Estos son los conflictos de intereses que cercan a Mario Godoy

Las alertas de los conflictos de intereses que rodeaban al actual presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, saltaron el año pasado.

Durante su comparecencia en la audiencia pública del concurso para seleccionar a un nuevo titular del organismo se conoció el historial profesional del funcionario, en el que se advertían los posibles problemas que podría generar asignar ese puesto a una persona que tenía un pasado marcado por la defensa de personas procesadas por droga, ya que en 2014 se presentó como abogado y vocero de los hermanos Juan y Eduardo Larrea, quienes años después fueron detenidos en Belice por narcotráfico.

Si bien los abogados en libre ejercicio tienen el derecho de decidir a quién representar legalmente o no, los gremios de juristas han señalado que ese cargo debe ocuparlo alguien con probidad. Esto porque su rol es clave para la administración de la justicia, ya que es quien debe elegir a jueces y fiscales, sancionar y destituir a los operadores judiciales, entre otras actividades de la Función Judicial.

Consejo de Participación ignoró las alertas sobre Godoy

Los conflictos de interés fueron el eje central de las impugnaciones a la candidatura de Godoy en los concursos que organizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el año anterior y a mitad de este 2025, para nombrar a los vocales definitivos.

Sin embargo, las alertas fueron ignoradas. Incluso, en el proceso reciente, la llegada de uno de sus exasesores (Christian Troya) a la comisión de selección empañó la designación y generó cuestionamientos. Pese a ello, los consejeros actuaron, otra vez, con pasividad.

Ya en el cargo, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por el caso Pendrive, debido a las presiones que habría ejercido sobre la jueza Nubia Vera, quien tramitó la acción de protección que presentó la exvicepresidenta Verónica Abad. 

También fue criticado porque dejó prescribir el sumario administrativo contra el magistrado Fabián Fabara, quien también fue señalado por Vera.

El escándalo por las presiones al juez anticorrupción

La opacidad alrededor de la figura de Godoy ha estado latente, pero la denuncia de las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, para que favorezca al narco serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024, hizo estallar el escándalo en torno a su manejo en la Judicatura. Además, se ha vuelto a dudar de su integridad, tras conocerse que su esposa, Dolores Vintimilla, fue abogada del mismo narcotraficante que amenazó al magistrado.

“Ahora todo el Ecuador conoce que su esposa es abogada y que hay conflicto de interés con personas vinculadas a delitos. Si supuestamente el Consejo de la Judicatura está buscando que se sancione a responsables de delitos, existe un claro conflicto de intereses que va contra la imagen del organismo. Por eso pedimos públicamente su renuncia. Es una situación que va contra los lineamientos del presidente de lograr transparencia. Se debe sancionar y limpiar a la institución, ya deteriorada”, dice el presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jorge Yánez.

Temor de que se repita otro caso Metástasis

“Ya se conocía que Godoy había ejercido la defensa de los hermanos Larrea en un caso de narcotráfico y decíamos que no se puede repetir lo de Wilman Terán, con una Judicatura permeada por el crimen organizado y todo lo que vivimos con los casos Metástasis, Purga y Plaga. Eso no podía repetirse y, para evitarlo, se necesitaba de los mejores perfiles, que incluía que en su historia no tengan esas vinculaciones”, enfatiza Anabel Guerrero, exvicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha.

Y añade: “Hoy es mucho más grave porque se conoce que su esposa ha sido defensora de Srdan y de alias Fito. Definitivamente, hay un evidente conflicto de intereses y eso no es sano para el sistema judicial, sobre todo si queremos salir de la crisis”.

Ambos critican que Godoy no haya dado un paso al costado luego del escándalo y de la difusión de los audios en los que se escucha que Henry Gaibor, entonces director de la Judicatura de Pichincha, solicitó a Serrano fallar a favor del serbio.

“Es gravísimo. Godoy debía haber renunciado y la Asamblea tenía que enjuiciarlo políticamente. Nos preocupa que solo con la comparecencia traten de que esto pierda interés de la ciudadanía por las fiestas”, advierte Guerrero.

“Es preocupante saber que su esposa estuvo involucrada con esas personas y que alguien cercano a él le pidió cierta favorabilidad en casos determinados. Son hechos que demuestran un acto de corrupción o tráfico de influencias”, sostiene Yánez.

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