Gobierno pidió la devolución del edificio de la Corte Constitucional: ¿Qué pasó?
Después de notificar terminación del acuerdo entre el Ministerio de Energía y la Corte, el Ejecutivo dio de baja la decisión
En el transcurso de dos días, el Gobierno de Daniel Noboa decidió dar por terminado el convenio de uso del edificio donde funciona la Corte Constitucional, para luego dejar sin efecto dicha decisión. Este 20 de agosto de 2025, la Coordinadora Administrativa del Ministerio de Energía envió una notificación a la Corte en la que se revoca la terminación del acuerdo.
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El 19 de agosto de 2025, el Ministerio de Energía remitió el oficio MEM-COGEAF-2025-0190, en el que se argumentaba que, como consecuencia de la fusión de ministerios decretada por Noboa, el edificio sería destinado para uso de funcionarios del Ministerio del Ambiente.
Cabe recordar que, como parte de su plan de eficiencia, el Gobierno decidió fusionar el Ministerio de Energía con el de Ambiente. En el oficio se menciona un informe justificativo para la liquidación del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y la Corte Constitucional.
El objetivo era “utilizar el bien inmueble para los proyectos de inversión que serán administrados por la entidad de la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas”.
En ese mismo documento se establecía un plazo improrrogable de un mes para proceder con el desalojo y la liberación absoluta del edificio.
Sin embargo, el 20 de agosto llegó a la Corte Constitucional otro oficio, también firmado por la Coordinadora Administrativa del Ministerio de Energía, en el que, sin mayor explicación, se dejaba sin efecto el documento anterior.
Decisión en medio de la confrontación
El hecho ocurre en medio de un ambiente de confrontación instaurado por el Ejecutivo contra la Corte Constitucional. El pasado 12 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha hacia esa entidad.
La movilización fue convocada luego de que la Corte Constitucional decidiera suspender provisionalmente 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional.
Ministros de Estado, como la titular de Gobierno, Zaida Rovira, señalaron a la Corte como enemiga de la ciudadanía. Ahora, tanto el Gobierno como la Asamblea deberán presentar sus argumentos en defensa de los artículos suspendidos de las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia.
La Corte Constitucional ya ha establecido las fechas para las audiencias, que serán clave en la resolución de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos sectores.
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