Segunda audiencia constitucional: Ley de Integridad Pública enfrenta 26 demandas
La Corte Constitucional celebrará la segunda audiencia pública de análisis de demandas de inconstitucionalidad
Este miércoles 27 de agosto, a las 10:00, la Corte Constitucional del Ecuador celebrará la segunda audiencia pública de análisis de demandas de inconstitucionalidad, esta vez centrada en la controvertida Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP). La diligencia estará presidida por el juez constitucional José Luis Terán Suárez. En la audiencia se tratarán dos artículos suspendidos de la LOIP.
La norma, aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025 y publicada en el Registro Oficial el 26 del mismo mes, ha generado cuestionamientos por parte de gremios, sindicatos, juristas y organizaciones sociales. Hasta la víspera de la audiencia, se han acumulado 26 demandas admitidas a trámite, convirtiéndola en la ley más impugnada del actual gobierno de transición.
¿Qué propone la Ley de Integridad Pública?
La LOIP busca reformar el sistema nacional de contratación pública, fortalecer la transparencia institucional y combatir la corrupción en el sector público. Entre sus principales disposiciones se incluyen:
- La creación de un Registro Único de Proveedores con certificación obligatoria.
- La implementación de un Portal de Contratación Pública con trazabilidad y alertas tempranas.
- Reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), incluyendo incentivos económicos para jubilaciones a los 65 años.
- Disposiciones transitorias que obligan a ciertas cooperativas de ahorro y crédito a transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado (actualmente suspendidas por la Corte Constitucional).
La ley se fundamenta en principios como concurrencia, igualdad, sostenibilidad, transparencia y mejor valor por dinero, alineándose con compromisos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Demandas acumuladas: ¿quiénes cuestionan la ley?
- La Unión Nacional de Educadores (UNE), que alerta sobre despidos arbitrarios bajo la figura de supresión de puestos.
- La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemje).
- La Federación de Servidores Universitarios y Politécnicos.
- La Asociación de Organismos del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).
- El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación Médica Ecuatoriana y colectivos feministas como Mujeres por el Cambio.
Los demandantes argumentan que la LOIP vulnera derechos laborales, el principio de unidad de materia y la autonomía de instituciones. También se cuestiona la acumulación de reformas penales, fiscales y administrativas bajo un solo proyecto de carácter económico urgente.
Audiencia pública y participación ciudadana
La Corte Constitucional ha convocado a más de 100 personas para participar en la audiencia, incluyendo representantes del Ejecutivo, Legislativo, Ministerio de Trabajo y Procuraduría General del Estado. También se han registrado 37 organizaciones y juristas como amicus curiae (amigos de la corte), quienes aportarán criterios técnicos y jurídicos al debate.
En paralelo, organizaciones sociales han convocado un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito, desde las 09:30. La movilización busca visibilizar el rechazo a la ley y exigir su declaratoria de inconstitucionalidad.
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