Vocera sobre campaña contra CC: “Metadatos pueden modificarse en cualquier momento”
Vocera de Carondelet Carolina Jaramillo se refirió a la aparición de un nombre en documento del colectivo Ecuador Merece Paz
El Gobierno Nacional insiste en que la movilización contra la Corte Constitucional, realizada el pasado 12 de agosto de 2025, no fue financiada con recursos públicos. A la par, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, también se refirió este 18 de agosto a la colocación de vallas en contra del máximo órgano de interpretación constitucional.
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EXPRESO publicó el 14 de agosto de 2025 una investigación en la que se hacía referencia a un boletín que circuló el 7 de agosto, atribuido al colectivo ‘Ecuador Merece Paz’. Dicho documento fue elaborado en un archivo Word cuyos metadatos registran como autora a “Cristina Maggi”. Ese nombre coincide con el de María Cristina Maggi Gordón, directora de Comunicación de Coyuntura de la Presidencia de la República.
El boletín contenía un manifiesto que respaldaba la política de seguridad del presidente Daniel Noboa y replicaba el mismo logotipo exhibido en las vallas. Dichas vallas mostraban un mensaje polémico: “¡La Corte suspendió artículos clave para la seguridad de todos los ecuatorianos!”. El mensaje se acompañaba de un contador de muertes violentas registradas en agosto de 2025 e incluía el logotipo del colectivo Ecuador Merece Paz.
¿Qué dijo la vocera de Carondelet?
En primera instancia, el Gobierno rechazó la publicación de EXPRESO y anunció que se reservaba el derecho de emprender acciones legales. Sin embargo, este 18 de agosto, Carolina Jaramillo declaró: “No tengo conocimiento de quién financió las vallas y, respecto de los metadatos, me parece que cualquier persona que haya trabajado en una computadora sabe que eso es modificable en cualquier momento y desde cualquier computadora. No constituye un elemento con el que podamos presumir autoría de nadie”.
La aparición de las vallas se dio después de que la Corte Constitucional anunciara la suspensión provisional de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo y ya aprobadas por la Asamblea Nacional: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia.
Actualmente, están en trámite las acciones públicas de inconstitucionalidad contra esas normativas, que entraron en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial.
En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, presentó un pedido de revocatoria de las medidas cautelares. Sin embargo, el pasado 15 de agosto de 2025, la Corte no dio paso a dicho pedido.
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