Ley de Solidaridad: Gobierno dice que golpe criminal a la economía justifica proyecto

La mañana de este 25 de agosto de 2025 iniciaron las audiencias ante la Corte Constitucional por las demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes económicas urgentes del gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

De acuerdo con la programación de la Corte Constitucional, la primera audiencia en sustanciarse este 25 de agosto de 2025 es la relacionada con las demandas en contra de la Ley de Solidaridad Nacional, que el gobierno dice tiene como objetivo combatir las economías criminales.

Aunque la Ley de Solidaridad Nacional fue objeto de varias demandas de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional resolvió acumularlas en una sola causa. Entre los demandantes están el partido Unidad Popular, el gremio de abogados, Inredh, entre otros más.

Demandantes defendieron la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional

Según dispuso el juez ponente de la causa, Alí Lozada, la audiencia inició con una breve presentación de los cargos por inconstitucionalidad de forma por parte de todos los demandantes: Erick Gavilánez (representado por la abogadas Nicole Rojas), Vivian Idrovo, Geovanni Atarihuana (director nacional de Unidad Popular), Paúl Ocaña (presidente Federación Nacional de Abogados y del Colegio de Abogados de Pichincha) y Diana León (representante de Inredh).

Hasta el cierre de esta nota la audiencia continúa con un segundo bloque referente a las demandas de inconstitucionalidad de fondo contra la Ley de Solidaridad Nacional, específicamente con la figura del conflicto armado interno.

Los demandantes señalaron a los jueces de la Corte Constitucional que la Ley de Solidaridad Nacional es incompatible con la Constitución, ya que la mayoría del cuerpo normativo no tiene relación alguna con la materia económica, sino de seguridad pública y el conflicto armado interno. De hecho, se indicó que solo dos artículos se refieren a temas económicos y que incluso solo 8 de los 50 párrafos de la ley tiene que ver con transcripciones de leyes que fundamentan la norma.

También se hizo hincapié en que las demandas de inconstitucionalidad nacen del propio carácter económico urgente que el presidente Daniel Noboa otorgó al proyecto de ley, ya que eso permitió un tratamiento célere por parte de la Asamblea Nacional que limitó la participación de expertos y la ciudadanía en general. Asimismo, cuestionaron que en la Ley de Solidaridad Nacional se haya creado un régimen paraconstitucional para el conflicto armado interno, cuando el presidente no tiene la facultad de crear leyes penales.

La Asamblea dice que fue la Corte quien pidió regular el conflicto armado interno

Por parte del oficialismo, el primero en intervenir fue el representante de la Asamblea Nacional, la abogada Mercedes Mediavilla, quien defendió que la Ley de Solidaridad Nacional respeta la unidad  de materia y tuvo un correcto trámite legislativo. Además, que fue la propia Corte Constitucional la que le requirió al Ejecutivo encontrar una norma para sostener la figura del conflicto armado interno. 

También sostuvo que la norma era de carácter urgente porque la misma Corte ha señalado que la urgencia económica debe tener circunstancias apremiante, conexidad plausible y efectos económicos inmediatos correlativos. "¿Puede esperar el Ecuador un año para adoptar medidas urgentes? No", dijo la representante del Legislativo.

En principio, la Asamblea desestimó el argumento de que el proyecto de ley fue tramitado de forma célere y sin respetar el trámite legislativo. De hecho, sostuvo que se recibió las comparecencias de expertos, ciudadanos y autoridades públicas como los ministros de Defensa, Interior y Economía, así como a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

Presidencia y Procuraduría señalan que la violencia ha afectado la economía

Por otra parte, el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, inició su intervención cuestionando un supuesto cambio de reglas para la audiencia previo a su inicio y que la totalidad de sus argumentos serían presentados de forma escrita. No obstante, indicó que las demandas nacen de una tergiversación de la Ley de Solidaridad Nacional y defendió que la normativa tiene un objeto económico enfocado en golpear la economía criminal, fortalecer la fuerza pública y la recuperación del tejido social ciudadano.

Andino recordó que la Corte ya ha señalado que en el examen de unidad de materia debe tener un análisis de intensidad media para no aplicar procesos laxos, pero tampoco excesivamente rígidos. Asimismo, que la conexión se justifica por el objetivo de la ley, sino por sus disposiciones. Se dirigen a un mismo eje del establecimiento de un régimen jurídico aplicable en un conflicto armado interno y con el fin de hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. También indicó que la trasversalidad de la ley está en la desarticulación de las economías criminales y que la calificación de económico urgente es potestas exclusiva del presidente de la República.

De igual forma, el representante de la Procuraduría General del Estado, el abogado Miguel Mendoza, acotó que la Ley de Solidaridad Nacional cumple con los requisitos de urgencia económica, ya que la situación de violencia que vive Ecuador justifica las circunstancias apremiantes del país y que la conexidad plausible y los efectos económicos inmediatos correlativos está justificada por cómo se relaciona la situación de violencia con la afectación a las economías ciudadanas.

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