Crisis de salud en Ecuador: ¿por qué el Gobierno evita declarar una emergencia?

En Ecuador, la discusión sobre el estado del sistema de salud no deja de generar tensión. Mientras la oposición y los gremios médicos denuncian una emergencia sanitaria, producto de una crisis que afecta a hospitales y pacientes, el oficialismo sostiene que la situación no amerita medidas extremas. La polémica se centra en cómo interpretar los retrasos en pagos, la escasez de medicamentos y la ejecución presupuestaria. Cada actor político presenta cifras e indicadores que refuerzan su versión de la realidad.

En este contexto, el ministro de Salud, Jimmy Martín, aseguró, en una reciente entrevista para el medio digital Un Café con JJ (horas antes de que se realizara la sesión del Comité Nacional de Salud), que “no existe como tal una crisis que amerite esta medida” y señaló que la declaratoria de emergencia solo “acelera procesos de compras públicas que pueden derivar en irregularidades”. 

EXPRESO intentó comunicarse con legisladores de la Comisión de Salud y de la Comisión de la Niñez, como Andrés Guschmer, Cristina Jácome y Viviana Veloz, para conocer sus posturas, pero, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta; por ello, se recurrió a especialistas y exautoridades para un análisis más completo.

Riesgos legales de declarar una emergencia

Por su parte, la exministra de Salud, Ximena Garzón, sostiene que el sistema sanitario ecuatoriano sí atraviesa una crisis, pero no una emergencia. “Los hospitales públicos están en crisis, pero no es algo emergente, es una situación que ha venido sosteniéndose ya por muchos años”, afirmó.

Garzón señaló que una emergencia implica un hecho súbito, como la pandemia de la COVID-19 o un terremoto, circunstancias que no se aplican al actual escenario.

En ese sentido, aclaró que declarar una emergencia sanitaria tiene un marco legal amplio y riesgos de mal uso. “Si uno declara la emergencia, empiezan a comprar medicamentos o insumos al precio que le da el proveedor porque es una emergencia, y ahí es cuando han habido abusos en las compras públicas”, señaló. Esto, dice, expone a los ministros y funcionarios a sanciones de la Contraloría.

Adicionalmente, sobre por qué el Ejecutivo no ha decretado la emergencia, Garzón explicó que el problema no es reciente ni inesperado, sino estructural. “Es una crisis, pero no es una emergencia”, insistió. Añadió que, aunque durante su gestión declararon dos emergencias para centralizar compras, estas se blindaron con parámetros legales y acompañamiento de organismos de control para evitar irregularidades.

Soluciones técnicas y compras internacionales

Asimismo, en cuanto a las soluciones, la exministra resaltó la necesidad de mecanismos más técnicos y transparentes. “No existe un sistema electrónico para controlar el abastecimiento de las unidades de salud, se manejan con hojas de Excel manipulables”, advirtió. Como alternativa, mencionó que el país puede recurrir a compras directas a través de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que garantizaría precios adecuados y abastecimiento seguro.

Sobre la presión para declarar la emergencia, Garzón explicó: “No puedo asegurar las razones exactas de todos los actores, pero muchos están preocupados por el desabastecimiento crónico. Algunos incluso sugieren declarar la emergencia para poder comprar rápidamente medicamentos, sin seguir los procesos normales de compras públicas, pero eso también genera riesgos legales para los funcionarios”.

La mirada del exlegislador Marcos Molina

Por otro lado, el expresidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina, considera que sí existe una crisis en el sistema sanitario ecuatoriano, aunque aclara que no es nueva ni exclusiva de la actual administración. “Cuando un pueblo va a un hospital público y no encuentra medicamentos ni atención digna, se siente traicionado por el Estado, sin importar el gobierno de turno”, señaló.

De igual manera, Molina cuestionó la falta de continuidad en las políticas de salud, recordando que en menos de año y medio el país ha tenido cinco ministros. “Cada uno llega con sus medidas, borra lo anterior y no existe una política de Estado estable. La salud no debería ser verde, amarilla ni de ningún color político, sino un sistema articulado, humano y científico al servicio de los ecuatorianos”, afirmó.

Falta de gestión y propuestas de diálogo nacional

En consecuencia, para el exlegislador, los problemas son múltiples: falta de gestión, desabastecimiento de medicinas, hospitales colapsados y la no aplicación de leyes clave como la carrera sanitaria. “Tenemos normas que podrían mejorar la situación, pero no se reglamentan. Sin control, planificación y recursos suficientes, el sistema seguirá en crisis y el ciudadano seguirá sin sentir que se respetan sus derechos”, concluyó.

Asimismo, Molina planteó la necesidad de crear una gran mesa de trabajo nacional en la que participen el Ministerio de Salud Pública, la OPS, la Junta de Beneficencia, los institutos médicos y las empresas de medicina prepagada. “Cada uno debe asumir un compromiso de salud para aliviar la carga que hoy soporta el Estado”, explicó.

Aspectos legales de una declaratoria de emergencia

Por último, la declaración de un estado de emergencia en salud genera implicaciones legales y económicas. Según Esteban Ron, “si hablamos del tema estrictamente constitucional y legal, no hay una figura de emergencia de un sector en la Constitución, ” Esta situación permite movilizar recursos inmediatos sin los retrasos habituales, especialmente ante la escasez de medicamentos. Sin embargo, la medida no contempla la militarización de hospitales dentro de la Ley de Contratación Pública.

Ron recordó que la última emergencia institucional fue en la función judicial, durante el gobierno de Correa.

La diferencia entre crisis y emergencia sanitaria

De hecho, el concepto de emergencia sanitaria suele confundirse con la movilización de recursos. Ron explicó que “una emergencia sanitaria, según la OMS y la OPS, es algo que tiene que ver con estrictos niveles de salud y que te permite una toma de decisiones distintas”. Es decir, solo se aplicaría a situaciones específicas y territoriales, no a una emergencia nacional. Esto limita el uso indebido del término y aclara las responsabilidades legales.

Finalmente, además, el control y supervisión son fundamentales para evitar irregularidades. Ron señaló que “el estado de emergencia, o la declaratoria de emergencia de un sector, aumenta el nivel de escrutinio de esa movilización de recursos”. Con la participación del Servicio Nacional de Contratación Publica (Sercop), se asegura transparencia en la ejecución de fondos y trazabilidad de recursos, evitando así nichos de corrupción como los que han ocurrido en emergencias anteriores.

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