El concurso de fiscal repite ‘errores’ del proceso para el Consejo de la Judicatura

El escándalo judicial desatado tras la renuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, quien fue presionado por funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) para fallar a favor del narcotraficante Jezdimir Srdan, en el caso Euro 2024, vuelve a generar sospechas en la opinión pública sobre la calidad de los concursos públicos que llevan adelante los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Al organismo se le atribuye parte de la culpabilidad del escándalo por las omisiones y la discrecionalidad con las que actuó en el proceso de designación de los vocales de la Judicatura. Esto porque el Pleno descartó 17 impugnaciones, cinco de las cuales se habían presentado contra Mario Godoy, por los conflictos de interés al estar procesado en el caso Pendrive y porque laboró como abogado de narcotraficantes. Otros de los observados fueron el exjuez Fabián Fabara y la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Los reclamos se presentaron y sustanciaron, pero los integrantes del organismo los desecharon.

Otro punto polémico fue la alerta del conflicto de interés en el que incurría el delegado de la consejera Johanna Vederzoto, Christian Troya, para integrar la comisión de selección, ya que antes trabajó como asesor de Godoy y se advertía que ese antecedente afectaría la imparcialidad del integrante. La observación tampoco prosperó y, aunque él sigue cuestionado por su cercanía a Fausto Jarrín, exabogado de Rafael Correa y actual asesor del presidente Daniel Noboa, ahora es parte del equipo técnico del concurso de selección del nuevo fiscal.

Los cuestionamientos se repiten en el concurso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. En noviembre se presentaron siete impugnaciones contra los 42 postulantes a integrar la comisión de selección, pero el Pleno del CPCCS solo aprobó cuatro. “Todas debieron ser tramitadas, al cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento”, alertó la Comisión Cívica de seguimiento del concurso del Fiscal a inicios de diciembre.

Parecería que el CPCCS repite el libreto. Sin embargo, esas críticas ya generan preocupación por la trascendencia que tiene el puesto del próximo fiscal general. Su cargo es sensible para el país porque esa persona será quien defienda los derechos e intereses de la sociedad y garantice el acceso a la justicia.

El análisis de tres expertos sobre el reflejo de ambos concursos 

Según Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica del concurso del Fiscal, “hay un incumplimiento deliberado de los procesos de designación de autoridades. Se han incumplido los plazos determinados en el reglamento que elaboró el mismo CPCCS y, más allá de eso, vemos que, de 69 postulantes, solo 20 cumplían con los requisitos, pero el Consejo decidió dar paso a 38 ciudadanos y hasta les dieron puntos que no debían tener. Probablemente hay motivaciones de tipo político partidista para favorecer a quien en su momento tiene una mayor incidencia dentro de la integración del Pleno. Se repite lo que pasó en el proceso del CJ, allí existieron intereses”, observa.

María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), coincide: “Hay negligencia y hasta oportunismo político que se ha normalizado en los concursos. Vemos dilaciones inexplicables, opacidad, falta de transparencia. No podemos hablar de errores en cuestiones que son, quizá, planificadas en un CPCCS que está dando dilaciones cuando esa no es su función. En vez de impulsar de manera célere el proceso, que está más de un año atrasado, las impugnaciones no se toman en serio. Los actos premeditados hacen que existan esas designaciones que luego estallan porque son cuestionables”.

Ambos observan que las manipulaciones de los concursos tienen como fin tomarse las instituciones. “Es la joya de la corona, por eso buscan apropiarse y tener control político sobre los órganos de control y de justicia. Todo responde a intereses políticos y hay que decirlo sin ambages porque mire dónde estamos otra vez”, subraya Miño. “Tratan de acomodar al poder de turno, actúan por conveniencias, acuerdos. Lamentablemente, el diseño institucional que tenemos va a ser captado por el poder de veto de turno. Ya ni siquiera se habla del gobierno de turno, sino del que tiene mayor respaldo ciudadano, económico o coyuntural”, opina Espinel.

Para el director del Laboratorio de Transparencia y Anticorrupción, Mario Hidalgo, las dudas y polémicas terminan minando la intención de los procesos que buscan meritocracia.

Espinel e Hidalgo creen que las manipulaciones de los concursos se evitarían si se ajustan los procesos de designación. “Los podría realizar la Asamblea Nacional, pero allí tenemos una variable difícil de cumplir porque el CPCCS seguirá existiendo, no hay partidos fuertes y, por ende, el sistema de pesos y contrapesos no funciona y nos obligan a jugar con las reglas que tenemos”, indica Espinel.

“Se deben evaluar los procesos, corregir el rumbo y ajustarlos para evitar espacios de discrecionalidad. Ese es el gran reto”, sostiene Hidalgo.

Miño, por su parte, cree que no es un problema de procesos, sino cultural. “En el país no se entiende el principio de separación de poderes. Mientras los órganos altos del Sistema de Justicia sean vistos para ejercer control y presión política, no importa el mecanismo que usemos porque siempre va a pasar esto”, finaliza.

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