ADN asegura en la Asamblea el camino más largo para interpelar a Mario Godoy
Fiscalización ofrecida puede tardar meses en comisión. Correísmo presentará la solicitud para un juicio político
Desde que el Pleno de la Asamblea decidió la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura el domingo pasado, muchas otras cosas han ocurrido. Lo que inicialmente era un llamado a comparecer “con fines informativos”, se convirtió en la antesala de lo que podría ser un proceso de fiscalización en manos del oficialismo o un juicio político impulsado por el correísmo.
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El aún juez anticorrupción Carlos Serrano denunció presiones para incidir en su decisión respecto al caso Euro2024 (tráfico de influencia y narcotráfico) y, a partir de ello, el entramado se complicó.
Cuando el gobiernista Andrés Castillo planteó ante el Pleno la convocatoria de Godoy y un proceso de fiscalización tramitado en la Comisión de Justicia (controlada por ADN), aún no se conocía, por ejemplo, el audio que comprometía a Henry Gaibor, ex director provincial de la Judicatura y cercano a Godoy. Ese audio fue uno de los anunciados por el penalista Felipe Rodríguez, quien denunció el caso de Serrano en una columna de opinión.
¿Fiscalización o juicio político?
Los últimos hechos decantaron en una intención de ADN, al menos en el discurso, de impulsar un juicio político. En esa decisión existen dos hechos a tomar en cuenta.
El primero tiene que ver con que el correísmo anunció lo mismo, pero antes que ADN. Es decir, en caso de que la Revolución Ciudadana presente la solicitud y esta supere el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el interpelante de Godoy sería un asambleísta del correísmo, probablemente la exjefa de esa bancada, Viviana Veloz. Esta última anunció ayer que la solicitud de juicio será presentada el próximo lunes.
El segundo elemento es que si el oficialismo abandera un juicio político, todo quedará en manos de la mayoría que aún controla, aunque para este caso necesitaría 101 votos del Pleno si apunta a la destitución del actual presidente de la Judicatura.
Sin embargo, pese al anuncio de Castillo de que podría impulsar el juicio político, el camino del oficialismo está trazado: irá primero por la comparecencia y luego trasladará el proceso a la mesa de Justicia, donde todo dependerá del oficialismo (incluidos los tiempos).
El martes pasado, Castillo dijo en una entrevista: “No quiero caer en la fantochada de lanzar un juicio político sin tener la prueba suficiente”. Agregó que llevarán adelante un proceso de fiscalización ordenado.
El camino más largo
En la práctica, el camino escogido por ADN es el más largo (y con escasos resultados). Gonzalo Muñoz, experto en Derecho Parlamentario, señaló que no existe necesidad alguna de que una comparecencia preceda un juicio político.
“No hay registro de que, en procesos de juicios políticos anteriores, se haya requerido de una comparecencia. Esto tiene como finalidad hacerle ganar tiempo a Godoy”, sostuvo. En el trámite legislativo, recordó Muñoz, lo que corresponde es recoger las firmas y presentar la solicitud de juicio político.
Por su parte, José Chalco, experto en Derecho Constitucional, declaró que la Asamblea está en capacidad de incidir en la situación del sistema de justicia. “Tiene que mirar la posibilidad de investigar, encontrar nexos entre los miembros del Consejo de la Judicatura, basados en la Constitución y el Código de la Función Judicial, que señalan que cuando existe intromisión de los vocales respecto a acciones de jueces, es causal de responsabilidad política”.
No obstante, Muñoz recordó que en caso de abrirse un proceso de fiscalización, este no tiene un tiempo determinado para concluir. Recordó que la Comisión de Transparencia, también en manos de ADN, tardó seis meses en elaborar un informe sobre el caso Progen en el que únicamente se determinó que ya estaba en manos de la Contraloría y la Fiscalía.
“Lo lógico en un caso de absoluta gravedad es que se presente un juicio político”, concluyó Muñoz.
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