
El Gobierno de Noboa enfrenta su primer 'round' por leyes urgentes: ¿Qué se espera?
Este 25 de agosto de 2025 inician las audiencias ante la Corte Constitucional por las leyes urgentes del oficialismo
Este lunes 25 de agosto de 2025 un día crucial para el futuro de una de las tres leyes del presidente Daniel Noboa ante la Corte Constitucional. Desde las 10:30 se desarrollará la audiencia pública por las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Solidaridad Nacional.
Tres leyes han generado un escenario de confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional: Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia. Esto ocurrió luego de que, como parte de las acciones públicas de inconstitucionalidad, la Corte decidiera suspender artículos que el Ejecutivo considera vitales para la aplicación de sus normativas en materia de seguridad.
El juez sustanciador del caso es Alí Lozada, quien presidió la Corte hasta el 18 de marzo de 2025, cuando, tras la renovación del organismo, Jhoel Escudero fue electo como nuevo titular del máximo órgano de interpretación constitucional.
#ANÁLISIS | El presidente Noboa convocó la marcha contra la Corte Nacional, que tuvo lugar ayer, 12 de agosto, pero nadie se responsabiliza de sus costos. https://t.co/lxpcIkIfOe
— Diario Expreso (@Expresoec) August 13, 2025
Por Roberto Aguilar ✍️ pic.twitter.com/TdmnEeSoPg
La audiencia no implicará una decisión sobre las leyes urgentes
La experta en Derecho Constitucional, Verónica Hernández, explicó que en esta primera audiencia la Corte no tomará ninguna decisión. En lo medular, la audiencia servirá para escuchar a quienes demandaron la inconstitucionalidad de la ley y a quienes la defienden, en este caso el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
“También intervienen por 5 minutos los amicus curiae. Es decir, terceros que contribuyen con argumentos para mejor resolver”, señaló la experta.
Tensión previo a las audiencias por leyes urgentes
Pero, la trascendencia de esta diligencia radica en las posturas que presentarán ambas partes, en medio de la tensión entre el Ejecutivo y la Corte.
Tres hechos han antecedido a esta audiencia. El primero ocurrió el 12 de agosto, cuando Noboa encabezó una marcha contra la Corte. Durante el recorrido se colocaron vallas con los rostros de los jueces, hubo personas movilizadas desde otras ciudades hacia Quito e incluso se ofrecieron refrigerios. Hasta la fecha, nadie ha asumido la responsabilidad por los gastos derivados de esa movilización.
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El segundo hecho está relacionado con la intención del Ejecutivo de terminar un convenio interinstitucional para el uso del edificio de la Corte. En un oficio remitido el 19 de agosto, la Coordinadora Administrativa del Ministerio de Energía establecía un plazo de un mes para el desalojo. Sin embargo, al día siguiente, la misma funcionaria envió otro oficio dejando sin efecto la decisión.
El tercer hecho es el inicio de un examen especial de la Contraloría General a la Corte Constitucional, centrado en la gestión del talento humano y los pagos de nómina entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de julio de 2025. El ente de control defendió la acción, argumentando que forma parte de su plan anual.

Lo que se espera de los jueces de la Corte Constitucional
La Corte ha acumulado las demandas que fueron aceptadas a trámite para emitir un pronunciamiento. Estas incluyen reparos sobre la constitucionalidad tanto en la forma (unidad de materia) como en el fondo.
Actualmente, la ley no cuenta con un artículo clave para su aplicación: el reconocimiento de un conflicto armado interno. Con esta normativa, se facultaba al Presidente de la República para declarar su existencia y, a partir de ello, activar un régimen jurídico especial.
El abogado constitucionalista Daniel Gallegos explicó que cada una de las partes tendrá la oportunidad de defenderse en igualdad de condiciones. “Uno espera que la Corte Constitucional resuelva de manera objetiva e imparcial. Tendrá una prueba de fuego sobre su independencia. Como lo ha demostrado antes, es muy probable que la decisión que tome sea bastante ponderada”, mencionó.
Pero, la decisión aún podría tardar, pese a que es un caso priorizado. Tras la audiencia, Lozada elaborará un proyecto de sentencia que deberá con contar con un acuerdo entre los nueve jueces. Si no es por unanimidad, esa sentencia podría aprobarse con cinco de los nueve votos posibles en el Pleno.
Mientras tanto, las organizaciones que han presentad las demandas se movilizarán hoy. El Frente Unitario de Trabajadores convocó a un plantó durante la audiencia.
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