Francisco Rosales Ramos | La extracción de Maduro
Es hora de terminar con las declaraciones grandilocuentes a favor de los derechos humanos y aplicar la Carta de Riobamba
En una operación de cirugía de alta precisión, el dictador Maduro y su esposa fueron detenidos en Caracas el sábado 3 de enero de 2026 y llevados al centro de detención en Nueva York. El lunes 5 Maduro compareció ante un juez federal, fue informado de los cargos en su contra y se declaró no culpable. Así se inició un largo proceso penal en el que un jurado lo declarará culpable o inocente.
Unas cifras básicas demuestran el desastre de Venezuela bajo el régimen de Chávez-Maduro, que cumplirá 26 años en febrero.
El año 2000 la población de Venezuela fue de 24 millones 400 mil habitantes, de los cuales han emigrado, legal o ilegalmente, 9 millones.
El año 2000 la producción de petróleo fue de 3 millones 155 mil barriles/día. En 2020 fue de 527.000 y en 2024 alrededor de 900 mil barriles/día.
El PIB a precios constantes de 2015 fue de 91.730 millones de USD en 2000 y de 42.640 millones en 2024.
El Cártel de los Soles liderado por Maduro y la cúpula del régimen para el tráfico de drogas había llegado a volúmenes gigantescos y la violación de los derechos humanos había tocado extremos brutales, incluyendo la prisión o desaparición de políticos opositores.
Y el fraude más descarado en las elecciones presidenciales de 2024 en las que el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo más del 67 % de los votos, mientras Maduro apenas llegó al 30 %, pero fue declarado triunfador por el Consejo Electoral sin exhibir las actas de votación, fueron signos inequívocos de que se había instaurado un régimen de duración ilimitada, como el castrismo en Cuba
Los países latinoamericanos se limitaron a censurar diplomáticamente a la dictadura venezolana, que poco le importó a Maduro.
Hay cuestionamientos a la extracción de Maduro, pero en defensa de los ciudadanos venezolanos es hora de terminar con las declaraciones grandilocuentes a favor de los derechos humanos y aplicar la Carta de Riobamba de 1980, que ubica a su defensa por sobre la soberanía de los Estados.
