencia

La abogada advierte, además, riesgos democráticos. “En otros países ya se ha visto: cuando se entregan funciones administrativas a militares, se desdibuja la frontera civil. Esto no fortalece la salud pública, la debilita. Cada institución debe dedicarse a lo que le corresponde”.

León señala cómo las Fuerzas Armadas pueden exceder su rol: “Un claro ejemplo es lo que pasó con los niños de las Malvinas y esto es un riesgo grande, como lo han indicado instituciones internacionales, porque en la parte militar es diferente, se rigen en otras reglas”. La experta advierte que este caso evidencia los límites de intervención de los militares en funciones civiles y por qué su participación directa en la administración hospitalaria resulta cuestionable.

En el plano operativo, Francisco Andino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, señala que los problemas estructurales del sistema hospitalario no se resuelven con uniformes. “Los factores son cuatro: falta de financiamiento, normativa de adquisiciones perversa, corrupción no depurada e inestabilidad política. Militarizar es solo un mensaje cosmético”.

Andino critica la normativa de compras: “Con cuatro fases y 54 pasos, está hecha para la corrupción. Se compra por precio y no por calidad, mientras empresas de papel siguen compitiendo”. A ello se suma la ausencia de depuración. “En 20 meses no han limpiado el registro de oferentes y prefieren centralizar compras, lo que empeora el desabastecimiento”.

Sobre la presencia militar, es contundente: “Ya hubo oficiales en el Teodoro Maldonado Carbo y no pasó nada de nada. Decir que actúan contra la corrupción es un relato. Los gerentes son de libre remoción y los nombra el mismo Ejecutivo que habla de lucha anticorrupción. En la práctica, esto es dar la vuelta como ruleta a los mismos nombres”, concluyó.

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