Gobierno sostiene que la Ley de Solidaridad "evoluciona" el derecho humanitario

La Corte Constitucional inició este 25 de agosto de 2025 las audiencias públicas por las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las últimas leyes urgentes del gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Este lunes 25 de agosto de 2025 inició la audiencia por las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de le Ley de Solidaridad Nacional que, de acuerdo al gobierno, busca combatir  a las economías de los grupos de crimen organizado.

Durante el primer bloque de la audiencia los jueces de la Corte Constitucional escucharon a las partes por las demandas de inconstitucionalidad por temas de forma. Sin embargo, en un segundo bloque, la Corte se centró exclusivamente a escuchar los argumentos de la supuesta inconstitucionalidad de fondo por la figura del conflicto armado interno.

El conflicto armado interno busca un régimen paralelo a la Constitución

Respecto a la figura del conflicto armado interno establecido en la Ley de Solidaridad Nacional, los demandantes indicaron que la misma vulnera el derecho internacional humanitario y el protocolo de Ginebra, ya que "no basta para garantizar su existencia una declaratoria, sino de facto cuando exista la organización de un grupo armado que tenga la capacidad de ejecutar operaciones militares coordinadas y que la intensidad lleguen a tal punto que excede a actos de violencia esporádicos y se vuelven permanentes".

En ese sentido, los demandantes sostuvieron que el gobierno, a través de la Ley de Solidaridad Nacional, pretende instaurar un régimen especial que contraviene a los principios establecidos en la figura del estado de excepción con el fin de "combatir una crisis de inseguridad que si bien es grave, el Ejecutivo tiene otras herramientas". En ese sentido, mencionaron que la ley se creó para evitar el control constitucional ante dicha declaratoria, pero que si el presidente tiene la buena intención de combatir al crimen organizado, "lo puede hacer a través del estado de excepción debidamente motivado y cumpliendo los requisitos establecidos en la norma".

Los demandantes coincidieron en que disposiciones constitucionales presuntamente infringidas son seis: derecho a la seguridad jurídica, regulación del estado de excepción por conflicto armado interno, prohibición de confiscación, principio de no restricción, principio de no regresividad, prohibición de ser juzgado por tribunales de excepción.

Asamblea dice que conflicto armado respeta tratados internacionales

Pese a los cuestionamientos a la Ley de Solidaridad Nacional, la Asamblea Nacional sostuvo que existe marco normativo del derecho internacional humanitario que establece que para los conflictos armados internacionales y no internacionales se requiere violencia u hostilidades prolongadas ejercida por grupos organizados. Además, hizo hincapié en que no se intenta sustituir al estado de excepción ni suspender derechos.

Asimismo, sostuvo que los criterios para identificar grupos armados están alineados con lo establecido por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno ha demostrado que existan mandos responsables, capacidad de planificar y ejecutar operaciones y capacidad de impones disciplina a miembros por parte de los grupos criminales.

Presidencia señala que Ecuador está evolucionando al conflicto armado interno

Desde Presidencia, la Secretaría Jurídica sostuvo que la figura del conflicto armado interno en la Ley de Solidaridad Nacional responde a una realidad fáctica en Ecuador. "Es fácil decir que se violan los derechos humanos, cunado no se toma en cuenta que los delincuentes de los grupos armados violan los derechos de la gente todos los días", dijo el secretario Stalin Andino.

Acotó que los instrumentos internacionales, si bien es cierto que son una referencia, "nadie es dueño del derecho internacional humanitario y más bien está para evolucionar, avanza y dinamizarse. Y eso es lo que en esta parte de la historia le ha correspondido a Ecuador". Incluso cuestionó que ha sido la propia Corte Constitucional la que, tras negar estados de excepción, ha requerido la búsqueda de una norma jurídica que permita sostener al conflicto armado interno.

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