Demanda UNE Corte
La UNE y el FUT presentaron la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia.Foto: Karina Defas/ Expreso

Ley de Inteligencia: Corte aceptó demanda del FUT y fijó una audiencia pública

La UNE, parte de la demanda de inconstitucionalidad, pidió a otras organizaciones sociales que presenten 'amicus curiae'

La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública para continuar con el proceso derivado de las demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa. Esta vez, la entidad escuchará los argumentos a favor y en contra de la Ley de Inteligencia.

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La UNE, una de las organizaciones aliadas al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), informó este 18 de agosto sobre la notificación para la diligencia. “La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda y, a través de la jueza sustanciadora Alejandra Cárdenas, ha convocado una audiencia telemática para el 1 de septiembre de 2025”, señaló la organización gremial.

Además, la UNE hizo un llamado a otras organizaciones sociales a presentar ‘amicus curiae’ para la causa. También recordó que están programados plantones en Quito en relación con el tratamiento de las demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública.

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Según la convocatoria de la jueza constitucional, la diligencia se realizará de forma telemática. “La audiencia se realizará a través de una plataforma digital. El acceso a la misma estará limitado a las personas antes indicadas”, se lee en el documento de la Corte.

¿De qué se trata la Ley de Inteligencia?

Esta es una de las normativas aprobadas en la Asamblea por la mayoría oficialista. Fue tramitada en la Comisión de Seguridad, en donde ADN tiene mayoría y, además, es presidida por la gobiernista Inés Alarcón.

Entre sus puntos más polémicos está la creación del Sistema Nacional de Inteligencia. Con una solicitud "debidamente justificada", se obligaría a entidades públicas, privadas y operadoras telefónicas a entregar información (arts. 47, 48, 50 y 51), incluidos datos históricos de hasta cinco años. La polémica surgió porque se interpretó que, para dicha solicitud, no se requeriría una orden judicial.

También se establece la facultad para la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones privadas por motivos de “seguridad nacional”.

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A la audiencia anunciada se suman otras dos diligencias. Una se realizará el 25 de agosto, también de forma telemática, para tratar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad Nacional.

La segunda se llevará a cabo el 28 de agosto de 2025 para abordar las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Integridad Pública.

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